Con base en la definición del diccionario de la Real Academia Española (RAE) de oligofrenia, que la describe como “una discapacidad mental grave que se caracteriza por una deficiencia en el desarrollo intelectual y alteraciones del sistema nervioso”, es como se puede entender y comprender la estólida declaración y postura del gobernador, Francisco Vega de Lamadrid, ante los medios de comunicación respecto al problema suscitado el pasado fin de semana en el congreso del estado, entre los legisladores y ciudadanos integrantes en su mayoría del grupo social denominado “Mexicali Resiste”.
Organización de la sociedad cuyos miembros se oponen a la aprobación del descomunal endeudamiento que el titular del ejecutivo pretende hacer a través de las al afamadas APPs (Asociaciones Público Privadas). Documento en el que se establecen las obras que quieren llevar acabo con dinero de la iniciativa privada, entre ellas, la planta dalladora de Rosarito y el C5i, cuyo deuda ascenderá a 88 mil millones de pesos, pagaderos en un lapso de 37 años.
El pasado lunes al ser abordado el gobernador del estado por los medios de comunicación quienes le pidieron su opinión respecto a lo que sucedía en el congreso del estado y el rechazo social a las APPs, el ejecutivo manifestó que el descontento social se debía a que se acercaban los tiempos electorales, y que los inconformes solo eran un pequeño grupo de quince personas que tenían intereses políticos.
Agregó, que su conclusión y no solo la de él, sino la de muchos más ciudadanos, es que muchos de los intereses de los grupos de oposición, en especial el del grupo Mexicali Resiste, es un interés político, no un interés general. Se oponen sistemáticamente a todos los proyectos que emprende el gobierno del estado para dar solución a las demandas ciudadanas, sin dar o buscar propuestas de solución a las demandas sociales.
Esta miopía política aunada a su oligofrenia, genera que el gobernador no dimensione ni comprenda, mucho menos entienda, la seria crisis que vive su gobierno, administración que esta al borde del colapso social y de la confrontación violenta con la ciudadanía que ya esta harta de la opacidad, la ausencia de rendición de cuentas, corrupción, descaro e impunidad con la que actúa él y sus allegados, demostrando así y con ello los residentes de la entidad, que ya no le permitirán más trapacerías ni daño al patrimonio de todos.
Si Kiko Vega asume que los bajacalifornianos tienen su misma deficiencia se equivoca, los residentes de este bello estado están consientes de que son necesarias las obras que se enmarcan en el decreto 95, -el 94 ya lo expresó claramente el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado, Juan Manuel Hernández Niebla, y la Coparmex, que para el C5i aún no estamos preparados-, derivación del decreto 57, pero que se pueden realizar en mejores condiciones económicas para la entidad, sin caer en contratos leoninos ensartando una enorme deuda al estado como pretende hacerlo el ejecutivo a través de sus amigos y coludidos.
El empecinamiento demencial de Kiko Vega por que se apruebe el decreto 95, ha llevado al descrédito ante la ciudadanía a los diputados integrantes de la fracción de su partido, el PAN, quienes desde a finales del pasado año se vieron envueltos en un torbellino de repudio popular cuando aprobaron la mal lograda Ley del Agua, que finalmente se vieron obligados por la presión ciudadana, esa que hoy niega su existencia Kiko Vega, a abrogarla.
Es su ingente necesidad de dejar concluida la etapa final del gran negocio de su vida, que es con ese decreto, las garantías de que las empresas de sus socios y coludidos podrán cobrar el dinero comprometido por el periodo que establecieron en los contratos leoninos de las APPs aprobadas inicialmente por la anterior legislatura local, y antes de que se termine de derrumbar su administración.
Y mientras tanto….
Al repudio ciudadano en contra del decreto 95, se empiezan a sumar expresiones de rechazo de militantes destacados de Acción Nacional, como la diputada federal, Eloísa Hernández Talavera.
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