Por Gilberto Lavenánt
Las acciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en contra de Fidel Villanueva y su ANAPROMEX, empresa de protección vehicular, han sido espectaculares, sumamente espectaculares, pero más aparatosas, que contundentes.
En Baja California, muchos se preguntaban la razón por la cual, éste individuo, había puesto un changarro, desde hace 15 años, según lo dice él mismo, en el que vendía protección, a propietarios de vehículos ingresados ilegalmente a territorio mexicano, sin que las autoridades hicieran algo para frenarlo.
Ciudadanos comúnes y corrientes, que son sorprendidos manejando un vehículo que porta placas extranjeras, generalmente de California, son tratados severamente por parte de las autoridades aduanales mexicanas, les decomisan la unidad automotriz e incluso los sujetan a proceso penal, además de la sanción económica que les aplican.
Sin embargo, cientos de vehículos, prácticamente en todo el Estado, la mayoría chatarra, en condiciones deplorables, aunque también los hay en magníficas condiciones estéticas e incluso de modelo reciente, que tan solo por portar una supuesta placa con la leyenda “ANAPROMEX”, o un engomado colocado en el vidrio, ninguna autoridad se atrevía a molestarlos.
Se sospechaba que el propietario de dicha empresa de protección vehicular, tenía un padrinazo, o pagaba piso a algún funcionario aduanal o de la Secretaria de Hacienda, para operar su negocio con toda libertad.
De pronto, las autoridades estatales salieron de su letargo y se percatan de la existencia del negocio de Villanueva y su ANAPROMEX, le embisten con acciones pocas veces vistas, convocan a conferencias de prensa para “revelar” los detalles de los operativos, pero vacilan al tratar de determinar los fundamentos y argumentos legales, para actuar en su contra.
Que es una actividad ilegal y por lo tanto se debe proceder penalmente en su contra, toda vez que expedía placas de circulación o engomados, lo mismo que tarjetas de circulación, no autorizados por la Secretaria de Planeación y Finanzas, y que por lo tanto son falsos. Y entonces, tratan de encuadrarlo como delito fiscal, al usar formatos que solo puede manejar la autoridad, en base a lo cual pretenden secundarlo como fraude, debido a que supuestamente engañó a los adquirientes de los engomados, a quienes el gobernador Osuna Millán, “generoso” y “justo”, como siempre, les ofrece ayuda jurídica e incluso económica, para que regularicen sus vehículos, a cambio de que denuncien penalmente a Villanueva, como fraudulento.
No basta decir que expedia documentos falsos o que solo pueden expedir las autoridades competentes para ello. Ni tampoco se vale fundamentar las acciones, conminando a los portadores de engomados, a que lo denuncien por fraude, cuando que no existe engaño. El supuesto éxito de Villanueva, se deriva no precisamente en su habilidad para engañar a los supuestos incautos, sino porque las autoridades competentes para vigilar y controlar la circulación de vehículos, lo soslayaron, lo toleraron, o a la mejor hasta recibieron beneficios de todo esto.
Y que conste, por aquello de los malos entendidos, no se trata de defender a Villanueva, sino advertir que la autoridad debe ser más seria en sus acciones, para evitar caer en el rídiculo.
¿Cómo se atreven -el propio Osuna Millán anuncia la oferta- a premiar a quienes, evadiendo la ley, y pretendiendo quedar fuera del alcance de las autoridades, van al changarro de la esquina, llamado ANAPROMEX, donde hacen una aportación económica, para mantenerse al márgen de la ley ?
A los evasores legales, no se les premia, se les castiga.
Además, las autoridades, por su parte, tratando de justificar su ineficiencia, así como su negligencia y acciones a destiempo, argumentan que “vericuetos legales” les impedían actuar sobre este tema. Quince años, dice Villanueva, tenía haciendo, lo que ahora supuestamente les representa una sorpresa.
Eso se llama ineptitud, y también se le conoce bajo otras denominaciones, que resultan groseras, pero aplicables. Eso, en el menos peor de los casos, pues también se evidencia corrupción.
Lo grave de todo esto es que Villanueva se ostentaba ya como un activista social e incluso ya presumía tener un valor político con el que negociaba con candidatos de partidos de su elección. Pero, como dicen, no tiene la culpa el indio, sino quien lo hace compadre. Villanueva presumía tener muchos compadres y en atención a eso, tenía muchos seguidores.
Por cuanto hace a los presuntos delitos cometidos, hay que recordar a la autoridad estatal, que los delitos se cometen por acción o por omisión, y que siendo omisos en combatir los delitos presuntamente cometidos por este tipo, se convierten en copartícipes de los mismos, o sea cómplices, encubridores o solapadores.
Así es que, mucho cuidado a la hora de lanzar acusaciones, porque se pueden morder la lengua. Las complicidades, saltan a la vista.
gil_lavenant@hotmail.com
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