* ¿Error humano, incompetencia o acción deliberada de Sempra para incrementar los precios de la energía?
Por Jaime Martínez Veloz
El recuento de los daños
El jueves 8 de Septiembre del presente año, a las 15.30 (hora local), se produjo un apagón eléctrico que afectó alrededor de 8 millones de personas que habitan el Sur de California a partir del Condado de Orange, parte de Arizona, el Estado de Baja California y parte del Estado de Sonora.
En Baja California el servicio se empezó a restablecer paulatinamente a partir de las 21.00 horas y en el caso de San Diego, el evento tuvo una duración de 12 a 24 horas, dependiendo de la zona de ubicación.
Al día siguiente del apagón, la CFE informó que a las 11.00 horas se registraba un avance global del 97% del restablecimiento del servicio eléctrico en el Estado de Baja California y en Estados Unidos; la compañía San Diego Gas & Electric, perteneciente a la multinacional Sempra Energy, anunciaba también que ya había restablecido el servicio a la mayoría de los 1.4 millones de sus clientes en San Diego y el sur de California, aunque advirtieron que la red eléctrica se encontraba muy frágil y solicitaron a los consumidores que limitaran o postergaran el uso de electrodomésticos y aires acondicionados.
Las escuelas y universidades estatales de ambos lados de la frontera cerraron durante el viernes. En San Diego el apagón afectó el sistema de desagüe sanitario del condado y más de dos millones de galones de aguas residuales fueron a parar a las costas, por lo que se tuvieron que cerrar las playas de Solana Beach a Scripps Pier, así como Bayside Park en Chula Vista. Además de ello, el apagón dejó a cientos de personas atrapadas y dentro de elevadores; además produjo un tremendo caos vial en las ciudades de ambos lados de la frontera al paralizarse la actividad de los semáforos.
Todos los vuelos con salida en el aeropuerto Lindbergh Field de San Diego fueron detenidos; cientos de pasajeros tuvieron que pasar la noche en las salas de espera; vuelos hacia la región fueron demorados y los entrantes fueron desviados a aeropuertos regionales colindantes. Las estaciones de policía tuvieron que hacer uso de generadores para poder recibir llamadas de emergencia y los hospitales tuvieron que recurrir a sus propios generadores para poder seguir operando.
El corte de suministro eléctrico paralizó los dos reactores nucleares de San Onofre, California, los cuales se desconectaron a las 3.38 de la tarde tal y como se contempla en los protocolos de seguridad cuando existe una perturbación en la red eléctrica. Las autoridades dijeron que no había peligro para el público o los trabajadores.
Las pérdidas en ambos lados
En cuanto a las pérdidas, el Consejo Coordinador Empresarial de Mexicali estimó éstas en 90 millones de dólares. Las pérdidas en la industria maquiladora asentada en Baja California, alcanzaron las 480 mil 500 horas, con un costo de horas sin trabajar de un millón y medio de dólares, sin contar con las mermas y pérdidas en el retraso de los procesos que se vieron afectados por el corte eléctrico.
En el lado norteamericano, el Instituto para la Investigación de las Políticas del Sistema Nacional Universitario, calculó que las pérdidas ocasionadas por el apagón ascendieron a más de 100 millones de dólares. La mayoría de los negocios tuvieron que cerrar por lo que según el cálculo de este Instituto, perdieron unos 70 millones de dólares. La hora extras de los trabajadores del Gobierno cuestan alrededor de 20 millones de dólares y los alimentos en mal estado se calcularon en 18 millones de dólares. Este grupo de expertos consideró las pérdidas entre 97 y 118 millones de dólares.
No obstante en ambos lados de la frontera, los expertos y dirigentes empresariales han advertido, que será hasta dentro de un mes en que habrán de tener una dimensión más precisa de la cantidad de daños ocasionados por el apagón.
