Por Gilberto Lavenant
La designación de Jesús Alberto Capella Ibarra, como Secretario de Seguridad Pública de Tijuana, bueno, en principio como encargado, en tanto es ratificado en el cargo por el Cabildo en pleno, obliga a reflexionar sobre el tema de la inseguridad pública en Tijuana.
Capella ya había ocupado dicho cargo. Lo designó el panista Jorge Ramos, porque aprovechando que había destacado como activista social, al encabezar marchas, por las vialidades de Baja California, en contra de la inseguridad pública, quizo dar la apariencia de que daría oportunidad a la voz ciudadana, de hacer, lo que supuestamente las autoridades en turno no habían hecho.
Pero la zona se calentó en exceso. Se dice que a fines del 2008, la cifra de muertos ascendía a 360 y los secuestrados rebasaban los 250. En una entrevista para la revista Proceso, publicada el 7 de diciembre, 6 días después de su destitución, Capella Ibarra reconoció que el enemigo más fuerte, estaba en casa, advirtiendo la infilutración del crimen organizado en las corporaciones policiacas, principalmente en la de nivel municipal.
Capella fue corrido, no pudo con el paquete. Tuvo que reconocer que no es lo mismo mirar los toros desde la barrera, que tenerlos de frente, en el centro del redondel. Apenas duró en el cargo, un año.
En su lugar, Ramos Hernández designó a un militar, al polémico Julián Leyzaola Pérez, teniente coronel en retiro, con el que se inició, al menos en esta frontera, la militarización de los cargos policiacos, como una estrategia y un compromiso para consolidar acciones de coordinación con las fuerzas armadas. Entonces, como Director de la corporación, se designó a otro militar en retiro, al teniente Gustavo Huerta Martínez.
Leyzaola se convirtió en el “héroe” del Alcalde panista y lo presumió a nivel nacional como el pacificador de esta frontera. Al concluir su administración presionó hasta donde pudo para “sembrarlo” en el cargo de Secretario de Seguridad Pública, pero no lo logró. La fama de Leyzaola, como enérgico, se igualaba a la de prepotente, arbitrario y violador de derechos humanos.
Quizás por ello el nuevo Alcalde, el priísta Carlos Bustamante Anchondo, no accedió a ratificar en el cargo a Leyzaola, pero continuando con la línea de militarización de mandos policiacos, designó en su lugar a su ayudante, al director de la policía municipal, Gustavo Huerta Martínez.
Este, se convirtió en un émulo de Leyzaola, quien por cierto fue protegido por el Gobernador Osuna Millán, llevándoselo a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, antes que acceder a destituirlo, en atención a recomendación de la Procuraduría de Derechos Humanos. Herido en su amor propio, al no recibir un cargo de su “nivel”, el “rambo” tijuanense optó por renunciar al cargo estatal y se trasladó a Ciudad Juárez, donde actualmente es el Secretario de Seguridad Pública Municipal, cargo similar al que ostentó en Tijuana.
Su relevo en la Secretaria de Seguridad Pública, Huerta Martínez, pretendió vivir bajo la sombra de Leyzaola, pero en la práctica, los elementos a su cargo, se le salieron de control. Las quejas de abusos policiacos se sucedían con frecuencia. La militarización de los mandos policiacos, no dieron los resultados prometidos. En cuanto se familiarizaron con “la tropa”, le entraron a la corrupción y a las arbitrariedades.
Los sucesos más relevantes, lo fue el caso del “tabledance” policiaco, en el que policías municipales de La Presa Rural, obligaron a una mujer a bailar desnuda, a cambio de dejarla en libertad. Otro caso fue el de un jefe policiaco, en Playas de Tijuana, que torturó a un detenido, colocándole una bolsa de plástico en la cabeza, para obligarlo a confesar. Hechos estos que fueron conocidos, por videograbaciones filtradas a los medios de comunicación.
En tanto que los delitos de alto impacto empezaron a disminuir en Tijuana, en parte por la presencia militar, y en parte porque los pleitos entre bandas criminales mermaron el número de delincuentes, los delitos de menor impacto, los comúnes, como asaltos a transeúntes, a casas habitación y robos domiciliarios y a pqueños comerciantes, se incrementaron notablemente. Los rollos, pretextos y el reparto de culpas, por parte de Gustavo Huerta, no justificaban de manera alguna los índices delictivos y por lo tanto las quejas populares.
De paso, tanto Huerta, como sus “muchachitos”, tuvieron serios roces con los periodistas. De mugrosos no los bajaba. Las groserías y empellones contra reporteros y fotógrafos, era algo casi normal. Así es que el Alcalde no lo pudo soportar más y tuvo que correrlo.
Corrido Huerta, de la Secretaría de Seguridad Pública, se designa en sustitución a otro corrido, a Capella Ibarra, quien llega a ocupar el cargo que ostentó durante el primer año del panista Jorge Ramos Hernández.
Capella llega, en otras condiciones a las que enfrentó en su primera ocasión. Los crímenes de alto impacto, ya no ocurren con tanta incidencia como en el 2008, aunque la proliferación de los delitos comúnes, pueden ser considerados de dimensiones iguales o más graves que las que había en el 2008 con los crímenes de alto impacto.
Se dice que Capella llega con experiencia acumulada, aunque habría que precisar si llega por capacidad, o por mera amistad con el alcalde tijuanense, de quien ha sido colaborador durante varios años.
Así mismo, la designación de un civil, al frente de la Seguridad Pública Municipal, parece ser el fin del proyecto o estrategia de militarización de mandos policiacos. Falta ver, en la práctica, si en su segunda oportunidad, dá mejor resultados que en la primera y si su presencia es aceptada por el jefe militar de la región, el General Alfonso Duarte Mújica. La ventaja que tiene, es que seguramente su amigo Bustamante no lo correrá, como lo hizo el panista Ramos Hernández. Esa ya es una ventaja.
gil_lavenants@hotmail.com
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