Por Gilberto Lavenant
El jueves 29 de julio del 2010, Tijuana fue escenario de un hecho espectacular y mediático, cuya noticia dió la vuelta al mundo y permitió a las autoridades mexicanas de los tres niveles de gobierno, proyectarse como enérgicas, inflexibles y contundentes en el combate al crimen organizado.El ejército mexicano detuvo a 48 agentes y a 7 exagentes, tanto de las policías ministeriales, como municipales, que –se dijo entonces- trabajaban para el crímen organizado.
El operativo, uno de los más grandes de los últimos años en contra de integrantes de corporaciones policiacas en esta región fronteriza, tuvo lugar, cuando los agentes fueron convocados por sus superiores, a una simple reunión de rutina. Los engañaron, pues.
El General Alfonso Duarte Múgica, Comandante de la Segunda Zona Militar, indicó que los policías y expolicías, trabajaban para el crimen organizado y dijo que con la acción se "desarticula el ambiente de protección y apoyo" que reciben los integrantes del crimen organizado.
También señaló que la acción contribuiría de manera "notable" a la recuperación de la tranquilidad en esta zona del país, que ha experimentado una importante caída en sus índices de violencia, sostuvo.
La operación, coordinada entre autoridades castrenses y policiacas, tenía como objetivo "romper con los esquemas de protección" que mantienen los integrantes del crimen organizado en Baja California, donde opera el cártel de Tijuana de los Arellano Félix, manifestó entonces el general.
La escena fue dramática, cuando los detenidos fueron exhibidos en la Base Aérea Militar de Tijuana. Muchos de ellos, ni siquiera sabían de qué se trataba. Algunos hicieron reclamos airados a sus jefes.
El entonces Secretario de Seguridad Pública Municipal, Julián Leyzaola Pérez, habría de emitir un boletín informativo en el que señaló que “…El ejercicio de depuración en la Policía Municipal es permanente, como parte de las acciones constantes para detectar a agentes que tengan irregularidades o alguna presunta responsabilidad en la comisión de un delito”.
“Por tal razón, coordinada con autoridades municipales, estatales y federales, este día la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) detuvo a 40 agentes asignados a diversos grupos operativos en atención a órdenes de aprehensión giradas por un Juez Federal por diversas acusaciones”, señalaba.
Así mismo, justificaba las acciones afirmando que “…Obedece a investigaciones llevadas a cabo por la Siedo en el lapso de 1 a 2 años anteriores, por lo que al igual que otros efectivos de diversas dependencias, serán puestos a disposición de la autoridad correspondiente para los fines legales que correspondan”.
Los detenidos, trasladados en vehículos descubiertos, como animales de circo, exhibiéndolos a la vista de todo mundo, fueron trasladados a la ciudad de México y de ahí hasta Veracruz, donde se les inició proceso penal.
Varios abogados criticaron las formas y condiciones. Señalaron que se habían violentado los derechos más elementales y vaticinaron que tarde que temprano tendrían que ponerlos en libertad.
La noche del miércoles pasado, 32 de ellos salieron del penal de Villa Aldama, Veracruz, en donde estuvieron recluídos, por supuestos nexos con el crímen organizado. Dos días antes, el lunes de esta misma semana, el Magistrado titular del Segundo Tribunal Unitario de Matamoros, Tamaulipas, revocó el auto de formal prisión dictado en contra de ellos por Juez de Distrito en Xalapa, Veracruz, dentro del Toca Penal 351/2010, al negar valor probatorio a las declaraciones de supuestos “testigos protegidos”.
En el proceso, se puso de manifiesto que no hubo órden de aprehensión en su contra, ni acusaciones concretas, ni elementos que acreditaran presunta responsabilidad penal.
Recuperan su libertad, casi 9 meses después de su detención. Legalmente hablando, son inocentes, empero, por simples sospechas, o rumores infundados, ya vivieron en prisión 9 meses de su vida, lejos de su familia, sin recursos económicos, exhibidos como criminales sin serlo, o al menos no se los acreditaron, y ahora que regresen, serán condenados a no poder ingresar a las corporaciones policiacas en las que prestaron sus servicios y por lo tanto a ser desempleados.
Por su parte, los funcionarios que los privaron de la libertad, arguyendo acciones depuradoras, durante estos 9 meses, se ostentaron como enérgicos e inflexibles. Además, percibieron sus altos sueldos, quizás sin merecerlos y comieron calientito, al lado de sus familias.
Si de depuraciones se trata, ya es tiempo de que se empiece en las cúpulas de poder, para expulsar de las estructuras públicas, a los funcionarios ineptos, corruptos e ineficientes. Estos son los “generales” de ésta narcoguerra ¡Ya basta de simulacros e injusticias ! Como diría Sicilia ¡Ya estamos hasta la madre!
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