En suma: millones de afectados, perdida de cientos de millones de dólares y cientos de miles de horas hombre, incertidumbre, desinformación, innumerables problemas, caos, angustia y miedo de atentados, compras de pánico, vuelos cancelados, escuelas sin clases, costas contaminadas, saturación de llamadas de emergencia, centrales nucleares y ciudades de dos países y varios estados paralizadas. Escenarios reales que no hubieran sido causados, por su magnitud y extensión, ni siquiera por un gran acto terrorista y que sucedieron de pronto y lo que es peor y muy predecible es que pudieran volver a suceder.
Dada la cercanía del aniversario del 11S, se generaron especulaciones con respecto que pudo haber ocurrido algún tipo de atentado; afortunadamente, el FBI descartó cualquier vinculación con un acto terrorista -aún cuando las consecuencias hayan sido similares por lo previamente anotado-
Caos y desconcierto para informar sobre las causas del apagón
Un evento de esta naturaleza, por su dimensión y alcance tiene que ser investigado bajo un procedimiento técnico, que permita reunir toda la información posible y establecer un método que permita determinar con precisión las causas que lo generaron.
Sin embargo, las empresas ligadas a la producción y distribución de la energía en ambas partes de la frontera, exhibieron su poco o nulo compromiso con la población y emitieron al unísono conclusiones sin ninguna base técnica o científica. En algunos casos, esto se produjo por la ignorancia de los funcionarios y en otros por el apuro de que este evento ponga al descubierto los enjuagues entre Sempra Energy y la Comisión Federal de Electricidad.
Como si las cosas estuvieran organizadas para agudizar el caos, el Gobernador de Baja California, se encontraba en Seúl y los Presidente Municipales de Tijuana y Mexicali en la ciudad de México
Durante varias horas después del apagón, muchos medios de comunicación difundían como un hecho la versión de que un sobrecalentamiento en una de las turbinas de la termoeléctrica de Rosarito, que provee electricidad al Estado de Baja California y parte de San Diego, había sido la causa del apagón eléctrico. La fuente de la información era Carlos Martínez, Director de Bomberos de Tijuana.
Posteriormente el Director de Protección Civil de Rosarito, Octavio Méndez, informaba de un aparente desperfecto en un distribuidor de electricidad entre California y Arizona.
Cualesquiera que hayan sido las causas del mega apagón, el hecho de que haya afectado una zona geográfica tan extensa y puesto en jaque a las autoridades de los dos países, convierte el asunto en un tema de seguridad nacional para ambas naciones. ¿Qué pasaría si este suceso hubiera sido causado por una acción terrorista?: Seguramente habría un despliegue impresionante de investigadores de múltiples disciplinas detrás de las pistas –por insignificantes que parecieran- para dar con los responsables a fin de castigarles con todo el peso de la ley.
El hilo se rompe por lo más delgado
Al día siguiente, la distribuidora San Diego Gas & Electric (SDG&E) perteneciente a Sempra Energy y la CFE declararon que las causas del apagón que dejó sin electricidad a unos cinco millones de residentes en la frontera entre California y Baja California, fueron causadas por un “error humano”. “Un empleado de mantenimiento en Arizona cometió un error con una línea de transmisión de alto voltaje en South Gila, al norte de la ciudad de Yuma, cuando se encontraba apagando un condensador, que es un dispositivo para controlar los niveles de voltaje”.
Daniel Froester, vicepresidente de la Compañía Arizona Públic Service (APS), declaró que era prematuro llamarlo “error humano” señalando la necesidad de realizar una investigación objetiva que permita esclarecer a fondo las causas del corte energético. Según este funcionario, la línea se ha mantenido “sólida y confiable” y no ha tenido problemas en el pasado y cuestiona la hipótesis de Sempra y la CFE, al señalar que hubo un período de 10 minutos entre el momento del problema en la subestación y que los usuarios se quedaran sin electricidad y concluye que la filial de Sempra Energy, San Diego Gas & Electric, debió aislar el problema, apagando la central Southwest Powerlink de 500 kilovatios, para evitar que el problema se extendiera. ¿Por qué no se hizo así? Eso Sempra tendrá que contestarlo.
