Señalamos en la entrega anterior, que la censura y crítica del colectivo se estaba centrando solo en la bancada panista de la XXII Legislatura del Estado, a la que responsabilizan al igual que al gobernador, Francisco Vega de Lamadrid, de querer endeudar seriamente las finanzas del estado con la aprobación del Decreto 95, en el que se establece un paquete de obras a realizar a través de la inversión privada bajo la denominación de APPs, entre ellas, una planta desaladora en Playas de Rosarito.