TIJUANA.- El presidente municipal, Carlos Bustamante Anchondo, con el propósito de conocer más de cerca las obras del proyecto integral del cruce fronterizo El Chaparral, realizó hoy un intenso recorrido por los puentes vehiculares Adosado y puente de Conexión Vía Rápida Oriente a Vía Rápida Poniente.
Acompañando al gobernador del Estado, Guadalupe Osuna Millán y al secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Francisco Molinar Horcasitas, el alcalde estuvo muy atento a las explicaciones técnicas de los funcionarios de la SCT, encargados de esta obra.
Bustamante Anchondo destacó que "el 20 Ayuntamiento está en la mejor disponibilidad de seguir coadyuvando con los gobiernos federal y estatal en la realización de este proyecto, en todo lo que concierne a la administración municipal, pues se trabajará en la actualización de las licencias municipales y se continuará brindando el apoyo de la ingeniería de tránsito que se requiera para agilizar los flujos vehiculares en el área, con el único fin de beneficiar a la población de Tijuana".
Carlos Bustamante examinó minuciosamente los trabajos que se realizan en estos puentes, destacando que la obra -en su conjunto- vendrá a significar para Tijuana un gran avance para impulso del turismo, y desarrollo del comercio local.
El proyecto del cruce fronterizo El Chaparral consiste en la construcción de 19 puertas vehiculares hacia Tijuana y un nuevo cruce peatonal en ambas direcciones, 33 puertas de acceso a Estados Unidos con posibilidad de doble caseta de inspección. Con esto se mejorarán los tiempos de espera al ampliar la capacidad actual de la Puerta México.
Se prevé que los cuatro puentes vehiculares, que se construyen, despresuricen a corto plazo el tránsito local vehicular y de transporte público generado en las colonias colindantes.
"El gobierno municipal apoyará en todo lo posible a que estas obras se lleven a cabo de manera ágil y culminen de manera exitosa, al facilitar todos los trámites que correspondan a mi administración", concluyó al término del recorrido el presidente municipal.
lunes, 13 de diciembre de 2010
Nombran en cargos de Seguridad Pública de BC a exmilitares acusados de tortura
* Preocupante que el gobierno estatal no tome en cuenta Recomendaciones de la PDH, la CNDH y la CIDH
En días pasados, el gobernador de Baja California, Guadalupe Osuna Millán, nombró como Subsecretario de Seguridad Pública Estatal y Secretario de Seguridad Pública Municipal, respectivamente, a funcionarios que han recibido Recomendaciones de la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana del Estado de Baja California (PDH) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por violaciones graves de los derechos humanos. Estos funcionarios son el Teniente Coronel Julián Leyzaola Pérez y el Capitán Gustavo Huerta Martínez.
Las organizaciones y personas abajo firmantes ven con suma preocupación los recientes nombramientos debido a que los nuevos jefes policíacos, de extracción militar, han sido promovidos a pesar de haber sido denunciados por el delito de tortura por decenas de policías municipales de Tijuana durante los últimos dos años, lo que coloca en situación de riesgo la integridad de las víctimas que los denunciaron, así como a dos defensoras de derechos humanos que los han representado y sus familias.
El Tte. Cor. Leyzaola y el Cap. Huerta fungían, hasta el 30 de noviembre pasado, como Secretario de Seguridad Pública Municipal y Director de Policía y Tránsito de Tijuana. Entre los meses de marzo y septiembre de 2009 se documentaron por la Procuraduría de los Derechos Humanos de Baja California, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH), múltiples casos de tortura cometidos por ambos funcionarios y por personal castrense en los cuarteles militares El Aguaje de la Tuna y Morelos, del 28º Batallón de Infantería con sede en Tijuana, en contra de personas arraigadas por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.
La CNDH aplicó el Protocolo de Estambul a las víctimas, lo que mereció en agosto pasado la Recomendación 6/2010 de la PDH, no aceptada por el entonces alcalde de Tijuana Jorge Ramos, ratificada por la CNDH mediante Recomendación 68/2010 del 30 de noviembre de 2010 dirigida al Congreso del Estado de Baja California y al Cabildo de Tijuana.
