* LEGADO: Empantanamiento politico, discriminacion social Pestilente aroma a corrupción, abuso de poder, tráfico de influencias, nepotismo, enriquecimiento ilícito y nexos con narcotráfico.
Por Miguel Rojas Salazar
LAS FICHAS NEGRAS AZULES
Además de que históricamente el PAN siendo ultraderecha coaliga a la extrema izquierda PRD, otra circunstancia atípica es que será la primera elección que enfrentará Enrique Peña Nieto como presidente y como segunda característica, que Baja California en 1989 fue el primer estado donde un partido de oposición se le reconociera el triunfo electoral y que en los últimos cuatro sexenios el estado ha sido gobernado por el PAN, con excepción en el 2010 que el PRI logro ganar la mayoría en el Congreso del Estado.
Al celebrar 25 años de poder el PAN posiciono el poder acrecentando un “Banco” de miembros que expandió a través de familias incrustadas en el organigrama de estado mediante nepotismo.
La clase gobernante del PAN sinónimo de impunidad e intocabilidad
La línea de sucesores gobernantes y alcaldes, han sido personajes políticos ligados al narcotráfico como el caso especifico del primigenio gobernante opositor en México, Ernesto Ruffo Appel, campañas políticas financiadas por los Arellano Félix, vinculo de su hermano, de sus procurador y sus postsesores en fila, amen, de abuso de poder y enriquecimiento a la vista en cada político o funcionario público ramificado desde sus raíces.
Casos de corrupción en los gobiernos de (Eugenio) Elorduy, Héctor Terán Terán, Alejandro González Alcocer, Ernesto Ruffo Appel, al inicio, son muy claros, son incuestionables, de tal suerte que dio cuenta de ello en su momento precisamente la prensa televisiva, escrita y radiofónica, y a últimas fechas también un testigo que hizo señalamientos claros e inobjetables en medio de la efervescencia política.
Otro testigo que hizo una relatoría a través de una carta abierta, el señor general (Sergio) Aponte Polito, miembro precisamente de la Secretaría de la Defensa Nacional”, fue removido por Osuna Millán.
De Luis Enrique Díaz Félix, ex alcalde de Playas de Rosarito, mencionó el incidente de tránsito en que se vio involucrado y que dejó personas lesionadas, y el haber autorizado la instalación de palenques clandestinos, lo cual quedó establecido en medios de comunicación.
También mencionó al ex presidente municipal rosaritense Antonio Macías Garay, sobre quien la Procuraduría General de la República llevó a cabo una investigación.
Recordó que él mismo presentó una demanda de juicio político contra el exalcalde de Tijuana Jorge Ramos Hernández por la concesión del estacionamiento ubicado en lo que fue una plazoleta, con el cierre de una calle.
Rechazó que sus declaraciones tengan un trasfondo político o estén motivadas por el proceso electoral.
Nadie sabe qué pasó con las toneladas de arena que sacaron de ahí. Quién es el responsable, quién es el concesionario, quién la tiene, quién lo conoce, cuánto costó, dijo respecto al caso en particular
Sobre los diferentes ex gobernadores detalló señalamientos, como en el caso de Ernesto Ruffo Appel que fue acusado de solapar a su hermano, Claudio Ruffo, en posesión de armas de fuego, y el hallazgo de credenciales de la Procuraduría de Justicia de Baja California a integrantes del crimen organizado, entre otras anomalías.
Las auto compras de la compañía Ford y los contratos que se otorgaron a Sempra Energy y que no han quedado claras en el sexenio de Eugenio Elorduy Walther, fue otro de los señalamientos, así como la liberación de secuestradores nayaritas durante la gestión de Alejandro González Alcocer.
A la orden de proteccionismo la corrupción de ex alcaldes panistas
Jesús González Reyes y Jorge Ramos Hernández, son ejemplos vivos de corrupción, enriquecimiento ilícito, abuso de poder y proteccionismo a demandas e investigaciones.
Ambos, pese a ser fichas negras están condecorados por su partido como operadores y coordinadores de campañas políticas a favor de “Kiko” Vega y Alejandro Monraz, candidatos a gobernador y alcalde de Tijuana respectivamente.
Hace dos semanas el colega y amigo Gilberto Lavenant,denuncio en exclusiva columna “Palco de prensa” la corrupción de Elia y Manuel, hermanos de Jesús González Reyes, señalados el delito de peculado por más de 2 y medio millones de pesos.
Elia González cultivo el nepotismo en la inmensa huerta del panismo sirviendo en la administración del panista Jorge Ramos como directora administrativa de la presidencia
Manuel González, su consanguíneo, fungía como director municipal de participación ciudadana.
Los dos ex funcionarios actuaban como contacto social a organizaciones no gubernamentales ONGs, para ofrecer apoyos económicos como cobertura a necesidades elementales.
La tranza descubierta es que ofertaban efectivo a cambio de la entrega de facturas en blanco, o sea “inflar” y “cuantificar inexistentes sumas” un atractivo pero corrupto negocio que trasgrede lo moral, lo ético y elementalmente legal.
A cambio de la entrega de facturas en blanco más tarde elaboraban los convenios por cantidades que alcanzaban 1 millón de pesos. Después modificaban los convenios y les entregaban una mínima parte.
Organizaciones civiles presentaron las denuncias correspondientes, lo raro como en otros casos con los propietarios de la justicia es que se silencio, lejos de tomar proporciones escandalosas el caso, pues entre otros cómplices aparece el actual Presidente del PAN Enrique Mendez.
Rosa Elia González Reyes, hermana del ex acalde de Tijuana, Jesús González Reyes, Martha Alicia Fuentes García y su sobrino Julio César Fuentes, los tres ex funcionarios en la administración de Jorge Ramos, habian sido inhabilitados en Junio del 2012, por Sindicatura Municipal por cinco, cuatro y un año, respectivamente.
La Sindico procuradora Yolanda Enriquez, admitió que se les acusa de manejos irregulares, incumplimiento de las disposiciones legales aplicables en el manejo de fondos y daño patrimonial.
La investigación contra los ex funcionarios se dio cuando el Departamento de Administración de presidencia, que se encarga de verificar los recursos que se dan a las asociaciones civiles, descubrió irregularidades en la entrega de vales de apoyo a la organización civil Festiarte, cuyo representante legal es César Borja Vázquez.
El desfalco por el que son acusados los ex funcionarios corresponde al orden de 2 millones 460 mil pesos, cantidad que presuntamente fue entregada a la organización Festiarte; sin embargo la asociación civil solo recibió 100 mil pesos.
Sobre Jorge Ramos, pesan 2 denuncias penales, por despojo, amenazas, además de vincularse con la renta de la plaza a un narcotraficante durante su trienio. el juicio político sobre su persona solo a sido amenaza del alcalde Bustamante Anchondo y la sindico Procuradora Yolanda Enriquez, lejos de litigarse en los tribunales competentes solo se han hecho en los medios de comunicación.
AL SILENCIO...La unión de corruptos hace la delincuencia organizada
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