* Es urgente, porque estas malas acciones dejaron en la incertidumbre jurídica a miles de familias que compraron un terreno de buena fe.
TIJUANA.- En conferencia de prensa Alejandro Ruiz Uribe, anunció un pre acuerdo con representantes legales del Ejido Rojo Gómez, para iniciar el proceso de reparación de daño patrimonial a sus tierras y a la vez otorgar títulos de propiedad a familias que fue sufrieron fraude por gobiernos panistas desde la era de Ernesto Rufo hasta el actual gobierno de Francisco “Kiko” Vega de Lamadrid.
El delegado de Programas Federales para el Desarrollo de Baja California, dijo en conferencia de prensa, que esta situación está presente en la mayoría de los ejidos que representan el 82% del territorio en Baja California , en la que anteriores gobiernos a través de inmobiliarias de vivienda les arrebataron sus tierras para beneficio personal.
Tan solo el Ejido Rojo Gómez, ha sufrido una invasión que alcanza las 360 hectáreas, en donde se han asentado de manera irregular entre 30 y 35 mil familias, en la zona de La Morita, Terrazas del Valle 1 y 2 y Lomas del Valle, las cuales fueron alentadas por gobiernos del Partido Acción Nacional, que vendieron tierras que no eran de su propiedad y al día de hoy nadie les ha reparado el daño, expuso Casimiro Cañedo Román, representante legal.
Ruiz Uribe, informó que por el mismo caso ha sostenido mesas de trabajo con representantes legales y presidentes de los ejidos: Francisco Villa, Primo Tapia, Lázaro Cárdenas, Ojo de Agua, Plan Libertador, Ejido Mazatlán, Esteban Cantú, por mencionar a algunos en las que participa el Registro Agrario Nacional, Procuraduría Agraria y Registradores Agrarios.
“Es una situación crítica la que viven los ejidatarios en la entidad, por lo que es importante que el gobierno entrante, finque responsabilidades a quienes hicieron este robo de tierra, que ha generado el desorden urbano y ha dejado en la incertidumbre a miles de familias que compraron un terreno de buena fe”, expresó el Delegado Único de Baja California.
Lamentó que es vergonzoso que pese a todos los millones de pesos que literalmente se fueron a los bolsillos de muchos funcionarios públicos de los gobiernos panistas por venta ilegal de terrenos, las dependencias responsables de la inmobiliaria del estado, estén en la banca rota, lo cual no debe quedar impune.
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