* Gobierno municipal deberá explicar su proceder: abogado
TIJUANA (Uniradio informa).- El Juzgado 16 de Distrito otorgó un amparo contra las acciones que lleva a cabo el gobierno municipal en lo que fueron las instalaciones de la cárcel de “la Ocho”, la comandancia de la policía, así como la Estación de Bomberos Número 1, informó el abogado José Ángel Peñaflor Barrón.
Detalló que la acción legal no pudo tramitarse antes de que se demolieran los edificios al no contar con elementos suficientes, pues aparentemente se aceleró el proceso; incluso ni siquiera se han presentado las actas de la sesión de Cabildo del 24 de diciembre pasado, cuando se autorizó la desincorporación del inmueble.
El amparo 04/2012 que promovieron cinco ciudadanos analizará la legalidad de los actos del municipio y en consecuencia el gobierno municipal deberá explicar al juez de Distrito en qué términos llevó a cabo la demolición de los edificios y cuánto dinero ha costado, dijo.
Advirtió que en caso de que se confirme si hubo desvío de recursos, podría iniciarse una acción penal contra los responsables, pues también podría probarse la violación al artículo 5 fracción primera de la Ley de Preservación del Patrimonio Cultural del estado si se confirma que se trataba de un inmueble histórico.
Señala que son históricas las “construccionescreadas principalmente para cobijar o permitir el desarrollo de cualquier actividad humana, que se encuentren vinculadas a la historia social, política, económica, cultural, artística y religiosa del Estado, o que tengan más de 49 años de construido, así como aquellas relacionadas con la vida de un personaje de la historia de la entidad.
“Nosotros creemos que ese amparo se debe ganar quizá trae como finalidad que se vuelva a construir. Si se gana el amparo, que se construya el edificio tal y como estaba”, comentó Peñaflor Barrón.
Dijo lo anterior al afirmar que los edificios no habían dejado de ser útiles para el municipio, además de que antes de desincorporar y vender tendría que haberse solventado antes las necesidades de escuelas, hospitales y áreas de beneficio para la comunidad.
El gobierno municipal cuenta con tres días para responder los requerimientos del Juzgado de Distrito y entregar las actas correspondientes a la sesión del Cabildo del 24 de diciembre cuando se autorizó la desincorporación, mas no la venta.
Advirtió que una vez que se cuente con la documentación correspondiente, podría mejorarse el amparo contra las acciones de las autoridades municipales.
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