Es evidente que la promoción de ambos funcionarios por el gobernador de Baja California no sólo atenta contra la democracia y pasa por alto las Recomendaciones de los organismos públicos de protección, sino que les otorga más poder para el manejo de la fuerza pública estatal de Baja California y le da carta de validez a la impunidad.
Lo anterior se agrava porque once policías arraigados y torturados que regresaron a Tijuana después de haber sido exonerados por un juzgado federal de Tepic, Nayarit, denunciaron penalmente por el delito de tortura y otros a los señores Leyzaola y Huerta ante el Ministerio Público del Fuero Común, y dos defensoras de Tijuana coadyuvantes de los casos de arraigo y tortura, Silvia Vázquez Camacho y Blanca Mesina Nevares, fueron amenazadas de muerte, lo que las obligó a salir de Tijuana. Lo anterior ameritó la emisión de medidas cautelares para su protección por parte de la CNDH y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Por lo anterior, exhortamos a la solidaridad nacional e internacional; al gobernador de Baja California, José Guadalupe Osuna Millán y al presidente municipal de Tijuana, Carlos Bustamante, a ser respetuosos y vigilantes del Estado de Garantías y a separar de sus nuevos cargos a Julián Leyzaola y a Gustavo Huerta, en tanto se resuelven las denuncias que actualmente se ventilan en su contra.
Organizaciones firmantes:
Baja California:
Asociación Ciudadana Contra la Impunidad, A.C.
Asociación Esperanza Contra las Desapariciones Forzadas y la Impunidad, A.C.
Alianza Cívica de Ensenada
Barra de Abogadas "María Sandoval de Zarco", A.C.
Centro Estatal de Asuntos Indígenas, A.C.
Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, A.C. (CCDH)
Comisión de Familiares de Internos y Ex internos del Sistema Penitenciario, A.C.
Comité Binacional de Derechos Humanos de los Migrantes en Valle Imperial, CA.
Federación de Mujeres Universitarias de Baja California
Otros estados
Academia Mexicana de Derechos Humanos (AMDH)
Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, O.P., A.C.
Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos A.C.
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A.C. (Cepad)
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (CADHAC)
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH)
Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, A.C.
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C. (IMDHD)
Organización Familia Pasta de Conchos
Pastoral Laboral de México
Red de Comités Comunitarios de Derechos Humanos de la Huasteca
Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos
Personas:
Ana Lidia Murillo Camacho
Ana Marichal González
Beatriz Erendira Villanueva Ureta
Clara Jusidman Rapoport
Daniel Solorio Ramírez
Francisca Santos Cruzmartin Rodríguez Altamirano
Javier Cruz Aguirre
Joaquín Bohigas Bosch
John Mill Ackerman
Jorge Alonso
Juan Aldrete Márque
María Beltrán
María de los Ángeles Barraza
María del Consuelo Valle Espinoza
Olga Flores
Óscar Loza Ochoa
Óscar Montaño
Ruth Parra
Sergio Gómez Montero
Steven Czitrom
En días pasados, el gobernador de Baja California, Guadalupe Osuna Millán, nombró como Subsecretario de Seguridad Pública Estatal y Secretario de Seguridad Pública Municipal, respectivamente, a funcionarios que han recibido Recomendaciones de la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana del Estado de Baja California (PDH) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por violaciones graves de los derechos humanos. Estos funcionarios son el Teniente Coronel Julián Leyzaola Pérez y el Capitán Gustavo Huerta Martínez.
Las organizaciones y personas abajo firmantes ven con suma preocupación los recientes nombramientos debido a que los nuevos jefes policíacos, de extracción militar, han sido promovidos a pesar de haber sido denunciados por el delito de tortura por decenas de policías municipales de Tijuana durante los últimos dos años, lo que coloca en situación de riesgo la integridad de las víctimas que los denunciaron, así como a dos defensoras de derechos humanos que los han representado y sus familias.
El Tte. Cor. Leyzaola y el Cap. Huerta fungían, hasta el 30 de noviembre pasado, como Secretario de Seguridad Pública Municipal y Director de Policía y Tránsito de Tijuana. Entre los meses de marzo y septiembre de 2009 se documentaron por la Procuraduría de los Derechos Humanos de Baja California, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH), múltiples casos de tortura cometidos por ambos funcionarios y por personal castrense en los cuarteles militares El Aguaje de la Tuna y Morelos, del 28º Batallón de Infantería con sede en Tijuana, en contra de personas arraigadas por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.
