Hay un dicho por ahí, que advierte : cuando se pelean las comadres,salen a relucir los trapos sucios. Aunque en el caso a comentar, no se trata precisamente de un “pleito de comadres”, no cabe duda que entre los dimes y dires, surgen las verdades.
Se trata de la determinación del Cabildo del XXI Ayuntamiento de Tijuana, para dejar sin efecto el procedimiento para sacar del dominio público del patrimonio de la ciudad, el terreno ubicado en Constitución y Calle Octava, de la zona centro, donde existían las instalaciones de la Comandancia de la Policía municipal, la cárcel preventiva y cuartel de bomberos.
Esto ocurrió el pasado miércoles 24 de junio. En su totalidad, los integrantes del Cabildo, se pronunciaron a favor de que el predio de referencia fuese reintegrado al patrimonio de la ciudad y se dedique la construcción de un parque.
La decisión, no fue del agrado del exalcalde Carlos Bustamante, porque con eso, se echó por tierra un proyecto personal, consistente en vender el predio y el producto entregarlo a empresarios, mediante el Fideicomiso para la Reactivación Económica de la Zona Centro. Y también le molestó, que hoy se califique negativamente, ese proyecto que en su momento le generó enormes críticas.
Cabe observar, que en sesión ordinaria de Cabildo, de 24 de diciembre de 2011, se aprobó la desincorporación del citado predio, del patrimonio del dominio público del Ayuntamiento, con superficie de 3,036.62 metros cuadrados, en el que se encontraban la cárcel preventiva, la comandancia de la policía municipal y el cuartel de bomberos.
Al hacer un avaluo, para el trámite de ls desincorporación, se determinó que el inmueble tenía un valor total de 20 millones 962 mil 100 pesos, considerando 12 millones 32 mil pesos por el predio, 7 millones 423 mil 100 pesos por las construcciones y 1 millón 507 mil pesos por obras complementarias.
Pero surgió un problema. El Cabildo aprobó la desincorporación del predio y construcciones, pero nunca se dijo nada sobre la posibilidad de destruir o demoler lo que durante tantos años operó ahí.
Tal vez por las prisas, ni Bustamante, ni sus colaboradores, se percataron que no contemplaron que el Cabildo aprobara la demolición de las construcciones. Consideraron que no tenía importancia, si al final de cuentas ya se sabía que el predio sería engtregado al fideicomiso de mejoramiento de la zona centro.
Por lo tanto, pese a tratarse de temporda decembrina, el día 28 de diciembre de 2011, el gobierno municipal contrató una constructora, para que al día siguiente, demolieran las construcciones, con un costo de 3 millones, 162 mil 641 pesos. Las prisas, fueron porque se temía que el proyecto quedara estancado, por posible amparo que promovieran los vecinos u organizaciones civiles.
En el dictamen 287 de la Comisión de Fiscalización del gasto público, de la Legislatura Estatal, se hizo la observación de que el gobierno de Bustamante, no fue autorizado por el Cabildo, para demoler las instalaciones, ni tampoco para contratar una constructora que lo hiciera, ocasionando un dañó patrimonial por un monto por un valor estimado en 12 millones 92 mil 740 pesos. Sumando el valor de las instalaciones, obras complementarias y el costo de la demolición.
De paso, prácticamente se indica que la demolción de las instalaciones, fue hecha en forma ilegal, pues el dictamen técnico, elaborado para acordar la desincorporación del inmueble, no tereminó, ni justificó, literalmente “que dicho bien hubiese dejado de ser para la prestación de un servicio público y/o que no hubiese sido factible utilizarlo para algún otro aprovechamiento en beneficio de la comunidad, siendo estos requisitos indispensables para justificar y sustentar su desincorporación”.
La legislatura, en base al contenido del Dictamen 287, requirió a la entonces Síndico Procuradora, Yolanda Enríquez, que solventara o justificara tales irregularidades y esta, en lugar de fincar responsabilidades o el pago o reparación del daño, ordenó un avaluo amañado, informando a la legislatura, que no hubo tal daño, pues en lugar de los 20 millones 962 mil 100 pesos, fijados inicialmente, ya limpio el terreno, su valor creció a 26 millones 722 mil pesos, o sea 5 millones 760 mil 100 pesos, cuando que inicialmente el valor era de solo 12 millones 32 mil pesos. Solamente por limpiarlo, el valor creció al doble. Que se los crea su abuela.
Por eso, el actual Síndico Procurador, Arturo Ledezma Romo, al ser cuestionado sobre este punto, o sea el daño patrimonial ocasionado por Bustamante, simplemente dijo, mediante boletín oficial, que este tema ya estaba resuelto y que la Legislatura no había hecho alguna observación. Recuerden aquello de: “mi tía me pidió que no molestara a mi tío Carlos”.
El problema es que el tema enojó a Bustamante Anchondo, quien estalló y calificó de inepta a la administración de su sucesor, Jorge Astiazarán, y de tonto al Síndico Social, Bernabé Esquer, por ser el promotor de la propuesta para reintegrar al gobierno local el multicitado predio. Olvidó aquello de que : “el que se enoja, pierde”.
El Alcalde Astiazarán, ya no quizo echarle más leña a la hoguera, señalando simplemente que “chamba mata grilla”, pero el Síndico Social, obviamente molesto por lo dicho por Bustamante, advirtió que exigirá sanción para quienes ocasionaron daño patrimonial y que irá hasta el fondo, en este asunto.
Ahora resulta, que Bustamante llama ineptitud al hecho de que se le saquen sus trapos sucios. Las cochinadas apestan.
gil_lavenants@hotmail.com
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