Por Teresa Gurza.
Con al menos media humanidad viviendo en la pobreza, economías quebradas por la pandemia, desempleo, crecimiento del descontento y gobernantes insensibles, la situación no da para más.
Y lo que por años fue una propuesta de la izquierda, criticada y descalificada por empresarios y algunos gobiernos, se está generalizado; y empieza debatirse la mejor forma de aumentar impuestos a los más ricos.
Lo están recomendando organismos 83 personas que figuran entre los más ricas del mundo, porque entienden que su seguridad depende de la del resto; y organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Económica para América Latina (Cepal), entre otros.
El FMI y la ONU proponen incrementar tasas a multinacionales y grandes fortunas; especialmente a las que se han beneficiado con el COVID-19, como ciertas empresas tecnológicas y farmacéuticas.
Y la CEPAL se pronuncia por “impuestos solidarios”.
Hay países que ya lo están haciendo y otros que empiezan a debatirlo.
La Primera Ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, subió el mismo día los impuestos a los ricos y el salario a los de abajo.
En su primer discurso ante el congreso, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió a los legisladores respaldar su plan de alzar impuestos a los más ricos, para poder invertir en infraestructura, seguridad social y gratuidad escolar y rescatar a las familias pobres y de ingresos medios, sin permitir evasión ni contratar deuda.
"Que los ricos paguen su parte justa", dijo Biden al presentar su plan económico, que incluye elevar la tasa impositiva máxima de 37, a 39 punto 6 por ciento, al uno por ciento de los hogares más ricos y del 21 al 28 por ciento, a las mayores empresas; y aumentar el impuesto a las ganancias del capital de alrededor de 500 mil personas, que perciben más de un millón de dólares al año.
Y propuso al G20, imponer un impuesto mínimo global del 15 por ciento a las corporaciones y combatir la evasión que se hace, a través de paraísos fiscales.
Poner gravámenes a ricos, está también ganando apoyo en América Latina; la región más desigual del mundo y qué enfrenta su peor recesión en dos siglos.
En Colombia el plan tributario del presidente Iván Duque, causó disturbios seguidos de brutal represión policíaca con muertos, heridos y desaparecidos y tuvo que ser retirado.
En Argentina y Bolivia, fueron aprobadas algunas reformas; en Uruguay, la oposición envió un proyecto para aplicar un impuesto temporal de 2 por ciento a los activos financieros de uruguayos en el extranjero, pero chocó con el presidente Luis Lacalle Pou, que controla el congreso.
En Chile se discute gravar a los "súper ricos" con una tasa de 2 punto 5 por ciento los patrimonios que excedan los 22 millones de dólares, para financiar un ingreso universal de emergencia.
Más otras cuestiones que se votarán esta semana, como subir de 27 a 30 por ciento el impuesto a grandes empresas, eliminar algunas exenciones tributarias y bajar por dos años el IVA, en productos de primera necesidad.
El recién asumido presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Cristián Allendes, dijo estar “abierto” a que se suban los impuestos, “pero cuidando las inversiones.”
Y expertos consultados por el diario El Mercurio, precisaron que hay un abismo entre lo planteado por Biden a su congreso y lo que busca Chile, porque los super ricos chilenos son muy pocos; y quienes ganan alrededor de 200 mil dólares al año, pagan una tasa de hasta el 44 punto 45 por ciento; mayor a la propuesta por el presidente estadounidense.
Costa Rica, estudia el tema; y el investigador del Instituto de Investigación Social, Francisco Robles Rivera, dijo que en la pandemia los 73 latinoamericanos más ricos aumentaron su riqueza en 17 por ciento en perjuicio de la pequeñas y medianas empresas y los sectores bajos.
En El Salvador, sucesivos gobiernos y legislaturas se han negado a subir los impuestos a los ricos, tasar empresas, transferencias financieras y bienes y servicios de lujo.
México no participa en estas discusiones, salvo por el proyecto que el legislador morenista Alfonso Ramírez Cuéllar anunció mandará al congreso, proponiendo un impuesto único que afectaría a 160 mil personas y recaudaría unos 5 mil millones de dólares.
Y el presidente López Obrador es enfático en asegurar, que no habrá nuevos impuestos.
Pero en esto, como en otras muchas cosas, miente; porque a la callada ha instrumentado alzas de impuestos para los pequeños ahorradores, mientras mantiene intocables inmensas fortunas y empresarios, “para no frenar el desarrollo”.
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