Daniel Solorio Ramírez, el abogado y maestro de la Escuela de Derecho, Campus Mexicali, reconocido como severo y agudo crítico del gobierno de la UABC, ayer hizo circular por la red un análisis detallado sobre la justicia universitaria que debe resolver su caso, previendo incluso la posibilidad de acudir a las autoridades laborales externas, como una última opción para ello.
Solorio explica que el Contrato Colectivo de Trabajo, celebrado entre el gobierno de la UABC y el Sindicato de Profesores Superación Universitaria (SPSU), establece un mecanismo potencialmente apto para resolver intramuros, y en poco tiempo, los litigios inevitables de la convivencia institucional universitaria. Falta que la autoridad de la llamada Máxima Casa de Estudios, lo entienda y tenga la voluntad para que esto se resuelva de la mejor forma posible.
Es la Comisión Mixta de Conciliación y Resolución, el órgano protagonista de ese mecanismo, que puede evitar que litigios, a veces muy sencillos, salgan de la UABC, rumbo a los tribunales, y regresen años después con fuertes condenas económicas a cargo de la tesorería universitaria, o sea, con cargo a los contribuyentes, o con cargo a la débil economía del trabajador universitario, cuando el fallo le es desfavorable.
Este mecanismo intramuros, de justicia universitaria, no ha funcionado regularmente, pero observa el maestro cesado, que hoy, existe la oportunidad de que este modelo de justicia universitaria solucione con eficacia un disputa jurídica que no amerita extenderse por mucho tiempo. Esto es, el Caso Solorio.
Todo académico, sindicalizado o no, tiene derecho a que sus conflictos con la autoridad universitaria, sean resueltos en justicia, primero por el director de su unidad académica y, si éste no resuelve con apego al derecho universitario, el trabajador puede acudir en revisión ante la Comisión Mixta de Conciliación y Resolución, integrada por seis académicos, tres nombrados por la rectoría y tres por el SPSU. Ambas instancias deben resolver por escrito, fundando y motivando sus resoluciones y apoyando éstas en argumentos basados en derecho universitario. Señala Solorio que bajo este mecanismo, no se admiten medias palabras, ni jueguitos de poder. Debe prevalecer la razón y el derecho, y punto.
Las resoluciones que emita esta Comisión, tienen fuerza jurídica. Si favorece al trabajador, la autoridad universitaria debe cumplirla, sin alternativa. En cambio, si favorece a la autoridad, el trabajador académico puede inconformarse extramuros, ante los tribunales del trabajo.
Bastan cuatro votos para que la Comisión Mixta resuelva vinculatoriamente, o sea que su resolución sea obligatoria para las partes en pugna. De no ponerse de acuerdo al menos cuatro comisionados, éstos deben delegar su poder resolutivo en un perito en derecho que sentenciará en nombre y por cuenta de la Comisión. El perito debe ser externo, ajeno al gobierno de UABC y sin relación laboral con ésta. Este es un novedoso procedimiento defensivo que mucho puede coadyuvar a la armónica convivencia en una comunidad tan numerosa y compleja como la de la UABC.
Lejos de ser un procedimiento administrativo irrelevante u ocioso, este mecanismo de justicia universitaria puede dar mucho a ganar a la institucíon. La UABC siempre saldrá ganando en experiencia de sus académicos, en modos de impartir justicia, en ahorro de recursos, en creación de ambientes laborales pacificos, en armonía para cultivar el conocimiento. Esta Comisión Mixta debiera estar siempre funcionando y, con base a un reconocimiento de la legitimidad de sus resoluciones, ser un ejemplo para la solución de los conflictos laborales que toda institución enfrenta, como parte de su funcionamieno normal.
La Comisión Mixta de Conciliación y Resolución, no es nueva. Surge desde en octubre de 1980, al firmar el contrato colectivo de trabajo de la UABC, el rector César Rubén Castro Bojórquez y el secretario general del sindicato, Andrés Blanco Morfín. Por razones que se desconocen, se la ha pasado dormitando. Quizás porque en un gobierno universitario, de corte totalitario, no hay derechos, ni razonamientos. Simplemente se dá el garrotazo. Así de simple.
El jueves 29 de marzo, dentro de los cinco días posteriores al fallo del director de la Facultad de Derecho, Solorio Ramírez presentó recurso de revisión ante la Comisión Mixta y el secretario general del SPSU, Juan Guillermo Espinoza Aguilar, respondió a la solicitud y de inmediato nombró representantes de los trabajadores a los profesores universitarios Leopoldo de la Rosa, Derecho Tijuana, René Rivas Sánchez, Derecho Mexicali, Alvaro Encinas Bringas, Ingeniería Mexicali, y suplente Jesús Pestaño Uruchurtu, Mexicali.
Indica Solorio que la rectoría aún no anuncia a sus representantes y que espera que lo hará pronto, para no incurrir en negligencia culpable y denegación de justicia. Que la UABC, tiene ante sí la oportunidad de recuperar este útil mecanismo de justicia universitaria que tiene, en sí mismo, una serie de ventajas.
De esto se deduce, que hay dos vías para resolver este asunto. Una corta, barata y conforme a la legislación universitaria. La otra, la comúnmente conocida, externa, con duración prolongada, que de resultar desfavorable para la UABC, le podría resultar lesiva al tener que reinstalar al trabajador despedido y cubrirle los salarios caídos, que generalmente resultan millonarios.
El Caso Solorio pondrá a prueba la justicia universitaria. Pase lo que pase, el gobierno de la UABC ya se exhibió como uno arbitrario e ignorante del derecho. Daniel Solorio no ha concluido sus labores académicas, tiene que seguir dando cátedra universitaria.
Resulta aberrante, absurdo, que en una institución educativa tan importante, prestigiada, de nivel universitario, los conflictos entre el gobierno y sus empleados, se manejen como si fuesen el patrón y los trabajadores de una maquiladora.
gil_lavenants@hotmail.com
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