La clausura temporal de la planta de Sempra Energy en Ensenada puso en evidencia la inconsistencia de los permisos que le otorgaron las autoridades de los tres niveles de gobierno, de afiliación panista, ya que desde su gestión en 2002 se argumentó que violentaban leyes estatales y municipales.
Las presuntas irregularidades en los permisos para la construcción y operación de la planta de gas natural licuado permitieron que nueve años después un gobierno municipal priista tuviera argumentos para clausurar la terminal, aunque de manera temporal.
Empresarios, Sempra Energy y autoridades estatales y federales han reclamando al alcalde priista de Ensenada, Enrique Pelayo Torres, que la orden de clausura pone en riesgo inversiones millonarias en Baja California, porque no se les brinda certidumbre jurídica.
Sin embargo, los defensores de la transnacional californiana omiten que la incertidumbre jurídica se construyó en base de la entrega de permisos presuntamente irregulares, de los que resultaron beneficiados de manera directa e indirecta ex gobernadores, ex funcionarios panistas y amigos de los hombres en el poder.
La clausura
La tarde del viernes 11 de febrero, el Ayuntamiento de Ensenada montó un operativo para clausurar de manera temporal la planta de gas natural de Sempra Energy, ubicada a 23 kilómetros al norte de la cabecera municipal.
La autoridad municipal expuso que el cierre de la planta de la transnacional era por la violación de 11 artículos de la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Baja California e incumplimiento de lo dispuesto en los puntos 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4 del Programa Regional de Desarrollo Urbano, Turístico y Ecológico del Corredor Costero Tijuana - Rosarito - Ensenada, (COCOTREN).
Los argumentos de las autoridades establecen que la zona donde se construyó la planta de Sempra Energy, en el área de Costa Azul, está reservada para actividades de turismo de baja densidad y no para actividades industriales.
Las presuntas violaciones de las normatividades estatales y municipales fueron señaladas desde 2003 por los mismos autores del Programa del Cocotren, una de ellas la investigadora del Colegio de la Frontera Norte, Nora Bringas, y algunas quedaron plasmadas en el resolutivo del manifiesto de impacto ambiental autorizado por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
A los señalamientos sobre la incompatibilidad de la planta con el programa del Cocotren, el documento de autorización de la dependencia federal expone que el proyecto denominado "Terminal de recibo, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado" se tipifica como una industria.
Sin embargo, añade, la misma queda circunscrita dentro del sector terciario, debido a la desagregación de las actividades económicas establecidas en la Clasificación Mexicana de Actividades Productivas y Productos (CMAP).
"En consecuencia, la política de aprovechamiento con impulso no restringe el desarrollo de este tipo de actividades, siempre y cuando se cumpla con la aplicación estricta de las normas y criterios ecológicos correspondientes", apunta.
Siete años después, autoridades federales y estatales reconocieron que la planta de la transnacional californiana violaba el programa de ordenamiento Cocotren, lo cual también fue retomado por el Ayuntamiento de Ensenada para sustentar la clausura temporal.
En el Programa de Ordenamiento Ecológico Marino y Regional del Pacífico Norte, realizado por la Semarnat en coordinación con las autoridades de los tres niveles de gobierno, la Secretaría de Turismo de Baja California señala que las instalaciones de la empresa "viola" las disposiciones establecidas por el (Cocotren).
Agrega que la construcción de la planta de Sempra Energy muestra una "falta de respeto a los programas de desarrollo estatales".
La incertidumbre jurídica
Con los señalamientos de presuntas irregularidades realizados desde hace ocho años, el Ayuntamiento de Ensenada, ahora encabezado por el priista Enrique Pelayo, tomó la decisión de clausurar el viernes la planta de gas natural de la transnacional californiana.
La reacción de empresarios y autoridades estatales y federales panistas fue que las acciones implementadas por la autoridad municipal atentaban con la certidumbre jurídica que requieren inversiones como la de Sempra Energy, a través de su filial Energía Costa Azul.