La CNDH aplicó el Protocolo de Estambul a las víctimas, lo que mereció en agosto pasado la Recomendación 6/2010 de la PDH, no aceptada por el entonces alcalde de Tijuana Jorge Ramos, ratificada por la CNDH mediante Recomendación 68/2010 del 30 de noviembre de 2010 dirigida al Congreso del Estado de Baja California y al Cabildo de Tijuana.
Es evidente que la promoción de ambos funcionarios por el gobernador de Baja California no sólo atenta contra la democracia y pasa por alto las Recomendaciones de los organismos públicos de protección, sino que les otorga más poder para el manejo de la fuerza pública estatal de Baja California y le da carta de validez a la impunidad.
Lo anterior se agrava porque once policías arraigados y torturados que regresaron a Tijuana después de haber sido exonerados por un juzgado federal de Tepic, Nayarit, denunciaron penalmente por el delito de tortura y otros a los señores Leyzaola y Huerta ante el Ministerio Público del Fuero Común, y dos defensoras de Tijuana coadyuvantes de los casos de arraigo y tortura, Silvia Vázquez Camacho y Blanca Mesina Nevares, fueron amenazadas de muerte, lo que las obligó a salir de Tijuana. Lo anterior ameritó la emisión de medidas cautelares para su protección por parte de la CNDH y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Por lo anterior, exhortamos a la solidaridad nacional e internacional; al gobernador de Baja California, José Guadalupe Osuna Millán y al presidente municipal de Tijuana, Carlos Bustamante, a ser respetuosos y vigilantes del Estado de Garantías y a separar de sus nuevos cargos a Julián Leyzaola y a Gustavo Huerta, en tanto se resuelven las denuncias que actualmente se ventilan en su contra.
Organizaciones firmantes:
Baja California:
Asociación Ciudadana Contra la Impunidad, A.C.
Asociación Esperanza Contra las Desapariciones Forzadas y la Impunidad, A.C.
Alianza Cívica de Ensenada
Barra de Abogadas "María Sandoval de Zarco", A.C.
Centro Estatal de Asuntos Indígenas, A.C.
Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, A.C. (CCDH)
Comisión de Familiares de Internos y Ex internos del Sistema Penitenciario, A.C.
Comité Binacional de Derechos Humanos de los Migrantes en Valle Imperial, CA.
Federación de Mujeres Universitarias de Baja California
Otros estados
Academia Mexicana de Derechos Humanos (AMDH)
Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, O.P., A.C.
Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos A.C.
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A.C. (Cepad)
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (CADHAC)
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH)
Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, A.C.
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C. (IMDHD)
Organización Familia Pasta de Conchos
Pastoral Laboral de México
Red de Comités Comunitarios de Derechos Humanos de la Huasteca
Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos
Personas:
Ana Lidia Murillo Camacho
Ana Marichal González
Beatriz Erendira Villanueva Ureta
Clara Jusidman Rapoport
Daniel Solorio Ramírez
Francisca Santos Cruzmartin Rodríguez Altamirano
Javier Cruz Aguirre
Joaquín Bohigas Bosch
John Mill Ackerman
Jorge Alonso
Juan Aldrete Márque
María Beltrán
María de los Ángeles Barraza
María del Consuelo Valle Espinoza
Olga Flores
Óscar Loza Ochoa
Óscar Montaño
Ruth Parra
Sergio Gómez Montero
Steven Czitrom
Casos de tortura en Tijuana 2009-2010
ARRAIGO Y TORTURA
El día 5 de noviembre, en el marco del 137° período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, A.C. (CCDH) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH)
en nuestro carácter de copeticionarios, nos presentamos ante ese organismo intergubernamental en la Audiencia Temática “Seguridad Pública y Derechos Humanos en Tijuana, Baja California”, en la cual, junto con familiares de víctimas de tortura, se dio testimonio de los presuntos abusos cometidos por elementos del ejército y autoridades municipales de Tijuana (Tte. Cor. Julián Leyzaola Pérez, Secretario de Seguridad Pública Municipal y Cap. Gustavo Huerta, Director de Policía y Tránsito), en la modalidad de detenciones ilegales y arbitrarias, incomunicación, violación al debido proceso y a la debida defensa, así como torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes en contra de policías de dicha entidad y de civiles que se encontraban bajo arraigo en instalaciones militares y en el hotel Real Inn de Tijuana que funge como Centro de Arraigo de la PGR, en distintas fechas, en el año 2009.
