En el sistema político mexicano, es una tradición el “Año de Hidalgo”. Que no es precisamente en conmemoración del llamado “Padre de la Patria”, Miguel Hidalgo, sino por la corrupción. Por aquello de que “tontejo el que deje algo”.
Efectivamente. No es que esté señalado en el calendario cívico, ni nada de eso, pero en el último año de toda gestión administrativa, los políticos dan rienda suelta a su codicia. Hasta los últimos días, horas y minutos, los aprovechan para saquear las arcas públicas. Firman contratos de última hora, benefician a los compas o amigotes e incluso a sí mismos.
Si durante los primeros años de gobierno, cometieron todo tipo de triquiñuelas, en el último se desatan. Por eso le llaman el “Año de Hidalgo”. Al grito de “tontejo el que deje algo”, parece que invitan a sus colaboradores a robar todo lo que puedan. Ellos mismos ponen el ejemplo.
Cabe recordar que el exalcalde priísta, Carlos Bustamante Anchondo, “fiel” a las “tradiciones mexicanas”, aplicó al pie de la letra, eso del “Año de Hidalgo”.
El día 22 de noviembre del 2013, 8 días antes de que concluyera la gestión del XX Ayuntamiento de Tijuana, un viernes, a las 6:00 de la tarde, para ser más precisos, Bustamante Anchondo propuso a Cabildo, autorizar 72 concesiones para instalar carteleras publicitarias en áreas públicas, a favor de a 8 empresas.
Esto, no obstante que en Tijuana, desde entonces, era casi un escándalo la incontrolada proliferación de anuncios espectaculares, y pese a que el slogan de su administración, era el de “una ciudad con orden”. Aunque irónicamente, en materia de espectaculares, dejó todo un desorden.
De las empresas beneficiadas, destacan 2. Una de ellas, Publicyr, S.A. de C.V., de la que entonces el propio Alcalde era socio en un 50% y el otro, su hijo Carlos Bustamante Aubanel. Su “Junior”. Le concesionó 9 espacios públicos.
El Artículo 46 de la Ley de responsabilidades de los Servidores Públicos, claramente advierte que “Todo servidor público debe desempeñar su función, empleo, cargo o comisión, observando siempre los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad e eficiencia
En especial, “sin obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones que por ley le corresponda por el desempeño de su función, sean para él o su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte”.
En pocas palabras, al concesionar el uso de bienes públicos a favor de su empresa, de la que era socio él mismo, así como su hijo, contravino lo dispuesto por dicha ley. Pero a 2 años de distancia, el Síndico Procurador, Arturo Ledesma Romo, no ha molestado a Bustamante Anchondo, ni con el pétalo de una rosa.
Curiosamente –y esto no es una mera coincidencia- otra de las empresas beneficiadas, con concesiones otorgadas por el XX Ayuntamiento, 8 días antes de concluir su gestión, fue es Anuncios e Imagen, S.A. de C.V., de la familia Ledesma Romo y de la que entonces era socio el actual Síndico Procurador, Arturo Ledesma, a la que le concesionó 17 áreas públicas.
El 3 de mayo del 2013, en sesión de cabildo del XX Ayuntamiento, se señaló que : “en materia de anuncios y rótulos, existe una cartera vencida, que asciende a los 1,400 anuncios que no cuentan con el permiso pertinente para su instalación y operación”. Brotaban como hongos por toda la ciudad, ante la complacencia e incapacidad de las autoridades municipales. Bustamante ha de haber dicho, que 72 más, no eran gran cosa.
Para que el “Año de Hidalgo”, deje de ser una “tradición”, se debe vigilar, que los funcionarios públicos dejen de seguir manejando los bienes públicos, como si fuesen de su exclusiva propiedad.
Y, obviamente, la única forma de frenarlos, es procediendo en contra de los malos funcionarios, tanto administrativa como penalmente. Las leyes existen. Solamente falta que se apliquen.
Muchos opinan, que la delincuencia prolifera, por la falta de valores en el seno familiar. Pero esto se da también en el ambiente político, y nadie parece percatarse de ello.
Muchos políticos, por no decir que todos, carecen de los más elementales valores morales. Son cínicos, desvergonzados y “manolargas”, pero nadie hace nada para fincarles responsabilidades.
Por su parte, los partidos políticos, solapan las actuaciones ilegales de quienes postularon y llevaron a ocupar cargos públicos, pero ya en funciones, nada hacen, para el caso de incurrir en actos ilegales o irregulares.
Lo recomendable, en estos casos, es reformar la legislación electoral, para responsabilizar a los partidos políticos, que solapan y encubren a los funcionarios públicos, emanados de su organización.
Esta es una forma, de cerrar el paso a la corrupción. Si a nadie se castiga, la corrupción seguirá cabalgando desbocada y la impunidad continuará siendo toda una institución. Mientras no se haga nada, seguirá prevaleciendo el “Año de Hidalgo”.
gil_lavenants@hotmail.com
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