Por Alfredo Calva.
La razón por la cual la presidente municipal de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, envió toda la caballería que está a su disposición en contra de la planta de almacenamiento, distribución y venta de gas LP, localizada en el punto conocido como la 5 y 10, solo ella y su segundo de abordo y hombre de toda su confianza, Jorge Salazar Miramontes, Secretario General de Gobierno, lo saben.
Para nadie es un secreto que la empresa gasera perteneciente a la familia Zaragoza, quienes guardan fuerte influencia económica y política en la región, durante décadas ha trabajado con impunidad sin preocuparse por obtener los permisos y anuencias necesarios para su operación y especialmente, en respetar los ordenamientos de los tres niveles de gobierno, que le permitan brindar un servicio de calidad a los consumidores, pero sobre todo, garantizando la seguridad e integridad de los ciudadanos asentados en su entorno.
El personal que llevó a cabo la inspección de la planta encontró múltiples irregularidades de las que se pueden destacar, una bomba abastecedora de diésel para los vehículos que emplea la empresa en la distribución del carburante, con una capacidad de almacenamiento de 90 mil litros y talleres de mecánica, de laminado y pintura y de herrería, que no aparecen en el permiso de operación, mismo que los ampara solo para el almacenaje, distribución y venta del gas LP.
Durante los más de 30 años que Zeta Gas ha gozado de impunidad solo lo pudo lograr gracias a la protección de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, obviamente esta anuencia para hacer y deshacer a su libre albedrio no fue gratuita, no es un secreto en el mundo de la política lo referente a sus sustanciales aportaciones económicas a las campañas electorales de candidatos en busca de la alcaldía y a la gubernatura, los cuales al llegar a la silla gubernamental, hacían como que no existía el consorcio familiar gasero.
La larga cadena de impunidad de la gasera finalmente fue rota por la firme decisión de la alcaldesa Montserrat Caballero, que por las irregularidades encontradas y documentadas por los funcionarios municipales de Bomberos, Protección Civil, Ecología e Inspección, obligarán a la empresa a cubrir fuertes sanciones económicas y a realizar todos los procedimientos para obtener los permisos que ha ignorado por indolencia y corrupción, pero especialmente, la presidente municipal tendrá que forzarla a cumplir con el mandato de reubicar sus instalaciones fuera de la mancha urbana.
El ordenamiento para la reubicación de plantas de gas LP fue dado a través de un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 21 de noviembre de 1986 y en este se señala en su Artículo Primero.- ´´Las plantas de almacenamiento de gas LP que por el crecimiento demográfico de la población se encuentran actualmente a una distancia menor de 100 metros de las construcciones destinadas a habitación, reuniones públicas o centros de trabajo, medidos del tanque de almacenamiento o zona de trasiego más cercana a éstas, deberán de reubicarse a otro lugar dentro del plazo máximo de un año, contando a partir de la fecha en que se les notifique el requerimiento para tal fin.
Y, para dar solidez al decreto, en su artículo cuarto se indica que, de no acatase la citada disposición, la empresa será sancionada con la clausura definitiva de la planta de gas LP de que se trate.
Así que, con base en lo que hasta el momento ha trascendido y se tiene registrado, la primer edil de Tijuana tendrá que tomar una simple decisión, hacer cumplir a la planta gasera los ordenamientos existentes, así como a todas aquellas que se 3ncuentran en similar situación o, integrarse y formar parte de la cadena de administraciones gubernamentales que durante décadas han fomentado la corrupción y protegido la impunidad.
Ya lo sabremos.
Y mientras tanto….
En el gobierno municipal de Playas de Rosarito, la austeridad republicana y la pobreza franciscana, solo permitió aumentar los salarios de los funcionarios de designación, de primer y segundo nivel.
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