De manera particular, entre abril y septiembre de 2009, la CCDH y la CMDPDH documentamos los casos de 25 policías municipales de Tijuana, 4 civiles del municipio de Playas de Rosarito, 2 agentes ministeriales adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California en Mexicali y 11 policías municipales de Tijuana. Salvo los dos agentes ministeriales que solo fueron torturados y liberados al siguiente día, el resto fueron arraigados y torturados por personal militar y, en el caso de los policías municipales, además, torturados por los funcionarios policíacos de Tijuana arriba citados.
Con motivo de la Audiencia antes referida, la CIDH, retomó las inquietudes planteadas por los peticionarios, y el 23 de noviembre de 2009 solicitó al Estado mexicano:
"1. Fundamento jurídico de la institución del arraigo y su aplicación;
2. Procedimiento con que se realiza el arraigo, en particular cómo se autoriza, quién lo ejecuta y si existe control judicial;
3. Autoridad que custodia a las personas detenidas bajo arraigo y cuál es el control que se ejerce sobre los procedimientos de detención;
4. Información sobre los alegatos de tortura y las investigaciones realizadas al efecto;
5. Autoridades ante las cuales corresponde efectuar las denuncias de torturas en estos casos; y
6. Lugares donde se ejecutan los arraigos. En particular, informar sobre el fundamento para mantener arraigados en cuarteles o instalaciones militares."
Cabe mencionar que durante el pasado Examen Periódico Universal de la ONU, el Estado mexicano fue cuestionado respecto a la figura de arraigo y su implementación en el contexto de la llamada guerra contra el crimen organizado, ante lo cual, contestó:
"[...] las personas bajo arraigo gozan de los derechos del debido proceso, al igual que quienes están sujetos a cualquier otra forma de detención. En la aplicación del arraigo, se prohíbe toda incomunicación, intimidación o tortura; debe informarse de los hechos que se atribuyen y los derechos que asisten; y debe garantizarse pleno acceso a un abogado a fin de asegurar una defensa adecuada, entre otras garantías que establece el artículo 20 constitucional que refleja disposiciones de los artículos 9, 10 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El juicio de amparo procede en contra de la resolución del juez de control, así como para garantizar la protección de estos derechos. Además, las personas bajo arraigo gozan de atención y control médico."
Sin embargo, los casos documentados por la CCDH y la CMDPDH dan cuenta de la ineficacia de los controles judiciales, la inoperancia de los abogados de oficio, la práctica de tortura para arrancar confesiones en falso o para incriminar a terceros, la ausencia de un médico que certifique el estado de salud de las personas arraigadas mediante la aplicación del “Protocolo de Estambul” (examen médico-psicológico especializado de la ONU adoptado por México y por el Estado de Baja California para certificar la tortura), así como la violación al debido proceso y el acceso a la justicia.
Asimismo, es importante remarcar que, hasta la fecha, ninguna autoridad se ha pronunciado con respecto a los casos referidos y ninguno de los responsables ha sido llamado a declarar o ha sido sancionado, a pesar de que las víctimas ya han manifestado ante el Ministerio Público y un Juez haber sido sometidos a torturas y haber dado positivo en el Protocolo de Estambul, aplicado por peritos de la CNDH.
El 1º. de octubre pasado, los agentes municipales JOSE ROBERTO CASTILLO ORTIZ, RENE CHRISTIAN HUANTE MONDRAGON, ROLANDO SALDAÑA CHACÓN, BLANCA BERENICE HUISAR MUNGUÍA, MANUEL ADELMO OLIVAS COSS, GERARDO GARDUÑO ESCOBAR y MIGUEL ANGEL MESINA, presentaron ante la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común en Tijuana, formal denuncia penal en contra de elementos del ejército mexicano adscritos al 28º. Batallón de Infantería, II Zona Militar en Tijuana, así como de sus jefes policíacos Julián Leyzaola y Gustavo Huerta.
