El Departamento del Tesoro colocó en la citada lista a dos mexicanos y a un colombiano vinculados con Guzmán Loera, al que tipificó como “el narco más poderoso del mundo”.
Los presuntos narcotraficantes mexicanos son Oscar Álvarez Zepeda y Joel Valdez Benítes, de Culiacán, Sinaloa, así como el colombiano Carlos Mario Torres Hoyos, de Medellín, precisó la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Tesoro.
“Estos tres individuos proveen apoyo material a las actividades de trafico de drogas de Guzmán Loera y del cártel de Sinaloa, así como también tienen vínculos con el traficante colombiano Jorge Milton Cifuentes Villa”, detalló la institución.
Oscar Álvarez Zepeda es hermano de otro presunto cabecilla, el mexicano Alfredo Álvarez Zepeda.
“Se trata de la cuarta ocasión en el último año que OFAC ha focalizado y expuesto el apoyo a las estructuras de la organización liderada por el Chapo Guzmán, el narco más poderoso del mundo”, señaló el director de OFAC, Adam Szubin.
En septiembre pasado OFAC sancionó al mexicano Alfredo Vázquez Hernández como coordinador del trasiego de dinero en efectivo para “El Chapo”.
Vázquez Hernández fue encausado por el gobierno estadunidense en una corte del Distrito Norte de Illinois en agosto de 2009, por acusaciones de conspirar para traficar drogas, como parte del proceso contra “El Chapo” y contra Ismael “El Mayo” Zambada García.
La acusación sostiene que Vázquez Hernández importó cocaína y heroína a Estados Unidos y actuó como “coordinador logístico” del cártel citado para la importación de la droga desde Centroamérica y Sudamérica, así como de dinero en efectivo de Estados Unidos a México.
Vázquez Hernández fue arrestado en México en enero del 2011 y existe una solicitud de extradición del gobierno estadunidense.
La designación de los presuntos lugartenientes de “El Chapo”, como parte de la legislación de cabecillas del narcotráfico, incluye un embargo de sus bienes en Estados Unidos y la prohibición de cualquier transacción con entidades o personas estadunidenses.
La violación de las regulaciones implican penas civiles individuales de un millón de dólares por incidente. En el caso de las empresas, las multas son de por lo menos cinco millones de dólares y penas carcelarias de hasta 30 años de prisión.
Desde 2001 “El Chapo” fue incluido en la lista por el entonces presidente George W. Bush y en 2009 fue incorporado el cártel de Sinaloa en su conjunto.
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