La salida de la titularidad de Daniel de la Rosa Anaya como Secretario de Seguridad Pública del Estado (SSPE), de inmediato hizo a los residentes de esta bella entidad preguntarse, si con este despido de Francisco Vega de Lamadrid, gobernador del estado, de un ya nocivo subordinado de la dependencia toral de su gabinete, sería el inicio del desmembramiento del cartel de los pepos y el castigo para sus integrantes.
La Policía Estatal Preventiva (PEP), es la corporación subordinada y dependiente de la SSPE, misma que desde su creación y puesta en operación en el 2001, por el entonces gobernador del estado, Eugenio Elorduy Walter, nació podrida, en su primer etapa, muchos de sus elementos se coludieron con las organizaciones criminales para conseguir sustanciales cantidades de dinero a cambio de protección e información y en ocasiones participación en las acciones ilícitas realizadas.
Con el transcurso de los años, elementos y sus organizadores amafiados se percataron que les resultaría mas provechoso y fructífero si se independizaban y formaban su propio clan delictivo, lo que finalmente ocurrió gracias a la indolencia, omisión y complacencia de sus superiores, entre ellos, de la Rosa Anaya y el propio ejecutivo estatal.
Este salto empresarial del cartel de los pepos les resulto sustancialmente provechoso, en contrasentido de los ciudadanos que fueron y son quienes han sido los afectados por los integrantes de esta mafia policiaca, para los miembros de este grupo delictivo no importaba si a quienes detenían y afectaban con sus acciones eran personas dedicadas a las actividades ilegales o ciudadanos de bien, para ellos todos cotizaban y eran sujetos a responder satisfactoriamente a sus demandas, y en caso de negarse las consecuencias los afectaba no solo en su patrimonio, sino también en su integridad física y entorno familiar.
Durante años las denuncias por extorsión, abuso de autoridad, excesivo uso de fuerza, comisión de delitos como secuestro y asesinatos y narcotráfico, fueron del conocimientos de sus superiores y de la opinión pública sin que hubiera consecuencias o acciones punitivas en contra de los señalados, Francisco Vega y Daniel dela Rosa, como si no existieran, la impunidad campeo con singular alegría por las instalaciones e integrantes de la PEP, especialmente en la presente administración estatal.
Con la llegada de Gerardo Sosa Olachea como sustituto de Daniel de la Rosa, surge una esperanza en los ciudadanos de que por fin se atenderá y dará solución al grave problema que significa tener un célula delincuencial inmersa en una de las corporaciones policíacas del estado, que ha sido un depredador social, más que un garante en la seguridad de los residentes de la entidad.
El cambio de mandos en la PEP, elementos dados de baja, y la renuncia hasta el momento de 17 integrantes de la corporación policíaca del estado desde que arribó Sosa Olachea a la SSPE, han generado esperanza entre los ciudadanos y la confianza de que el nuevo Secretario de Seguridad Pública y su nuevo Director de la PEP, Sergio Francisco Romero Jaimes, harán una asepsia en la corporación a fondo, que incluya acciones de carácter punitivo para aquellos agentes que como resultado de las investigaciones que se llevan a efecto como parte del plan de limpia, resulten responsables de actos indebidos e ilegales.
Aunque tarde la decisión de Francisco Vega de cambiar a su Secretario de Seguridad Pública, el daño a la sociedad es grande, la medida puede contribuir primero, a detener el flagelo que significaba el cartel de los pepos y, para que se reestructure la PEP y se dejen las bases para que en lo futuro la corporación cumpla con lo que fue diseñada, conformada y puesta en operación, en beneficio de todos los ciudadanos, y no como una incubadora de delincuentes con arma y uniforme en detrimento de la sociedad bajacaliforniana.
Ojalá lo logren.
Y mientras tanto….
La creación de la Secretaría de Movilidad por parte del cabildo del Ayuntamiento de Tijuana, no solo fue una estulticia, sino que carece de legalidad.
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