Estas 13 personas, que salieron en libertad exonerados en agosto pasado, formaron parte del grupo de 25 policías municipales detenidos en marzo y abril de 2009, arraigados, torturados y procesados en el Cefereso No. 4 de Tepic, Nay.
Meses antes, RICARDO CASTELLANOS HERNANDEZ, del grupo de 11 policías arraigados y torturados en septiembre de 2009, presentó su denuncia formal ante la PGJE por los delitos de detención arbitraria, incomunicación, tortura y otros, contra autoridades militares y sus jefes policíacos Julián Leyzaola y Gustavo Huerta.
Con relación a su estado de salud, hasta el momento, no se les ha brindado atención médica ni psicológica, aún cuando presentan secuelas graves que ponen en riesgo su integridad física.
Los policías municipales liberados han demandado su indemnización de ley o su reincorporación al trabajo, aún a otras áreas, sin que hasta la fecha hayan recibido alternativa alguna por parte de autoridades del XIX y del XX Ayuntamiento de Tijuana.
El pasado mes de octubre, la CCDH documentó el caso de 21 civiles y 4 policías municipales de Tecate, B.C. detenidos en este municipio por la Policía Federal en abril de 2009, sin orden judicial, trasladados, incomunicados y torturados en el cuartel militar El Aguaje de la Tuna de Tijuana, 28º. Batallón de Infantería. Un detenido sufrió dos infartos durante la tortura. A un policía municipal le fracturaron una rodilla y le lesionaron la columna. Posteriormente, a todos los arraigaron durante 80 días en el Hotel Real Inn de Tijuana, Centro de Arraigo de la PGR. Ahora se encuentran en la penitenciaría de El Hongo, B.C., y sus causas penales y recursos de defensa se desahogan en Tepic, Nay., Guadalajara, Jal. y Culiacán, Sin. Presuntamente, una persona se encuentra desaparecida tras la detención.
Los 13 policías municipales de Tijuana liberados del penal de Tepic este año, aseguran que, en las sesiones de tortura en el cuartel militar El Aguaje de la Tuna de Tijuana, donde estuvieron arraigados 40 días, vieron tirados en el piso, esposados, bocabajo y sangrantes, a los 21 civiles y 4 policías municipales de Tecate; los brincaban para trasladarse al baño.
Sobre este caso, algunos familiares han pasado a ser víctimas. Una de ellas, el día de la detención en abril de 2009, a consecuencia de la impresión aborto a un producto de 4 meses de gestación y hoy se encuentra seriamente alterada de los nervios. Otro familiar fue severamente golpeado y enviado al hospital. A un familiar más lo detuvieron tres días e intentaron involucrarlo con la delincuencia organizada. Todos los procesados fueron amenazados para no denunciar ellos o sus familiares la tortura.
GRAVES AMENAZAS A DOS DEFENSORAS DE TIJUANA
Las activistas de los Derechos Humanos SILVIA VAZQUEZ CAMACHO y BLANCA MESINA NEVARES, de Tijuana, B.C., quienes coadyuvan con la CCDH y la CMDPDH en la documentación y seguimiento de los casos de arraigo y las denuncias por tortura interpuestas por civiles y policías municipales de Tijuana, que señalan a elementos del ejército mexicano adscritos a la II Zona Militar con sede en Tijuana y a funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública del XIX Ayuntamiento de Tijuana, han sido amenazadas de muerte.
Blanca Mesina, hija de Miguel Angel Mesina (policía procesado en Tepic, Nay., hoy liberado y exonerado por el Poder Judicial junto con 12 policías más), se dio a la tarea de coordinar a los familiares de los policías municipales presuntamente torturados, ofreciendo el 05 de noviembre de 2009 su testimonio en Audiencia Pública, en Washington, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
El 18 de mayo de 2010, aproximadamente a las 18:00 horas, mientras Blanca Mesina circulaba en su automóvil en Tijuana, una camioneta pick up color negra con vidrios polarizados, sin placas, con la defensa trasera chocada, comenzó a golpear por la parte de atrás el auto de Blanca Mesina mientras éste se encontraba en marcha. Debido a que los vidrios de la pick up eran polarizados, Blanca no pudo reconocer a las personas que se encontraban en el interior.
