Secuestradores liberaron al Jefe Diego desde hace 12 días, revelan

* Fuentes del gabinete de seguridad nacional refirieron que por la liberación del llamado ‘Jefe’ había que pagarse 100 millones de dólares inicialmente, sin embargo, sólo se pagaron 30, que el propio político negoció.
México.- El ex senador panista Diego Fernández de Cevallos fue liberado desde el pasado 11 de diciembre, es decir, 9 días antes de que fuera del conocimiento público, revelaron fuentes del gabinete de seguridad nacional.

Las fuentes, según publica el diario La Jornada, detallaron que el rescate, que ascendió a 30 millones de dólares, fue pagado el 10 de diciembre, y al día siguiente el político fue dejado a unos 12 kilómetros de la ciudad de Querétaro.

También se dijo que por la liberación del llamado Jefe había que pagarse 100 millones de dólares inicialmente, sin embargo, sólo se pagaron 30, que el propio político negoció.

Los secuestradores dejaron a Diego solamente con unos zapatos, un pantalón y una chamarra vieja y habría llegado a bordo de un taxi, directamente a su casa de Lomas Virreyes.

Se acordó que la liberación se tratara con total hermetismo. Primeramente se enteró el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Guillermo Valdés, y posteriormente Felipe Calderón Hinojosa.

Tal fue el ocultamiento, que la información ni siquiera se envió a los órganos de inteligencia militares hasta ocho días después, sólo los secretarios de Estado que integran el gabinete de seguridad supieron del asunto, detallan las fuentes consultadas.

También refieren que al político se le recomendó pasar unos días en recuperación y con atención médica en su casa, antes de que apareciera públicamente.

Los informantes detallaron que Diego Fernández decidió reaparecer ante los medios sin haberse afeitado la barba, aunque sí se recortó el cabello.

Indican que el 10 de diciembre se entregó el dinero y los encargados de la entrega habrían sido Diego Fernández de Cevallos Gutiérrez y Antonio Lozano Gracia.

Se indicó que aunque funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) esperaban a Fernández de Cevallos en las instalaciones de esa dependencia para que rindiera su declaración como víctima de secuestro, por la tarde, los fiscales que investigan a los responsables del plagio recibieron una llamada de la oficina del litigante panista para pedir que se pospusiera la diligencia, a petición del propio panista.

Cabe recordar que desde que reapareció públicamente, Fernández de Cevallos dijo que redactaría y haría público un comunicado sobre su situación, sin embargo hasta el momento no ha sucedido.


Con información del diario La Jornada

COLUMNA: Palco de Prensa

* Cacicazgos universitarios
Por Gilberto Lavenánt
La operación de la Universidad Autónoma de Baja California, es un desorden. Al menos en el aspecto del funcionamiento y ejercicio de las facultades de cada uno de sus órganos de gobierno. Empezando por el principal de ellos, en jerarquía, que es la Junta de Gobierno.
De acuerdo con el Artículo 27 de su Estatuto, son autoridades universitarias, por jerarquía, la Junta de Gobierno, el Consejo Universitario, el Rector, el Patronato, los Directores de Facultades, Escuelas e Institutos, y los Consejos Técnicos y de Investigación.

Si observamos las funciones, y en especial las facultades, de cada una de las autoridades universitarias, prácticamente todas son inoperantes, ambiguas y obsoletas.

Por ejemplo, la Junta de Gobierno, que es la máxima autoridad universitaria, ni siquiera ha podido cumplir con su cometido de designar al Rector definitivo, en tiempo y forma. Además, no sabe como salir de este atolladero.

Por lo tanto, ¿para qué sirve una Junta de Gobierno, que no gobierna ?

Se queja su Presidente, el Dr. Luis Llorens Báez, que las normas universitarias son ambiguas y que por ello ni él mismo sabe cómo salir de esta situación.

