Por Sergio Anzures.
La dimensión que ha cobrado la pandemia de Coronavirus en el país ha elevado los niveles no solo de alerta sino de alarma por el grave riesgo de contagio que avizoran los expertos de la Organización Mundial de la Salud y que obligó al gobierno federal ha establecer medidas más radicales buscando reducir el impacto inevitable que este COVID-19 dejará entre los mexicanos.
El desacato a las disposiciones de las autoridades en materia de salud puede llegar a tener consecuencias administrativas y hasta coercitivas, lo anterior para los ciudadanos comunes.
Sin embargo, llama sospechosamente la atención, el proceder de un Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, de nombre Daniel Aguilar Patiño, quien en un cuaderno preliminar a solicitud de un Ministerio Público fija una audiencia que curiosamente emite con fecha 23 de marzo del 2020 —cuatro días después de la parálisis judicial obligada y sustentada por acuerdo de la Judicatura y respaldada por el Tribunal Superior de Justicia del Estado— que busca realizar a como sea según parece, pues pretende llevarla a cabo el próximo viernes 27 de marzo a las 12 de medio día en la sede del Centro de Justicia de Tecate.
Justamente donde se encuentra el acuerdo del Consejo de la Judicatura publicado en la entrada de dicho Centro, por ello resulta una posible flagrante violación a las disposiciones mencionadas por los órganos jurisdiccionales a los que debe sujeción y dependencia y de igual manera violentando todo derecho humano al exponer al contagio de COVID-19 a quienes convoca para dicha diligencia incluyéndolo a el mismo.
La postura del funcionario judicial no es bien vista si nos adentramos en los actores de su requerimiento, pues destaca la líder de la Unión Ciudadana por el Futuro de Tecate de nombre Adriana González May,
quien ya ha sido requerida por la Fiscalía General de la República por diversas imputaciones y es investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno federal por su manera de vivir que contrasta con sus ingresos como empleada doméstica.
Ella es ligada a la protesta contra compañías gaseras que representan competencia para quienes tienen el monopolio del gas en el Estado y contra quienes jamás protestas muy a pesar de los riesgos inminentes y el abuso en los precios que representa el producto que venden.
La señora Adriana González pretende comparecer con dos abogados de nombres Jesús Ricardo Álvarez y Margarita Mendoza, que cobran bastante bien sus honorarios.
Hay que agregar que en la pretensión del Juez Daniel Aguilar Patiño está como señalada la persona moral Hidrocarburos del Noroeste S.A. de C.V. mismos que ofrecen el gas LP a un costo mucho más bajo que cualquier otra compañía en Tecate.
En una pandemia como el coronavirus, la pretensión del Juez Daniel Aguilar pone en riesgo a todos los involucrados, sin importarle las medidas de prevención tomadas a nivel nacional y estatal.
Tal parece no le interesa el llamado del gobernador Jaime Bonilla Valdez de distanciamiento social para evitar la propagación del virus en Baja California.
Las preguntas obligada son: ¿quién manda verdaderamente al Juez Daniel Aguilar Patiño? ¿A quién obedece? ¿Trata de violentar lo establecido por la Judicatura y el Tribunal Superior de Justicia del Estado? ¿No le interesa que los asistentes a la audiencia se enfermen?.
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