Ante esto, con el fin de protegerse del hostigamiento automovilístico, Blanca Mesina entró al estacionamiento de un establecimiento comercial ubicado en la calle de atrás de la Central Camionera, siendo seguida por la pick up.
De dicha camioneta bajó un hombre, alto, moreno, de complexión robusta, encapuchado, vestido de negro, se acercó a Blanca y le dijo: “es la última vez que te aviso que dejen de denunciar aquí en Tijuana, hay muchos contactos y creo que no quieres perder a algún familiar. Si no te mato en este momento, es para no provocar un escándalo por las elecciones y porque tu caso ya está a nivel internacional”. Posteriormente, esta persona se acercó más a Blanca, le dio un beso en la mejilla y se fue.
A consecuencia de las graves amenazas recibidas por Silvia Vázquez y Blanca Mesina, el 04 de junio pasado la CIDH emitió RECOMENDACIÓN al Estado Mexicano , otorgando MEDIDAS CAUTELARES a favor de las dos activistas y sus familiares, por “actos de intimidación y hostigamientos que ponen en riesgo sus vidas e integridad personal. Se alega asimismo que esta situación se debería a sus denuncias sobre supuestos abusos de autoridad cometidos por agentes de las fuerzas públicas de Baja California.” Solicitando al Estado mexicano que “adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal (…) y que informe a la CIDH sobre las medidas adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares.”, así como se investigue el origen de las amenazas.
Previamente, el 04 de marzo del presente año, la CNDH solicitó al gobernador de Baja California, José Guadalupe Osuna Millán, la adopción de MEDIDAS DE PRECAUCION en favor de las dos defensoras de los Derechos Humanos . En el mismo mes, la PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y PROTECCION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (PDH) hizo lo propio. El 17 de junio último, la CNDH envió un segundo llamamiento al gobernador Osuna Millán, para que instrumente las Medidas Cautelares para Silvia Vázquez y Blanca Mesina .
El 28 de octubre de 2010, la CCDH, la CMDPDH y representantes del Estado Mexicano, tuvieron una REUNION DE TRABAJO en Washington con la CIDH, para garantizar la protección de las defensoras, acordando que la PGR y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California deben realizar las investigaciones y averiguaciones sobre las amenazas que han recibido y que las obligaron a salir de su lugar de residencia.
Por su parte, la defensora Silvia Camacho sostuvo que "a casi siete meses de otorgadas las medidas de protección a través de la Unidad de Derechos Humanos, dependiente de la Secretaría de Gobernación, es necesario que se notifique al Ejecutivo estatal la decisión de abrir procedimientos disciplinarios ante los órganos de control interno o el que corresponda, por el constante incumplimiento de los acuerdos tomados en las reuniones de trabajo para la implementación y cumplimiento de las medidas cautelares, para los funcionarios en ambos niveles de gobierno."
Resultado de la Reunión de Trabajo MC 131/09 del 28 de octubre pasado, antes citada, Blanca Margarita Mesina Nevares, Silvia Vázquez Camacho y sus familias, la CIDH instó al Estado mexicano para que en 48 horas informe de manera concreta la protección otorgada a las defensoras y se implemente de inmediato para que las defensoras puedan regresar a Tijuana a realizar sus actividades cotidianas.
AMNISTIA INTERNACIONAL, desde Londres, emitió ACCION URGENTE el 05 de mayo por las mismas razones ; el 21 de mayo, el OBSERVATORIO PARA LA PROTECCION DE LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS de la FEDERACION INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, dirigió comunicados al Presidente Felipe Calderón, al Presidente de la CNDH, Raúl Plasencia, al Gobernador del Estado de Baja California, José Guadalupe Osuna Millán y a otros funcionarios federales y estatales, para que adopten las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad de las defensoras , y por último, el 25 de mayo pasado, HUMAN RIGHTS WATCH dirige misiva al Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, expresando su preocupación por la integridad y la vida de las dos activistas, solicitando para ellas la protección del gobierno mexicano .