Bajo ese pretexto, y no se le puede llamar de otra forma, pues tales normas ya estaban vigentes cuando llegó a formar parte de la Junta de Gobierno y, que se sepa, no hizo nada para adecuarlas a la realidad, de tal forma que no son lagunas jurídicas las que existen en dicha legislación, sino verdaderos océanos, y en consecuencia, dicho órgano de gobierno, se ha convertido en mero espectador e incluso propiciador de dicho desorden.

No gobierna, el que no controla, el que no dirige, el que no regula, el que carece de autoridad o el que teniéndola, no sabe ejercerla. De ahí surge todo el desorden.

Que disculpe la observación el Dr. Llorens Báez, pero si bien es cierto que existe el grupo de poder que encabeza Alejandro Mungaray, el Presidente de la Junta de Gobierno no fue capaz, o quizás tuvo temor de hacerlo, de denunciarlo públicamente y convocar a la comunidad universitaria para sacudirse ese cacicazgo. No lo hizo y ahí tiene las consecuencias.

Por eso, Felipe Cuamea Velázquez, como en otros casos, el ¨don¨ lo perdió en su alocada aventura por lograr la Rectoría de la UABC, ha hecho lo que ha querido. Nadie ha sido capaz de controlarlo o frenarlo. Por ello ostenta tres personalidades al mismo tiempo : candidato a Rector, Secretario General y encargado provisional de la Rectoría. Por cierto, uno de los requisitos para ser Rector, es ¨gozar de estimación general como persona honorable y prudente¨. En estos momentos, si es que la tenía, Cuamea ya perdió la estimación general como presunta o supuesta persona honorable, precisamente por imprudente.

Actualmente Cuamea solo es encargado de la Rectoría, pero se comporta como si fuese el Rector definitivo, y eso ya es una usurpación de funciones. Y eso ya constituye un delito. Y eso, ya le invalida no solo para ocupar dicho cargo provisionalmente, sino incluso para que siga aspirando a ser candidato al tal puesto.

Si la Junta de Gobierno tuviese la voluntad y el coraje para ejercer su autoridad, aunque la norma universitaria sea obsoleta o ambigua, lo menos que debió haber hecho, es hacer constar que Cuamea actuó ilegalmente, al designar a los tres vicerrectores, pues estaba impedido para ello, conforme a lo dispuesto en la fracción XV del Artículo 78 del Estatuto General.

Cuando Cuamea, no obstante estar impedido para ello, remueve o nombra a los tres nuevos Vicerrectores, violenta la norma universitaria y la Junta de Gobierno debe ejercer su autoridad, retirándolo del cargo y en consecuencia decretar que pierde legitimidad para ser considerado como candidato a Rector.

Pero la Junta de Gobierno, que no sabe gobernar, definitivamente, en lugar de actuar, se adhiere a la sorpresa de toda la comunidad universitaria. Con la boca abierta simplemente alcanza a expresar : Ah que Felipe, ¡qué audaz!

Ante tal desgobierno, Cuamea se convierte en un mero cacique universitario, claro, respaldado por otro cacique, Alejandro Mungaray, en tanto que se conduce al márgen de la ley o por encima de ella.

En segundo lugar, en el órden descendente, jerárquicamente, de los órganos de gobierno de la UABC, está el Rector, pero al no existir en estos momentos y el proceso de designación del mismo es lo que evidenció o propició tal desorden, pues ni para qué comentar algo respecto a dicha figura.

El tercer órgano de gobierno lo es el Consejo Universitario, el cual debe ser presidido por el Rector, que no existe, y que además nadie lo toma en cuenta, pues nadie lo convoca. Ni este despierta de su letargo exigiendo cuentas de lo que está ocurriendo. Como si no existiera.

