Uno de los principales defectos de los políticos, es que además de ser de pìel sensible -se irritan por todo-, en lugar de reconocer sus fallas o excesos, a la primera critica, señalamiento o alusión, salen con bravuconadas. Suponen, que alzando la voz, todos le van a sacar la vuelta.
Cuando son jóvenes, hasta cierto punto se justifica o entiende. Son inmaduros, aún son hijos de familia, si algo les sale mal, papi responde por ellos. Pero cuando ya son adultos, diríamos de la tercera edad, andar con estas cosas, resulta ridículo.
Este es el caso del exalcalde priísta, Carlos Bustamante Anchondo, que incurrió en una serie de irregularidades, durante su gestión administrativa. Una de ellas, solo una, que conste, fue el haber destruido el edificio que labergaba a la comandancia de policía municipal, la cárcel preventiva y el cuartel de bomberos.
Fue en base a un mero capricho. Había fraguado un negocio con el terreno en el que se encontraban dichas instalaciones, la esquina de la Avenida Constitución y la Calle Octava, en la zona centro de la ciudad.
Algunas organizaciones civiles o promotores culturales, le solicitaron la dejara intactas, para crear un sitio histórico, cultural o una zona de esparcimiento para los tijuanenses. A nadie le hizo caso, pues ya traía su plan.
De pronto se le complicaron las cosas. Entonces, optó por desincorporar el bien inmueble del dominio público del gobierno municipal. Un bien de dominio público, o sea de uso común, como calles o parques, no puede ser objeto de venta alguna. Al ser declarado de dominio privado, aunque sigua siendo del gobierno, entonces se puede enajenar a particulares.
Tratando de justificar esto, dijo que se vendería el inmueble y los recursos se donarían a un supuesto Fideicomiso para la Reactivación Económica de la Zona Centro. Esto lo aprobó el Cabildo del XX Ayuntamiento, en sesión del 24 de diciembre de 2011.
Como las protestas y reclamos persistían, el exalcalde de desesperó y entonces decidió demoler las instalaciones. Ya le habían aprobado la desincorporación, el demoler, se le hizo algo sin mayor importancia.
Para proceder a la desincorporación, se realizó un avaluo, determinado que el valor total del inmueble, era de 20 millones 962 mil 100 pesos, considerando 12 millones 32 mil pesos por el terreno, 7 millones 423 mil 100 pesos por construcción y 1 millón 507 mil pesos por obras complementrarias.
Al demoler las edificaciones, sin autorización de cabildo, ocasionó daños patrimoniales al gobierno de Tijuana, por un monto de 12 millones 92 mil 740 pesos. por las construcciones y obras complementarias, así como por lo que se pagó a la constructora que llevó a cabo la demolición, acciones estas que nunca fueron autorizadas por el Cabildo y que por ello deben ser reclamados al exalcalde o en su caso fincarle responsabilidades por ello.
Tales irregularidades fueron detectadas y observadas, por la Comisión de Fizcalificación del Gasto Público, de la Legislatura Estatal, mediante el Dictamen 287, de 19 de febrero de 2013. Esto, al revisar la cuenta pública del XX Ayuntamiento de Tijuana, encabezado por Carlos Bustamante. En total se hicieron 118 observaciones, requiriendo a la entonces Síndico Procuradora, Yolanda Enríquez, que las solventara. Esto es, que exigiera a los responsables que las corrigieran o en su caso procediera a sancionarlos.
A la titular de la Sindicatura, se le hizo fácil, o atendiendo las instrucciones de su jefe, el Alcalde, realizar un avaluo, en el que se indicara que no hubo tal daño patrimonial, sino al contrario, que al demoler las instalaciones y dejar limpio el terreno, el valor del predio, se incrementó al doble.
Todo esto salió a relucir, cuando en días pasados el XXI Ayuntamiento, encabezado por el Dr. Jorge Astiazarán Orcí, determinó dejar sin efecto el procedimiento de desincorporación y destinar el predio de la Calle 8, para hacer un parque, calificando como un error lo hecho por Bustamante.
Esto causó el enojo del exalcalde, quien sumamente irritado no pudo controlar su ira, al grado de que calificó de inepta a la administración de Astiazarán y de tonto al Sindico Social, Bernabé Esquer, quien impulsó el proyecto para recuperar el predio que Bustamante quería regalar a los empresarios, para mejorar la zona centro.
Como era lógico, Bernabé advirtió que irá a fondo en este asunto, en cuanto al daño patrimonial, cuyos responsables, deben reintegrar el recurso y sancionaelos, penal o administrativamente, según corresponda.
Este lunes, en una visita al predio, junto con el Síndico Social, el diputado panista, Mario Osuna, dió a conocer que ya solicitó al Orfis, que indique si las observaciones a la cuenta pública 2011, de la administración de Bustamante, fueron realmente solventadas y se hagan públicas las sanciones aplicadas a los funcionarios responsables.
Esto promete dar mucho de que hablar en los próximos días, apareciendo entre los involucrados, no solamente el exalcalde Bustamante Anchondo, sino la titular de la Sindicatura Procuradora, Arq. Yolanda Enríquez, por haber maniobrado para no sancionar a nadie, y al actual Síndico Procurador, Arturo Ledezma Romo, por no revisar este asunto.
Nadie le dijo a Bustamante, que “calladito se ve más bonito”. Por andar de bravucón, puede ocupar el banquillo de los acusados. “Mi tía me pidió que no molestara a don Carlos”, dicen que dijo el Síndico, cuando lo cuestinaron al respecto.
gil_lavenants@hotmail.com
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