En una circunstancia como la que se presentó en Yuma, existen protocolos predeterminados que estipulan como, ante un corte de luz, debe aislarse el problema para que no afecte el resto de las líneas de corriente, lo cual no sucedió; lo que de acuerdo al Arizona Públic Service (APS), éste deberá ser el principal foco de atención en la investigación.
El Presidente y Director de Operaciones de SDG&E, Michael Niggli, afirmó que no habían cerrado la línea porque no habían tenido ningún aviso previo.
Cabría preguntar, ¿Qué clase de tecnología obsoleta utiliza Sempra en San Diego, que es incapaz de detectar un asunto que se debiera resolver mediante un proceso automatizado?; y cabría entonces otra pregunta ante este reconocimiento del Presidente de la filial de Sempra en San Diego, ¿El error humano fue el del trabajador de Yuma o el de los directivos de Sempra, que al estilo Poncio Pilatos, se lavan las manos, para afirmar que ellos nunca fueron informados del problema que desencadeno el corte energético de mayor impacto en la región desde el año 2003?
La interconexión como pretexto para ocultar la privatización energética
Al unísono de Sempra, la CFE a través del superintendente en la entidad, Javier Larios Santillán, tal y como ha sido su costumbre de ponerse de tapete de los intereses de las trasnacionales, brindó una explicación que se empata con los argumentos de Sempra y explicó que en el lado mexicano sufrimos el impacto del apagón, “debido a que los sistemas de energía eléctrica de ambos países están interconectados como parte de un convenio entre México y Estados Unidos, para abastecer del suministro eléctrico a la parte en caso de un problema en alguno de los puntos, de ahí que la falla afectara a la contraparte”.
Concluyó expresando que el convenio que existe entre ambos países solo contempla proveer del servicio de energía a manera de emergencia y no para comercialización”. ¿Eso dice realmente el convenio y se respetó efectivamente? En caso de que –como todo indica que sucede- se suministre energía eléctrica con fines comerciales, este funcionario habría mentido y podría ser sujeto de las sanciones previstas en la Ley de Responsabilidades.
Al mismo tiempo la CFE, al confirmar que se había restablecido el 97% del suministro energético en el Estado de Baja California, reconoció que quedaban aún pendientes de recuperar el servicio, “algunos clientes industriales especiales”; y señaló que las autoridades de México y Estados Unidos analizan el motivo real de incidente (después de afirmar que fue producto de un “error humano”) para evitar que se repita; y aseguró que como parte de las medidas que se instrumenten, también se tomara en cuenta un sistema que evite que una falla repercuta en la parte contraria, añadió que los fluidos son monitoreados de manera permanente en forma electrónica, para detectar cualquier alteración; y en caso de que ésta ocurra, de inmediato se bloquea”. La pregunta es ¿Por qué todos estos supuestos protocolos no funcionaron y la falla detectada en Yuma, generó un apagón generalizado en todo el Estado de Baja California y parte de Sonora?
Otras preguntas que surgen ante los argumentos de la CFE serían ¿Cuándo y por quiénes se firmó el famoso convenio al que aluden? ¿Quién elaboró y quien tiene el convenio? ¿En qué consiste, qué implica y qué se indica en sus cláusulas? ¿Compromete de alguna manera la soberanía nacional? ¿Está considerada en el convenio la energía que producen Sempra e Intergen con destino a Estados Unidos?
Baja California: Sótano de Maquinas de Estados Unidos
En la argumentación esgrimida por la CFE, no se hizo mención alguna a la política generada por el Gobierno Federal y los Gobiernos locales del PAN, que han venido convirtiendo paulatinamente a Baja California y ahora a San Luis Rio Colorado, Sonora, en el sótano de máquinas de los Estados Unidos, para abastecer de energía y gas natural desde territorio mexicano al vecino país del norte.