En conclusión, en tanto que los órganos de gobierno de la UABC, no operan como tales, o sea no gobiernan, resulta evidente que la Universidad Autónoma de Baja California, opera bajo el dominio de los cacicazgos de Mungaray, Cuamea y compañía, con el disfrute de los privilegios que ello implica. Aunque haya quienes opinen lo contrario, este desorden operativo, o de desgobierno, tarde que temprano habrá de reflejarse en el área académica, la principal de esta institución educativa, que parece gobernada por una bola de barbajanes.

gil_lavenant@hotmail.com

Se coordinan Estado y Ayuntamiento ante contingencia por lluvias

PLAYAS DE ROSARITO.- Maquinaria pesada y brigadas de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) comenzaron ya con la reparación del drenaje pluvial del municipio, ubicado en el kilómetro 20 +500 esquina con el bulevar Sharp, el cual sufrió daños debido a las recientes precipitaciones pluviales.
El Presidente Municipal, Javier Robles Aguirre y el ingeniero Hernando Durán Cabrera, Director General de CESPT encabezaron un recorrido de supervisión por la zona afectada por las lluvias, luego de sostener una reunión donde se acordó trabajar coordinadamente, además de establecer mesas de trabajo específicas para esta contingencia.



Precisamente las labores en esta tubería que es parte de la red pluvial del municipio de Rosarito fue una de las peticiones del Presidente Municipal, por lo que el ingeniero Durán Cabrera instruyó a las cuadrillas para iniciaran de inmediato con los trabajos y evitar mayores contratiempos.



En su momento, el titular de la CESPT, instruyó por su parte instruyó el apoyo de dos retroexcavadoras, dos brigadas y un camión de volteo comenzaron a colocar 100 metros lineales de una barrera de protección a base de costales de arena para canalizar el agua de la lluvia, además de que procederán instalar alrededor de 20 metros lineales de tubería de PVC de 24 pulgadas del drenaje pluvial.



Cabe destacar que al momento el sistema hidráulico de Rosarito opera de manera normal, sin embargo se hizo el compromiso de apoyar con maquinaria y personal a las autoridades municipales durante las lluvias.



Posteriormente, el alcalde Robles Aguirre, visitó junto con varios de sus colaboradores más cercanos las zonas afectadas por el meteoro, como fueron el Cañón Cordero, Los Ramos, Constitución Parte Alta, para luego visitar a las familias que debieron ser albergadas en el refugio temporal como fue el Gimnasio de la Unidad Deportiva Reforma.

Otro síntoma de la crisis: la tragedia de San Martín Texmelucan

Por Aquiles Córdova Morán
Dirigente Nacional del Movimiento Antorchista
A eso de las 5:30 de la mañana del domingo 19 de diciembre, una espantosa explosión despertó a los habitantes de San Martín Texmelucan, Puebla, a poco más de 35 kilómetros de la capital del estado.
Como es lógico, el pánico se apoderó de la población que, para ponerse a salvo, huyó en masa hacia las alturas más cercanas. Con la luz del día pudo verse el motivo inmediato de la tragedia y sus consecuencias más obvias: uno de los ductos de PEMEX, que cruza una zona muy poblada de la ciudad, había estado derramando por varias horas una gran cantidad de combustible que corría por las calles adyacentes y por el lecho de un río que atraviesa la ciudad entera, y alguna chispa incidental, al parecer, inició la conflagración. Según los medios, un río de fuego de varios kilómetros consumió casas, árboles, vehículos, e incluso fundió la estructura metálica de un puente y derritió el asfalto de las avenidas, mientras una densa nube de humo negro eclipsó completamente el sol. El saldo conocido hasta hoy es de 28 muertos comprobados, más de cien heridos y un número mucho mayor de gente sin techo y sin nada más que lo que llevaba puesto a la hora de la explosión.

Hasta este momento, no se ha podido (o no se ha querido) establecer con precisión la causa de la fuga y su inadvertencia, a pesar de tantas horas como parece que duró. Corren rumores de que se trató de una toma clandestina (como hay muchas en el país) para robar combustible a Petróleos Mexicanos (PEMEX), que se salió de control; y se deslizan nombres de funcionarios con altos cargos en el gobierno de Mario Marín, y de algún influyente fuera del poder, como los “padrinos” de la banda hurtadora del petróleo. Sin embargo, como estos señalamientos carecen de respaldo, hay que tomarlos, más bien, como un cobro de viejas facturas o como una maniobra para deshacerse de competidores molestos. La otra explicación es que todo se debió a la falta de mantenimiento del ducto, mal endémico de PEMEX.