Ante la clausura temporal, el gobierno del Estado reaccionó a través de su secretario de Desarrollo Económico, Alejandro Mungaray Lagarda, quien expuso que la decisión tomada por el Ayuntamiento atentaba contra la certidumbre jurídica de la inversión privada en el Estado.
Citó una solicitud de amparo tramitada por la transnacional para evitar que el gobierno municipal interrumpiera la operación de la planta de gas natural.
El mismo argumento de mantener la certidumbre jurídica fue realizado, a través de un desplegado de prensa, dos días antes de la clausura por integrantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la región noroeste.
En el mismo tono, el sábado en conferencia de prensa, Héctor Contreras Luengas, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE), dijo que el procedimiento utilizado por el gobierno municipal, ha vulnerado la seguridad jurídica no sólo de Baja California, sino del país.
Ante estos señalamientos, el Ayuntamiento de Ensenada expuso que la solicitud de amparo solicitada por Sempra Energy no los impedía a realizar una clausura temporal, por lo cual no se violó ninguna orden judicial.
La construcción de la incertidumbre jurídica
Los señalamientos de presuntas violaciones a normatividades estatales y municipales Sempra Energy los pudo sortear, hasta 2011, a través de una red de relaciones con funcionarios y ex funcionarios panistas de los tres niveles de gobierno.
Una de las constantes de la transnacional californiana para instalarse en Baja California fue emplear a socios de funcionarios panistas, como son los ex gobernadores Eugenio Elorduy Walther y Ernesto Ruffo Appel, y el ex titular de Semarnat, Víctor Lichtinger.
El manifiesto de impacto de ambiental para la instalación de la planta fue elaborado por la empresa Especialistas Ambientales S.A de C.V., fundada por Víctor Lichtinger, quien en esa fecha era secretario de la Semarnat, dependencia que fue la responsable de autorizarlo.
En el caso de Ruffo Appel, dos de sus socios lograron contratos millonarios con la transnacional. La partida 5146492, con fecha de inscripción del 23 de enero de 2006 del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado (RPPC), en Ensenada, detalla que el ex gobernador es socio de los empresarios Roberto Curiel Ortega y Roberto Curiel Amaya, en la compañía Puerto Colonet Infraestructura S.A. de C.V, creada para beneficiarse con unos de los proyectos más importantes de infraestructura portuaria de la administración de Felipe Calderón.
Y una de las empresa de la familia Amaya, Amaya Curiel y Compañía S.A. de C.V., resultó beneficiada con el contrato para fabricar las estructuras de concreto para un rompeolas para la terminal de gas natural licuado, cuya inversión total fue de 170 millones de dólares.
Otro de los socios de Ernesto Ruffo beneficiado por la instalación de Sempra Energy en Ensenada es Juan Manuel Chávez García.
La partida 51503, con fecha de inscripción del 20 de abril de 2006 del Registro Público, detalla que Ruffo Appel es socio de Juan Manuel Chávez García en la empresa Opción Integral Baja Aeropuerto S. de R.L. de C.V., que es para desarrollar un aeropuerto en el municipio de Ensenada.
Juan Manuel Chávez logró una transacción con Sempra Energy. La partida 5191354, con fecha de inscripción del 7 de agosto de 2008, informa que la transnacional le compró un predio en la zona de Costa Azul por 80 millones de pesos.
Respecto del ex gobernador Eugenio Elorduy Walther se ha hecho público que su hija, Erika Elorduy, fue representante legal de una de las subsidiarias de Sempra Energy en Mexicali.
Pero también el ex mandatario estatal resultó beneficiado de manera indirecta, ya que la instalación de la transnacional permitió que se instalara una fábrica de la empresa Toyota en Tijuana.
Actualmente, a través de su empresa Automotriz del Valle, Elorduy Walther tiene una agencia de vehículos Toyota en la capital del Estado.
Otros funcionarios o ex funcionarios que han tenido una relación con Sempra Energy son Luis Téllez, actual presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, quien ocupa una silla en el consejo de administración de la transnacional, y el ex secretario de Gobierno de Baja California, Bernardo Martínez Aguirre, quien es asesor jurídico.
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