Las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón, se esmeraron por entregar territorio, soberanía y recursos naturales a las trasnacionales de la energía, en una “estrategia” que ha consistido en atropellar la opinión y la voluntad de los ciudadanos fronterizos, para imponer a toda costa el esquema convenido con las empresas energéticas, en particular con Sempra Energy, la cual tiene ya en su poder una parte de territorio mexicano, al habérsele entregado un puerto particular en Ensenada, sitio en el que tiene instalada una regasificadora que recibe el gas natural licuado que Sempra adquiere en el extranjero, lo somete a un proceso para transformarlo de líquido en gas –con un altísimo costo ecológico- y llevarlo por una gaseoducto que atraviesa desde Ensenada hasta Mexicali, en donde se conecta al principal gasoducto que distribuye el gas en el sur de Estados Unidos, y a dos plantas de generación de energía eléctrica de exportación de ciclo combinado, una propiedad de Sempra y otra de la compañía Intergen, y donde una parte de la energía que se produce se vende a la CFE y la otra tiene como destino Estados Unidos, transportándose utilizando la infraestructura eléctrica mexicana.
Por tal razón, el argumento de la CFE en el sentido de que la interconexión con nuestros vecinos del norte es para efectos especiales y en momentos aislados, cae por su propio peso, dado que el abastecimiento de energía se produce en forma constante y permanente.
Al paralelo de esta situación y en una acción violatoria a la Constitución Mexicana, la Comisión Reguladora de Energía ha otorgado permisos a “algunos clientes industriales especiales” como los llama la CFE, para que importen energía de la Termoeléctrica de Mexicali a la que se le otorgó el permiso para su instalación, condicionado a que la energía producida en dicha planta se exportara. Pero una vez que del otro lado, la misma se regresa a Mexicali para abastecer a los grandes consumidores de energía en ese municipio a tasas preferenciales, mientras que el resto de los ciudadanos mexicalenses, sufre por los enormes costos del consumo de energía, debido a las altas temperaturas prevalecientes en la región.
Por ello, la interconexión no tiene finalidades samaritanas, sino razones estrictamente comerciales y de negocio, situación en que quien se lleva la tajada del león es la trasnacional Sempra Energy. Esto echa por tierra la perorata de la CFE, al tratar inútilmente de dar una explicación sin sustento, contradictoria y alejada de la realidad.
El Fantasma de la crisis de principio de los 2000
Por otra parte, los turbios antecedentes de Sempra, que motivan a pensar que con tal de ganar dinero es capaz de cualquier cosa, llevan a la sospecha de que el apagón pudo haber sido o intencionalmente causado o negligentemente atendido. Las autoridades de ambos lados de la frontera habrán de investigar seriamente este asunto, que por la forma en que afectó a Baja California, vulneró la soberanía nacional, motivo por el cual deberían tomar parte y no ser omisas ni cómplices las autoridades correspondientes.
Los antecedentes están ahí y no mienten. La Comisión de Energía de Estados Unidos multó con 3,300 millones de dólares a las empresas energéticas en el año 2003 debido a que crearon una crisis de precios y aprovisionamiento en el Estado de California aprovechando las deficiencias de la desregulación del Estado para elevar las tarifas. En los momentos de la máxima demanda los precios se dispararon 10 veces por encima de su valor real. La desconfianza pública hacia Sempra se inició con la crisis energética de California, al descubrirse la manipulación financiera de los mercados con objeto de elevar precios y tarifas. Por ese delito Sempra fue obligada a pagar una multa de 800 millones de dólares.
El 7 de Diciembre del año 2010, Dianne Jacob, supervisora del segundo distrito del condado de San Diego, California, da cuenta en entrevista que la trasnacional –acogida por las autoridades mexicanas– es ejemplo de las que se hacen llamar industrias limpias, pero poseen un historial negro de multas y castigos por su desempeño fuera de toda norma
Dianne Jacob solicitó a la Comisión Federal Reguladora de Energía y a la CPUC investigar el desvío de 17 millones de dólares que Sempra Energy dispuso para la construcción de una mansión en el litoral mexicano, y el pago de sobornos a funcionarios locales con la finalidad de favorecer sus intereses comerciales, que comprenden una planta regasificadora en Ensenada, una termoeléctrica en Mexicali, un gasoducto tendido bajo la autopista Bicentenario (que comienza en Ensenada, cruza Tecate y llega a Mexicali) y un parque eólico a instalarse en la sierra de Juárez.
