Encabezados por Alejandro Vizcarra Estrada, presidente de la Asociación de Trasplantados y Enfermos Renales Tiromet A.C., se planteó la exigencia de saber si los recursos destinados al Sector Salud en Baja California están siendo bien canalizados. Entre otros puntos, se plantea investigar sobre los señalamientos de que el Seguro Popular en Baja California está subrogando servicios que podrían ser atendidos internamente. Se señaló particularmente el caso de los pacientes mentales que son subrogados al Hospital Mental de Tijuana, del cual es socio Octavio Rincón Vargas, hermano de Mirna Rincón Vargas, representante del Seguro Popular en Baja California,
Asimismo, pacientes de VIH solicitaron a los diputados se diera seguimiento a la recomendación 072009, enviada por la Procuraduría de Derechos Humanos al gobernador del estado José Guadalupe Osuna Millán, en la cual se señala la “insuficiente protección de personas y prestación indebida del servicio público”, considerándola una “violación a los derechos de los seropositivos o enfermos de sida”, de la cual es responsable el Secretario de Salud en el Estado, y Remedios Lozada Romero, Coordinadora Estatal del Programa de Atención de VIH/SIDA, al violar leyes federales y locales, así como convenios y acuerdos internacionales firmados por nuestro país respecto al derecho a la salud y de los pacientes de VIH, por la negativa de atención, por atención negligente y por actos de discriminación en contra de dichos enfermos. En dicha recomendación, se solicitaba se aplicaran sanciones, incluidas aquellas de tipo penal, para quienes fuesen señalados, incluyendo al propio Bustamante Moreno, además de implementar las políticas necesarias para la atención de los pacientes de VIH/SIDA.
Por su parte, la Asociación de Trasplantados y Enfermos Renales TIROMET AC, solicitaron a los diputados investiguen y se deslinden las responsabilidades y sanciones derivadas de la negativa de atención, negligencia y maltrato a los pacientes renales que son mal atendidos o rechazados en el Hospital General de Tijuana, llegándose a registrar trágicos e innecesarios decesos por la negativa del Hospital General de Tijuana y la Secretaría de Salud de Baja California a proporcionar el servicio de hemodiálisis, y se llegue a determinar si los fallecimientos de los pacientes que no fueron atendidos por omisión del Secretario de Salud, encuadra en alguna responsabilidad de tipo penal.
Se abundaron en las diferentes irregularidades presentadas alrededor de este problema. Comenzando por las actitudes y maltratos de los responsables, doctor José Manuel Robles Barboza, director del Hospital General de Tijuana; doctor Ismael González
Contreras, Secretario Técnico del Coetra; y el propio Secretario de Salud en Baja California. Se señalo también que el argumento para la negativa del servicio es de carácter técnico y económico, cuando al mismo tiempo se ha dictaminado que el Seguro Popular en Tijuana no comprobó cabalmente sus gastos ni ejerció totalmente su presupuesto. Además de ello, se incumplen normativas locales, nacionales e internacionales respecto del derecho a la salud. Finalmente, se hizo de conocimiento de los Diputados los actos intimidatorios del Secretario de Salud quien amenazó con denunciar penalmente por calumnia a quienes lo critican, acción motivada por una rueda de prensa con motivo del primero de una serie de reportajes divulgados por el periodista Fausto Ovalle sobre el manejo de la donación de órganos en la entidad.
En respuesta, los diputados Sami David David del PRI, Amadeo Espinoza del PT, Marco Cruz del PT, en boca del diputado José Narro Céspedes, del PT se comprometieron a iniciar las acciones para formar una comisión que investigue las irregularidades denunciadas. Asimismo, otros diputados federales de diversos partidos señalaron que en fechas próximas se pronunciarán sobre esta situación y se integraran a los trabajos para formar dicha comisión. Por su parte, Alejandro Vizcarra Estrada, representante de los grupos de pacientes señaló la importancia de que esta comisión actúe de manera independiente y eviten intromisiones o acciones que terminen dando un visto bueno al trabajo del Secretario de Salud José Guadalupe Bustamante Moreno sin realizar una investigación a fondo.
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