Archivo especial
Cualquiera que sea la explicación, ninguna de ellas toca el verdadero fondo del asunto. Si se tratara de políticos poderosos, jure usted que volveremos a ver la misma vieja y desgastada película de siempre: grandes aspavientos mediáticos señalando la corrupción de las instituciones y de los funcionarios involucrados; lluvia de epítetos oprobiosos para propinarles un “merecido baño de lodo” y para concitar en su contra el desprecio público; maratón de “condenas enérgicas” y de exigencias de que se aplique la ley “hasta sus últimas consecuencias”; y después…¡nada!

Las aguas retornarán a su nivel tan súbitamente como se encresparon. Estos escandalitos hipócritas se apoyan en el supuesto de que se trata, siempre, de un hecho aislado y esencialmente ajeno a nuestra sociedad, la cual se asume, así, como libre de toda culpa y ajena a la repulsiva mácula de la corrupción. Y si no lo cree usted, nada más recuerde: ¿Cuántas tragedias como la actual ha provocado antes el mal estado de los ductos de PEMEX? ¿Cuántos reclamos y cuántas promesas incumplidas hemos oído al respecto? Y es evidente que, si no fuera así, no estaríamos lamentando el desastre de Texmelucan.

La explicación está en que la corrupción de las instituciones del Estado mexicano y de sus funcionarios, de las familias poderosas, de los llamados “poderes fácticos”, de la cúpula entera que gobierna al país, no es monopolio de Puebla ni de ningún estado de la república, sino un mal nacional que corroe al sistema de arriba abajo. La corrupción, la prevaricación y el peculado con el erario nacional, ni son una rareza ni son una “anomalía”, un accidente, una “enfermedad” pasajera del statu quo; lejos de ello, son algo consustancial y, además, absolutamente necesario para el funcionamiento del mismo. Son el aceite que lubrica los engranajes de la máquina del poder, sin el cual, ésta no podría mantenerse funcionando por mucho tiempo. Para convencerse de esto, basta con leer un poco de historia del mundo, asomarse a las obras de crítica económico-social, echar un vistazo a la creación literaria de los grandes escritores que, como Cervantes, lograron hacer un retrato verídico de la sociedad de su tiempo. Nos llevaríamos una verdadera sorpresa al comprobar cuánta similitud hay entre lo que ocurría, por ejemplo, bajo el absolutismo francés o el español, y lo que ocurre hoy en nuestra “democracia moderna”.
Archivo especial

La corrupción es congénita y consustancial a toda sociedad dividida en clases antagónicas, porque es un mecanismo expedito y eficaz para repartirse el tesoro público entre quienes creen tener derecho a él, por el papel que desempeñan en esta sociedad y no disponen de otro camino para lograrlo. La corrupción es una vía de hecho, ilegal pero no ilegítima a juicio de quienes la practican, para tomarse la parte de la renta nacional que les corresponde y que el sistema les regatea.

“Gobernar es robar”, sentenció Camus en alguna de sus obras. En los países ricos y desarrollados, este fenómeno ha adquirido formas tan refinadas, tan elaboradas, que casi no se nota; pero en los países pobres como el nuestro, el saqueo de las arcas públicas, el tráfico de influencias, las “mordidas”, la posposición de la obra pública y su encarecimiento artificial para quedarse con el exceso, etc., son tan obvios y desvergonzados que todo mundo los ve, aunque nadie se inmute gran cosa por ello. Por eso es aquí, en países como el nuestro, donde se hace más patente y urgente la necesidad de que el pueblo organizado tome en sus manos el poder y, entre otras cosas, limpie los establos de Augías en que está convertida la administración pública. Mientras eso no suceda, hechos trágicos como el de San Martín Texmelucan seguirán ocurriendo y el pueblo seguirá pagando los altísimos costos de los mismos, mientras sus gobernantes se limitarán, como siempre, a alguna mascarada mediática para, al final, dejar las cosas como estaban, como siempre han estado.