Por Sergio Anzures.
Así como vamos, hay más posibilidades de que Jaime Bonilla Valdez gobierne dos años, a que Francisco “Kiko” Vega sea procesado penalmente por uno de los tantos delitos que lo acusan.
En eso coincidieron especialistas en derecho sobre la nueva denuncia en contra del exgobernador panista, Francisco Vega de Lamadrid.
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Opinan: “si las otras denuncias no avanzan, ¿a poco va avanzar esta última presentada por la Auditoría Superior del Estado y la presidenta de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público, la diputada Eva Rodríguez, que es parecida a la que en noviembre del 2019, presentó el secretario general de gobierno, Amador Rodríguez Lozano?”
El gobierno de Francisco Vega de Lamadrid terminó su gestión el 31 de octubre del 2019, y a pesar de diversas denuncias penales, ninguno de sus exfuncionarios está sancionado por alguna irregularidad cometida durante su desempeño.
Se encuentran tranquilos viviendo a gusto, sin ser molestados y presumiéndolo.
Por lo que se podrán acumular denuncias en contra de Francisco “Kiko” Vega y ex funcionarios sin que pase nada, sólo queda el golpe mediático y en los hechos no se procesa a nadie.
Hoy por la mañana se confirmó la presentación de la denuncia de la Auditoría Superior del Estado en contra del gobierno encabezado por Francisco Vega de Lamadrid, ya que “a través de operaciones financieras simuladas con proveedores inexistentes, desvió mil 586 millones de pesos del erario”, de acuerdo a una Revisión Especial que realizó este órgano dependiente del Poder Legislativo de Baja California.
Se podría llegar a sumar un quebranto total superior a los 2 mil millones de pesos.
En la denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado, la Auditoría Superior del Estado señala que “los recursos ejercidos del 2014 al 2019 derivan de pagos a más de cien supuestos proveedores a través de 273 operaciones inusuales, gastos que representan cerca del 40% del presupuesto anual de la Secretaría de Salud en la entidad.
La Auditoría Superior del Estado documentó información que podría ser constitutiva de delitos de carácter penal federal, así como del fuero común”.
En el ámbito federal “los delitos que pudieron haber cometido los ex funcionarios son Delincuencia Organizada y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. En el fuero común serian Enriquecimiento Ilícito, Ejercicio Ilícito del Servicio Público, Abuso de Autoridad, Peculado, Uso Ilícito de Atribuciones y los demás que pudieran ser constitutivos en base a las conductas de los servidores públicos”.
La Auditoría Superior del Estado, órgano dependiente del Poder Legislativo del Estado hizo primeramente “una revisión de trabajos facturados y pagados en el ejercicio fiscal del 2018. En base a los hechos y las irregularidades detectadas la amplió a los ejercicios fiscales del 2014, 2015, 2016, 2017 y 2019”.
Se concluyó que “se observaron en términos generales operaciones inusuales repetitivas que el Ejecutivo del Estado realizó del 2014 al 2019.
Se detectaron prestaciones de servicio sin convocatoria, ni licitaciones a las que están legalmente obligados, sin contratos por la prestación de servicios y sin recepción ni evidencia del servicio prestado.
Derivado de lo anterior fueron cuantificadas 273 operaciones inusuales con 100 proveedores por un monto pagado de mil 586 millones 150 mil 299 pesos.
En las revisiones se encontraron transferencias de recursos a diversas entidades de la Administración Pública Estatal, por cerca de mil millones de pesos, mismos recursos que fueron reintegrados al mismo Ejecutivo, para compensar presuntamente los saldos generados por las múltiples salidas de recursos en el pago de proveedores para las operaciones inusuales denunciadas.
Está por concluir adicionalmente auditoria donde se detectaron otros 32 millones 829 mil 490 pesos de operaciones similares con prestadores de servicios del Comité de Planeación del Estado de Baja California (COPLADE).
Entre los conceptos de servicios supuestamente prestados y que fueron pagados dentro del monto general del presunto quebranto, destacan un diagnóstico del Estado financiero del sector salud por 11 millones de pesos; lineamientos para el costeo de la plantilla del magisterio y burocracia por 11 millones.
Dos análisis relacionados con la regularización de los vehículos, uno por un monto de 8 millones y otro de 5 millones. Una supuesta evaluación y diagnóstico de los programas de Atención Social por 8 millones; un análisis de las finanzas de ISSSTECALI por 9 millones. Un análisis de los reglamentos internos del Ejecutivo por 11 millones de pesos; el diagnóstico de las finanzas de la entonces Procuraduría General de Justicia por 8 millones de pesos; un estudio de comunicación estratégica por 3 millones de pesos.
Además se pagaron 17 millones 933 mil pesos por concepto de una estructura jurídica y financiera para una línea de crédito hasta 800 millones de pesos para el Gobierno del Estado. En general, por la Gestión de Fondos Federales para el Fortalecimiento Financiero y/o Saneamiento Financiero del Estado, se pagaron aproximadamente 707.6 millones de pesos y por la elaboración de estudios, diagnósticos, asesorías, consultorías, etcétera, un monto aproximado de 438. 3 millones de pesos, entre otros pagos”.
La denuncia penal contra “Kiko” Vega se presenta un día después que la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó que el lunes 11 de mayo del presente año, analizará el expediente 112/2019 sobre las acciones de inconstitucionalidad presentadas por INE, Comisión Nacional de Derechos Humanos, Partido Baja California, Movimiento Ciudadano, PAN, PRI y PRD, en contra de la extensión de cinco años de la gubernatura de Baja California.
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