Por Sergio Anzures.
En 2018, el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid gastó en viáticos para sus funcionarios un monto equivalente a 2.5 veces más a su gasto en salud.
En ese año, en Baja California se gastaron más de 169 millones de pesos en gasolina, esto es: seis veces su gasto en salud (26 millones de pesos), tres veces su gasto en transporte ( 57 millones de pesos) y 1.3 veces su gasto en turismo (126 millones de pesos).
Esto no lo dice AJEDREZ POLÍTICO, es el estudio “Verdaderas Prioridades del Gasto Público Estatal” del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Esto se traduce en tantas carencias en los hospitales generales como la falta de medicinas para niños con cáncer, también el no pago a maestros.
El informe establece que uno de los factores que explica la crisis financiera por la que atraviesa la administración pública estatal es la indisciplina financiera.
El IMCO detalla que también e lo xiste una diferencia del gasto presupuestal y el ejercido en los rubros de seguridad, justicia, salud y educación.
En educación, Baja California el año inmediato anterior tuvo un subejercicio de más de ochocientos dieciocho millones de pesos, casi quince millones de pesos en salud, más de treinta y dos millones en protección social.
Por otra parte, en materia de seguridad, la entidad había programado un gasto anual de seiscientos veintiún millones, lo amplió a novecientos sesenta y nueve millones de pesos, pero solo ejerció novecientos cuarenta millones de pesos, por lo que registró un subejercicio de más de treinta y siete millones de pesos.
Así las cosas, tal parece que al gobierno de Francisco Vega de Lamadrid era más importante tener sus gastos pagados, al Igual que de sus funcionarios, que no gastaran un peso de su salario, sino del dinero del pueblo.
Médicos especialistas indicaron que este gasto excesivo en viáticos pudo haber provocado que niños con cáncer se quedaran sin quimioterapias, y tuvieran que manifestarse ayer en el Hospital General de Tijuana.
Sus papás encabezaron esa manifestación y dijeron que sus niños llevan tiempo sin recibir el tratamiento oncológico, por lo que un estimado de 80 niños pueden recaer o retroceder en su batalla por el cáncer.
Una herencia triste que pone en riesgo la vida de esos niños y que empezó a resolver el actual gobierno de Baja California.
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