* ¿PERVERSA? ¿ABUSIVA? ¿NECESARIA? ¿TRASCENDENTAL?
* AYUNTAMIENTOS SIN DINERO PARA ASUMIR LAS DEUDAS DE LAS CESP.
Por Sergio Anzures.
La municipalización del agua que los diputados del Congreso de Baja California aprobaron este miércoles no sólo es mal vista por lo “fast track” que fue el proceso de la iniciativa enviada por el gobernador, sino que incumple la normatividad que indica que debió pasarse a los legisladores con más tiempo de anticipación.
Particularmente se habla de 72 horas para poder analizar el dictamen, pero eso no se hizo con el Dictamen 4 de la Comisión de Energía y Recursos Hidráulicos, ni tampoco se notificó a los ayuntamientos que estaba en análisis obligarlos a hacerse cargo del suministro de agua. Tan sólo por esos dos puntos, la iniciativa es total y absolutamente impugnable.
Algunos de los 11 legisladores que votaron en contra del famoso Dictamen señalaron esos puntos y agregaron que no hay ningún estudio técnico que determine la viabilidad de trasladar el agua a los ayuntamientos, lo cual es considerado un exceso como diría el diputado Javier Robles Aguirre. El estado tiene 3.7 millones de habitantes y el agua para los mismos adquiere una enorme relevancia.
Tampoco se dejó votar incluso al diputado Fausto Gallardo que es el que tiene el cargo constitucional, decantándose la Mesa Directiva por su suplente. Asimismo, es ampliamente criticado que los distintos organismos municipales que se crearán para suplir a las comisiones estatales se deberán obligados a absorber las deudas de las entidades actuales.
No falta quienes ven un trasfondo político “perverso” en todo este proceso. ¿Será?
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