Según la propia Supervisora de San Diego, los donativos de Sempra han sido estratégicamente diseñados para callar a sus detractores. A la trasnacional le interesa hacer dinero y la línea final es el dinero. Un ejemplo es el proyecto Sunrise (el más grande en infraestructura de energía en la región). ¡No necesitamos Sunrise! Siendo Gobernador Arnold Schwarzenegger ordenó a sus allegados dentro de la Comisión de Servicios Públicos de California (CPUC, por sus siglas en inglés) que votaran para mantenerlo vigente, ¡y esto es el fraude más grande en California!
¿Qué son 300 mil hectáreas de territorio nacional?
Aunado a lo anterior, la transnacional Sempra Energy obtuvo la autorización de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para la construcción de una planta eólica que se desarrollará en una superficie de 294 mil 273 hectáreas de la Sierra de Juárez y tendrá la capacidad para instalar hasta mil aerogeneradores, que producirán de mil a mil 200 mega watts de energía eléctrica. La planta será construida en cuatro diferentes áreas, que son Jacume, La Rumorosa, Cordillera Molina y Sierra de Juárez, localizadas en los municipios de Mexicali, Tecate y Ensenada.
La primera etapa del proyecto se desarrollará en el ejido Jacume, ubicado al norte del poblado de La Rumorosa, donde se pretenden instalar 52 aerogeneradores, con una inversión de 300 millones de dólares. La ampliación de la planta eólica dependerá de los contratos de suministro de energía eléctrica limpia y renovable que realice la transnacional con el mercado de Estados Unidos o el nacional. La gran superficie que implica el proyecto, que incluye áreas boscosas, ha despertado incertidumbre y temores en grupos ecologistas y ambientalistas de la región, quienes incluso han considerado que el apagón pudiera haber sido deliberado para obligar al gobierno mexicano a que se autoricen en Baja California más proyectos para generar electricidad por medio de energía eólica a compañías extranjeras.
Por si quedara alguna duda de esta política entreguista, el Gobierno Federal ha otorgado dos concesiones más para instalar en San Luis Rio Colorado, otras dos plantas de generación de energía eléctrica de exportación para Estados Unidos. Para nosotros, los riesgos y los daños ecológicos y para ellos, el negocio y las ganancias.
Cabe hacer notar, que el listado de violaciones a las leyes y reglamentos mexicanos, el atropello a los derechos ciudadanos y la utilización de los servicios de la élite burocrática mexicana, en ocasiones como empleados o como socios, ha dejado una estela de perversión y pésima imagen en nuestro país. Hoy forman parte de su consejo directivo altos funcionarios de las últimas administraciones del PRI y del PAN.
Por otra parte, las condiciones impositivas que el Gobierno Federal aplica a Sempra Energy, son muy diferentes a las que la Secretaria de Hacienda impone a empresas nacionales como PEMEX y la propia CFE. La termoeléctrica de Mexicali está considerada como maquiladora, registra sus ventas en Estados Unidos y elude el mayor número de obligaciones fiscales, a las que se encuentran sometidas las empresas nacionales.
Algunas conclusiones iniciales
El apagón evidenció una paradoja: mientras en México la CFE actúa como un monopolio que impide a particulares nacionales generar energía y venderla a usuarios del servicio, su interconexión con una empresa privada de EU la exhibió, ya que la paraestatal le compra energía a la empresa estadounidense Sempra Energy; y al estar conectada al circuito que abastece al sur de California y Arizona, el Estado de Baja California, se vio arrastrada por el desperfecto ocasionado en territorio norteamericano.
Puso también en evidencia la facilidad para afectar la seguridad nacional, paralizando las actividades de millones de personas y miles de empresas y comercios de este lado de la frontera, ocasionándoles en conjunto pérdidas millonarias y trastocando su vida cotidiana.