A pesar de las Recomendaciones, Acciones Urgentes y exhortos dirigidos a las autoridades federales y estatales de Baja California por diversos organismos nacionales, internacionales e intergubernamentales de protección de los derechos humanos, y a pesar de múltiples reuniones con autoridades de ambos niveles de gobierno, tanto en Tijuana como en las Cd. de México, no han sido otorgadas las Medidas Cautelares a Silvia Vázquez y a Blanca Mesina de manera efectiva, por lo que el riesgo a su integridad y a su vida persiste.
No hemos observado avances significativos respecto a las denuncias penales interpuestas ante el Ministerio Público por las dos activistas, tanto en el Fuero Federal como en el Fuero Común, por las amenazas recibidas, así como tampoco tenemos conocimiento del avance de las investigaciones respecto a las denuncias presentadas por los policías y civiles presuntamente torturados y/o sus familiares, ante las mismas instancias ministeriales.
Por lo anterior, y ante la falta de garantías para preservar la integridad física y la vida de las afectadas, la CCDH y la CMDPDH decidieron conjuntamente con ellas, la necesidad de que salgan de la Cd. de Tijuana hasta que se den las condiciones de seguridad para su retorno.
RECOMENDACIONES DE LA PDH Y LA CNDH
El pasado 19 de agosto de 2010, la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana del Estado de Baja California (PDH), giró la Recomendación 06/2010 dirigida al presidente municipal de Tijuana, Jorge Ramos, al acreditar que se violaron los derechos humanos de cinco personas civiles en la modalidad de tortura y otras, atribuibles al Secretario de Seguridad Pública Municipal, Tte. Cor. Julián Leyzaola Pérez y a otros elementos de su corporación, dando vista de los hechos al Ministerio Público del Fuero Común.
Se recomendó al alcalde el inicio del procedimiento administrativo por la Sindicatura municipal, se indemnice a las víctimas de tortura y se impartan a todo el personal de Seguridad Pública cursos en materia de Derechos Humanos. La Recomendación no fue aceptada por Jorge Ramos.
El Presidente de la CNDH, Dr. Raúl Plascencia, emitió la Recomendación No. 68/2010 el martes 30 de noviembre de 2010, dirigida a la Diputada Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, Presidente de la XX Legislatura Estatal y a los integrantes del Ayuntamiento de Tijuana. CON UNA INVESTIGACION ANEXA para determinar la responsabilidad penal y administrativa del ex Secretario de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, Julián Leyzaola, acusado de privación ilegal de la libertad, golpes y torturas, en agravio de 5 personas civiles, y contra el ahora ex Alcalde de Tijuana Jorge Ramos Hernández, por negarse a atender la recomendación de retirar de dicho cargo al exjefe policiaco.
En la recomendación de la CNDH recibida en el Congreso del Estado el 02 de diciembre, se precisan hechos violatorios de los derechos humanos atribuibles a Leyzaola y agentes policiacos a sus órdenes, que ocurrieron el 22 de agosto del 2009. Se destaca que estas cinco personas fueron detenidas ilegalmente por policías municipales a cargo de Leyzaola, en hechos distintos, golpeados desde el momento en que fueron subidos a las patrullas, para luego llevarlos al edificio de “La Ocho” (Cárcel Pública municipal y oficinas centrales del Secretario de Seguridad Pública), donde los mantuvieron privados de su libertad, los torturaron física y psicológicamente, incluso, colocándoles bolsas de plástico en la cabeza a fin de que confesaran que habían participado en el asesinato de varios policías municipales. Destaca un párrafo en el sentido de que los obligaron a disparar armas para que les resultara positiva la prueba de rodizonato de sodio. Así mismo, los amenazaron de muerte si denunciaban que habían sido torturados.
Los policías municipales presuntamente torturadores, fueron identificados como elementos del grupo de inteligencia denominado “Pumas”.
La Recomendación fue emitida por la CNDH en relación al recurso de impugnación presentado por las víctimas de tortura y avalado por el Lic. Heriberto García, Procurador de los Derechos Humanos de Baja California, ante la negativa del ahora ex alcalde Jorge Ramos de remover de su cargo a Leyzaola, acusado de violaciones a los derechos humanos de estos jefes de familia, algunos de ellos pequeños empresarios.
