Esta semana, el gobierno del Distrito Federal, por fin dió a conocer las disposiciones jurídicas que regularán el servicio de transporte de pasajeros, bajo las modalidades conocidas como Uber y Cabify, similares a los que operan en Tijuana y que han generado múltiples controversias.
A partir del jueves, las empresas que prestan este servicio en el D.F., deben registrarse ante la Secretaría de Movilidad, para poder continuar operando.
Quienes están a favor de este servicio, comparándolo con el que prestan los transportistas tradicionales, quisieran que ni los molestaran. Suponen, que por tratarse de un servicio de excelente calidad y la forma de contratación, mediante aplicaciones a través de teléfonos móviles, no pueden, ni deben ser regulados por ley alguna. Nada de eso.
Aún cuando operan bajo reglas de operación, distintas al transporte tradicional, los Uber y todo aquello que se les parezca, deben ser regulados, controlados y supervisados por la autoridad. Como ahora lo harán en el Distrito Federal.
Hay quienes alegan que, que el servicio de Uber, no lo prestan empresas. En el DF ya quedó plenamente demostrado que sí. Las empresas, reclutan y controlan a los prestadores del servicio, ganando estas el 20% del costo de cada servicio, cuando se utilizan vehículos de 4 plazas, y un 25% en los de mayor capacidad. Dicho en otras palabras, no brotan como por arte de mágia.
Es más, cada empresa deberá pagar por el registro anual, la cantidad de 4 mil 617.50 pesos y cada vehículo deberá contar con un permiso anual, con un costo de mil 599 pesos. Aportarán al gobierno del Distrito Federal el 1.5% del monto de cada servicio prestado, para la creación de un fondo para el táxi, la movilidad y el peatón. No se ha difundido los fines de dichos recursos, pero deben ser a beneficio del propio usuario del transporte.
Quienes hablan sobre la calidad del servicio, se refieren al mismo con satisfacción, lo que no está a discusión, comparado con la condiciones del transporte tradicional.
Lo que se discute, es que la autoridad responsable del transporte en general, trate de eludir responsabilidades, argumentando que debido a lo novedoso, no hay disposición legal aplicable. Pero no se observa interés o preocupación por hacer las adeuaciones legales necesarias o pertinentes.
A partir de que en el Distrito Federal, ya establecieron la reglamentación correspondiente, se demuestra que sí se puede, que solo se requiere voluntad para ello. Además, ya no es necesario andar inventando nada, pueden solicitar a las autoridades capitalinas, que les permitan observar las reformas y adecuarlas para su aplicación en Baja California.
Lo que no se debe hacer, es dejar que cada quien preste el servicio de transporte de pasajeros, a su libre albedrío. Sin intervención alguna por parte de la autoridad, que verifique las condiciones mecánicas y de presentación de los vehículos y la vestimenta y trato del personal que presta el servicio.
Imaginen el problemón en que se mete la autoridad, que se mantiene al margen de este servicio, por el simple hecho de que no hay norma jurídica aplicable, en caso de un accidente y los usuarios del servicio, ademas de resultar lesionados, queden desamparados o en desventaja, por falta de cobertura de aseguranza alguna.
¿Contra quien procederán las víctimas, si la autoridad encargada del tema del transporte, en este caso la Dirección de Vialidad y Transporte del Ayuntamiento de Tijuana, carece de control al respecto?
¿Cómo identificar a la empresa prestadora del servicio, o a los choferes, si no hay registro alguno, como a partir de esta semana lo establecieron en el Distrito Federal?
¿Y qué pasará, en caso de que un criminal, se integre a la prestación del servicio, si nadie verifica su identidad, ni mucho menos sus probables antecedentes penales? El tema es más serio de lo que parece.
El problema no es el costo de la regularización o control de los prestadores del servicio, como al parecer es lo que preocupa a muchos, principalmente por el hecho de que los permisos o concesiones del transporte tradicional, siempre de han manejado con tintes políticos y mercantiles, incrementado exageradamente sus costos, en beneficios de unos, y en detrimento del servicio.
Se generan hartas sospechas, cuando la autoridad responsable del transporte, elude poner atención en este tema, como si se tratara de proteger intereses de determinados personajes.
Lo más sano, es adecuar la legislación y someterlos al orden. Si se hace con claridad y al margen de intereses políticos, los nuevos modelos del transporte, seguirán siendo negocio redituable para quienes le observaron condiciones de rentabilidad.
Es más, ojalá que tales ventajas, también las entiendan y reconozcan los transportistas tradicionales y decidan invertir sus recursos en estos nuevos modelos, pero con esquemas simplificados, para que no ocurra como con el sistema tradicional, que en gran parte esta viciado por el acaparamiento y rentismo de placas o permisos.
Ese sería un paso importante, para el mejoramiento del servicio de transporte tradicional. Facilitar la obtención de permisos o concesiones, y disminuir los costos, para que todo aquel que lo vea como una opción de independencia personal y mejoría de su familia, tengan esa posibilidad. En el DF se pudo, ¿y en Tijuana cuando?
gil_lavenants@hotmail.com
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