La zona de tolerancia en el municipio de Playas de Rosarito, mejor conocida como La Barbachano, se encuentra próxima a ser el campo en el que se desarrolle una riña colectiva entre los trabajadores denominados “jaladores” de los antros “El Coco Beach” y “El Bombay”, propiedad de Jesús González Lomelí, contra el resto de los giros negros que ahí se asientan.
La razón de esta visualizada confrontación, guarda sus raíces en el comportamiento altanero y agresivo con el que se conducen los jaladores que están bajo el dominio contractual de González Lomelí, de quien manifiestan sus subordinados sin reparo alguno cuando se les cuestiona sobre el particular, “Chuy” como lo nombran, es quien controla y maneja el gobierno municipal de Rosarito.
Como referencia debemos establecer, que la figura del empleado denominado jalador no se encuentra en los ordenamientos municipales, es un ente que es tolerado por la dependencia que es responsable de vigilar que este tipo de negocios cumplan con los reglamentos municipales y operen dentro del marco que los mismos les señalan, Inspección y Verificación, que actualmente titula en el VII Ayuntamiento, Ricardo Peñaloza.
El trabajo que desempeñan estos empleados es el de atraer y convencer a los transeúntes que circulan por la zona, turistas y residentes locales, con el fin de que ingresen al antro para el cual prestan sus servicios y se transformen en potenciales consumidores de bebidas con contenido etílico para el beneplácito y beneficio de su empleador.
Las zonas en las que deambulan los jaladores es limitada por el espacio que abarca el negocio para el cual se alquilan, o en su caso, el perímetro de actividad lo establecen los funcionarios de Inspección, en cualquiera de los casos, la intensión es el que trabajen con libertad pero respetando el entorno de sus competidores.
Acuerdo que inobservan los jaladores de “Chuy” González, bajo el argumento de que su patrón es quien ordena vayan tras los clientes sin importar que invadan las zonas de actividad de los jaladores de la competencia ya que él dispone y manipula a su libre albedrío a los funcionarios del gobierno municipal y pueden actuar con la confianza de que no habrá acción punitiva en su contra por parte de Inspección y Verificación.
Este problema dio inicio a partir del primer día de gobierno de la presente administración y ha ido generando constantes roces entre los jaladores de Jesús González Lomelí con el resto de los trabajadores de los bares que ahí existen, por la invasión de sus zonas de actividad que en ocasiones llegan hasta las puertas de los bares.
Los altercados van en escalada de tono y agresividad, y de continuar así, terminarán en una riña campal de serias y lamentables consecuencias ya que entre todos los empleados de ese rubro suman más de un centenar entre mujeres y varones, cuyo detonante será el hartazgo que existe por el abuso e impunidad con la que actúan los subordinados a “Chuy” González Lomelí, y el sometimiento y permisividad de la autoridad municipal para con él y sus empleados.
Solo resta conocer si el ejecutivo municipal tiene conocimiento de esta anomalía en la que se encuentran inmersos los funcionarios de la Dirección de Inspección y Verificación, si es verídica la maleabilidad y sometimiento de estos que tanto cacarea “Chuy” González, y de ser cierta, el porque se registra esta irregular situación.
De no establecer el orden en esa zona el gobierno municipal, las consecuencias afectarán la imagen de la autoridad y de Rosarito.
Y mientras tanto….
Con la parafernalia armada por los medios informativos amistosos por la detención del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, los ojos de los mexicanos se alejaron del proceso electoral en estado de México.
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