* Los tribunales sometidos
Por Gilberto Lavenánt
Cada día que pasa, se evidencian con mayor claridad, los propósitos de la llamada “diarrea” legislativa de los actuales diputados locales panistas. Parece algo absurdo, pero bien dicen que “el miedo, no anda en burro”.
Se trata de las reformas legislativas propuestas por los panistas, a solo unos días de concluir su gestión. De entre estas se encuentra aquella que se conoció por la llamada “traición partidista”, en la que apareció como autora material la diputada priísta Edna Mireya Pérez Corona y como presuntos autores intelectuales, la cabeza del grupo “Caliente”, Jorge Hank Rhon, y su auxiliar, Mario Madrigal Magaña.
No se trata de una preocupación legítima por actualizar leyes y estructuras legales. De ninguna manera. Se trata de someter a los tribunales judiciales y administrativos, a caprichos políticos, a los intereses del Gobernador José Guadalupe Osuna Millán y del Partido Acción Nacional.
El asunto de la reforma constitucional, que dió lugar a “la traición” de Edna Mireya, fue con el propósito de otorgarles inamovilidad a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado y lograr el control del mismo, reduciendo la participación de la Legislatura Estatal, que en unos días será dominada por la mayoría priísta, en la designación de integrantes del Consejo de la Judicatura.
Se dice que, con ello, los magistrados serán incondicionales de los intereses blanquiazules, en agradecimiento de que conservarán la “chamba” hasta que cumplan 75 años de edad. Los contrarios a dicha reforma, supuestamente los priístas, consideran que los magistrados no eran inamovibles, sino que solo tenían derecho a permanecer en el cargo por un período de 15 años, a partir de la fecha de su respectiva designación.
El argumento, en contra de la reforma, es que el Poder Judicial requiere ser oxigenado, dando oportunidad a nuevos juzgadores, en tanto que la inamovilidad, aparte del agradecimiento a los blanquiazules, además de que los somete, estanca los criterios jurídicos e impide a otros profesionistas continuar su carrera judicial.
Total, es más que evidente que PAN y PRI, se disputan el control del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y con ello el de los juzgados de primera instancia, tanto civiles, como penales, como si las rencillas presentes y futuras de ambos bandos políticos, habrán de dirimirse por la vía judicial y desde ahora tratan de “arreglar” los pleitos, teniendo de su lado a los juzgadores que habrán de emitir las correspondientes resoluciones. Está dicho : “el miedo, no anda en burro”.
Otro aspecto del “afán legislativo” de los diputados panistas, también con el propósito de control, pero en este caso del tribunal que maneja o atiende conflictos de orden administrativo, consiste en una iniciativa de reforma a la Constitución local, presentada el 8 de diciembre del 2009, por los diputados panistas Armando Terán Corella y Manuel Molina García, con la intención de convertir en un “franquestein jurídico” al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que lo reduciría a la condición de un simple “estanquillo de chicles”, lo que le daría “tranquilidad”, tanto a los funcionarios estatales, como a los municipales, pues sus actos arbitrarios no podrían ser combatidos por los afectados. A eso también se llama “tribunal sometido”.
Solo habría que advertir, que como “del dicho al hecho, hay mucho trecho” o bien que “del plato a la boca, se cae la sopa”, los panistas andan desesperados por concretar sus amañadas, tendenciosas y maquiavélicas reformas legislativas, independientemente de que dentro de unos días los priístas, siendo mayoría en la Legislatura, decidan darle marcha atrás a todo lo reformado, para adecuarlo a sus muy particulares intereses, que también pueden adolecer de las mismas intenciones que las de los blanquizules, pero en sentido contrario. Los beneficiados, o afectados, con todo esto, son peritos en Derecho y obviamente recurrirán a las instancias correspondientes para combatir los caprichos y desaseos.
Falta ver si de nueva cuenta la diputada priísta, Edna Mireya Pérez, repite la “hazaña” de la traición partidista, y se suma a la intentona panista de someter a los tribunales judiciales y administrativos.
Cabe observar que, si bien es cierto que los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, han guardado un sospechoso silencio ante todo esto y han tolerado que los políticos se jueguen en un “volado” la imágen y prestigio de los juzgadores, los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, encabezados por su Presidente, el Lic. Alberto Loaiza Martínez, ya manifestaron que no están dispuestos a tolerar caprichos, ni intentos de sometimiento.
Y, como siempre pasa, los colegios de abogados, que deberían ser de los principales interesados en poner orden en todo esto, adoptan el papel comodino de simples espectadores, o bien, al grito de “a río revuelto, ganancia de pescadores”, sus integrantes corren desesperados en busca de chamba, sin importar para nada las aberraciones, mañas y maquinaciones legaloides que dan lugar a esos espacios. Ni mucho menos les importan los propósitos blanquiazules de someter a los tribunales judiciales y administrativos.
gil_lavenant@hotmail.com