Cuando a algún político se le ocurre hacer algo, aunque sea improcedente o ilegal, lo hace “por sus pistolas”, pues sabe perfectamente que nadie le hará reclamación alguna, ni mucho menos intentará fincarle responsabilidades. Por un principio básico, que rige en el sistema político mexicano : “perro, no come perro”.
Esto, por cuanto hace a hechos ocurridos en diciembre de 2011, siendo Alcalde de Tijuana, el empresario priísta Carlos Bustamante Anchondo, observados como ilegales por la Comisión de Fiscalización del Gasto Público de la Legislatura Estatal, y cuya reclamación y sanción correspodiente debió formular la Sindicatura Procuradora del XXI Ayuntamiento, a cargo de Arturo Ledezma Romo.
Tales hechos, fueron asentados en el Dictamen 287 de la mencionada comisión legislativa, que presidía el diputado Juan Vargas Rodríguez, siendo Secretario el diputado Juan Bautista Montejano de la Torre y como vocales los diputados Fausto Zárate Zepeda, Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, Claudia Josefina Agatón Muñíz, María del Rosario Rodriguez Rubio, José Máximo García López y María Elvia Cabañas Aparicio.
Nancy, es la dirigente estatal del PRI, Claudia Josefina Agatón, directora de Comunicación Social del Congreso del Estado y protegida del actual diputado petista, Armando Ledezma, aspirante a Alcalde de Ensenada, la panista Rosario Rodríguez, diputada federal electa por el Distrito 7 y el panista Max García, diputado federal electo por el distrito 5, y Cabañas Aparicio, dioutada federal. Todos, ampliamente conocidos. Ninguno de ellos movió ni un solo dedo, para castigar a los protagonistas de esta historia.
Por eso, aquello de que : “tanto peca el que mata a la vaca, como el que le agarra la pata”. En este caso, muchos le agarraron la pata y todos merecen ser sancionados. Así mismo, ejemplo prácito de la conjugación del verbo “tapar” : “yo te tapo, tú me tapas, él nos tapas, nosotros nos tapamos”.
Pero veamos de qué se trata. Fue algo que ocurrió a fines del 2011, siendo Alcalde de Tijuana, Carlos Bustamante y que, a 4 años de distancia, el Síndico Procurador del XXI Ayuntamiento, Arturo Ledezma Romo, debió haber procedido, para deslindar responsabilidades, administrativa y penalmente. Pero, dicen que dijo : “Entiéndame, mi tía me pidió que no fuese a molestar a don Carlos”.
Este miércoles, 24 de junio, el Cabildo del XXI Ayuntamiento de Tijuana, que encabeza el Dr. Jorge Astiazarán, determinó, por votación unánime, ordenar la reincorporación del citado predio, ubicado en la esquina de la Avenida Constitución y Calle Octava, en donde estaba el edificio que albergaba a la Comandancia de Policía Municipal, la cárcel preventiva y el cuartel de bomberos.
Incluso, se dió a conocer que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, conocida como Sedatu, aceptó el proyecto de construir ahí un parque, para lo que se invertirán 14.9 millones de pesos. Hasta ahí, todo bien.
Curiosa o extrañamente, muchos olvidaron esta historia y la serie de anomalías en que se incurrió. Las instalaciones de la cárcel y de la comandancia de la policía preventiva, eran requeridas por organizaciones civiles, para hacer ahí un sitio histórico, o al menos un área de esparcimiento para los tijuanenses.
El Alcalde Bustamante, se encaprichó en destruirlas y venderlas, dizque para constituir un fideicomiso para el mejoramiento urbano de la zona centro. Para ello, elaboró el avaluo correspondiente y dió trámite al procedimiento de desincorporación del patrimonio del dominio público del gobierno local.
En el Dictamen 287, de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público de la Legislatura Estatal, se determinó, que de acuerdo al avalúo del 22 de marzo de 2011, el valor del inmueble era de 20 millones 962 mil 100 pesos, considerando 12 millones 32 mil pesos por el terreno, 7 millones 423 mil 100 pesos por construcción y 1 millón 507 mil pesos por obras complementrarias.
El caso es que, ante la posibilidad de que por la vía del amparo, se evitara que el gobierno municipal vendiera el inmueble, el Alcalde Bustamante, “por sus pistolas”, ordenó la demolición de las instalaciones el 29 de diciembre de 2011, para lo cual, un día antes, contrató, por adjudicación directa, o sea sin licitación alguna, una constructora, pagándole por ello 3 millones 162 mil 640 pesos.
A casi 4 años de distancia, luego de fallar en sus intentos de venta, el cabildo del XXI Ayuntamiento, determina hacer un “borrón y cuenta nueva”, ordenando la reincorporación del inmueble al patrimonio del dominio público de la ciudad. Sin embargo, nadie ha dicho nada, respecto al daño patrimonial que ocasionó Bustamante, al demoler “por sus pistolas”, las construcciones que ahí existían.
Los daños ascienden a un total de 12 millones 92 mil 740 pesos. por las construcciones y obras complementarias demolidas, así como por lo que se pagó a la constructora que llevó a cabo la demolición, acciones estas que nunca fueron autorizadas por el Cabildo y que por ello deben ser reclamados al exalcalde o en su caso fincarle responsabilidades por ello.
Lo interesante es que, con tales hechos, se dan los elementos para exigir y promover juicio político en contra del Síndico Procurador, Arturo Ledezma Romo, al omitir cumplir con sus responsabilidades en este caso concreto y por ello hacerse co-partícipe del daño patrimonial que ocasionó el exalcalde Bustamante.
Como dicen : “tanto peca el que mata la vaca, como el que le agarra la pata”.
gil_lavenants@hotmail.com
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