Al mismo tiempo, el apagón ha expuesto la debilidad de la red eléctrica que abastece al Condado de San Diego y la fragilidad del sistema eléctrico bajacaliforniano, a partir de formar parte de un sistema eléctrico mayor, donde el propósito principal es usar las instalaciones eléctricas mexicanas para abastecer el mercado norteamericano, vía la trasnacional Sempra Energy. La demanda energética del sur de California tiene una tendencia a incrementarse, lo que eleva las condiciones de fragilidad.
La red que abastece de energía al sur de California, es parte de una red de líneas de alta tensión que se extiende desde Canadá hasta el Estado de Baja California. Por su situación geográfica, San Diego se encuentra encajonado, al norte conectado a las plantas nucleares de San Onofre –de la que Sempra es accionista en un 20% a través de San Diego Gas & Electric-, al este con una línea que conecta a las plantas de energía de Arizona y la energía de las plantas instaladas en Mexicali.
Las autoridades de ambos países están obligadas no sólo a determinar con toda precisión las causas reales del apagón; sino de identificar a los responsables directos y proceder en consecuencia; y obligar también a los responsables del suministro eléctrico a revisar estrictamente sus protocolos de seguridad; y a indemnizar a empresas y ciudadanos que hayan sufrido pérdidas o daños en sus bienes por las fallas en el servicio. Sólo así pondrán más cuidado en que esto no vuelva a ocurrir y se termine en el deleznable “usted disculpe”.
Es necesario reconocer la realidad y ubicar el tema como parte de la Agenda Bilateral entre ambos países. Esto sería más saludable, que seguir tratando el problema debajo de la mesa, vulnerando voluntades y atropellando derechos, lo que al final de cuentas propicia problemas jurídicos, técnicos, económicos y sociales cada vez mayores. La situación no es nada sencilla, pero tenderá a complicarse cada vez más, si el empecinamiento, la sinrazón y la lógica de la ganancia sean las que sigan rigiendo las relaciones en este tema tan delicado.
Los niveles de Coordinación y articulación en materia de Protección Civil en los ayuntamientos y el Gobierno de Baja California, son casi nulos por no decir inexistentes. No estamos preparados para eventos de esta naturaleza, mucho menos para otros de mayor dimensión y envergadura.
Esta experiencia debe constituir un auténtico parteaguas para nuevas acciones y responsabilidades de los tres ámbitos de gobierno.
El Gobierno Federal debe tomar verdaderamente cartas en el asunto y disponer las medidas técnicas y jurídicas que sean necesarias, para que en lo sucesivo la CFE garantice la soberanía energética de México, independientemente de lo que pueda ocurrir o no en el país vecino; asimismo, acordar mecanismos expeditos para atender las emergencias, en coordinación con los gobiernos estatal y municipales.
El Gobierno Estatal debe contar con un atlas de riesgos que identifique plenamente todos los riesgos reales y potenciales, incluyendo los relativos a la planta regasificadora de Sempra y a las terminales generadoras de energía eléctrica; y el cual determine las acciones inmediatas a realizarse en caso de alguna emergencia; así como los mecanismos de coordinación con los municipios, a los que debe convocar para alcanzar los acuerdos que sean necesarios y la actuación conjunta que se requiera.
Los Gobiernos Municipales habrán de tener planes de contingencia de pronta respuesta, que realmente funcionen y que no sólo existan documentalmente; y coordinarse entre sí y con el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal.
El apagón del 8 de Marzo, es la expresión de un concierto de desatinos, donde tienen una enorme responsabilidad Sempra Energy y el Gobierno Mexicano, pero lo más grave no es que este evento sea el final de una serie de acontecimientos erráticos sino el principio de una etapa cuyo destino final ni siquiera nos imaginamos; y si ahora fue algo “accidental”, el día de mañana pueda realizarse con toda premeditación, alevosía y ventaja para dañar a la nación mexicana.
No debemos dejar pasar el asunto y verlo sólo “como una mancha más al tigre” que es Sempra. Por Baja California y por México, no debemos permitir el “aquí no pasa nada”; ni que Sempra, hoy dueño y señor de la energía y de la luz, se transforme mañana en el señor de las tinieblas para México.
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