En la Recomendación 68/2010 de la CNDH, dirigida además del poder legislativo al ayuntamiento de Tijuana, se pide que “se indemnice económicamente y se repare el daño ocasionado a los agraviados, por medio de la atención médica y psicológica periódica, previa autorización de las víctimas por todo el tiempo que lo requieran hasta su restablecimiento”.
Por su parte, a la presidenta de la XX Legislatura de Baja California, Dip. Nancy Sánchez se le indica que existen elementos para solicitar a la Procuraduría General de Justicia del estado de Baja California, que en el ámbito de su competencia, inicie la averiguación previa que en derecho corresponda, en contra de los servidores públicos que intervinieron en los hechos, y de ser el caso que se determine responsabilidad penal, se sancione a los responsables de los delitos cometidos en contra de las víctimas y que esas conductas no queden impunes.
PREMIO A LOS FUNCIONARIOS ACUSADOS DE TORTURA
Contrario al espíritu de un Estado Democrático de Derecho y de la tan levada y traída “Cultura de la Legalidad”, sin considerar las Recomendaciones de los organismos públicos y las acciones emprendidas a nivel local, nacional e internacional por las ONG en favor de las víctimas de la tortura, el 05 de diciembre pasado el Tte. Cor. Julián Leyzaola Pérez fue nombrado Subsecretario del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Baja California (encargado de promover, precisamente, la Cultura de la Legalidad y la Participación Ciudadana); el Cap. Gustavo Huerta Martínez toma protesta el 06 de diciembre como Secretario de Seguridad Pública Municipal de Tijuana nombrado por el alcalde Carlos Bustamante Anchondo y el Gral. Alfonso Duarte Mújica fue ascendido el 22 de noviembre pasado a Comandante de la II Región Militar con sede en Mexicali (para la región Baja California, Baja California Sur y Sonora). Es, a su vez, nombrado por el gobernador José Guadalupe Osuna Millán como jefe del MANDO UNICO POLICIAL en el estado , a pesar de que aún no se aprueban las reformas correspondientes.
RAUL RAMIREZ BAENA
Presidente,
Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, AC (CCDH)
Correo-e: ccdhbc@yahoo.com.mx
Tel. (686) 172 7956
El día 5 de noviembre, en el marco del 137° período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, A.C. (CCDH) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH)
en nuestro carácter de copeticionarios, nos presentamos ante ese organismo intergubernamental en la Audiencia Temática “Seguridad Pública y Derechos Humanos en Tijuana, Baja California”, en la cual, junto con familiares de víctimas de tortura, se dio testimonio de los presuntos abusos cometidos por elementos del ejército y autoridades municipales de Tijuana (Tte. Cor. Julián Leyzaola Pérez, Secretario de Seguridad Pública Municipal y Cap. Gustavo Huerta, Director de Policía y Tránsito), en la modalidad de detenciones ilegales y arbitrarias, incomunicación, violación al debido proceso y a la debida defensa, así como torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes en contra de policías de dicha entidad y de civiles que se encontraban bajo arraigo en instalaciones militares y en el hotel Real Inn de Tijuana que funge como Centro de Arraigo de la PGR, en distintas fechas, en el año 2009.
De manera particular, entre abril y septiembre de 2009, la CCDH y la CMDPDH documentamos los casos de 25 policías municipales de Tijuana, 4 civiles del municipio de Playas de Rosarito, 2 agentes ministeriales adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California en Mexicali y 11 policías municipales de Tijuana. Salvo los dos agentes ministeriales que solo fueron torturados y liberados al siguiente día, el resto fueron arraigados y torturados por personal militar y, en el caso de los policías municipales, además, torturados por los funcionarios policíacos de Tijuana arriba citados.
Con motivo de la Audiencia antes referida, la CIDH, retomó las inquietudes planteadas por los peticionarios, y el 23 de noviembre de 2009 solicitó al Estado mexicano:
"1. Fundamento jurídico de la institución del arraigo y su aplicación;
2. Procedimiento con que se realiza el arraigo, en particular cómo se autoriza, quién lo ejecuta y si existe control judicial;
3. Autoridad que custodia a las personas detenidas bajo arraigo y cuál es el control que se ejerce sobre los procedimientos de detención;
4. Información sobre los alegatos de tortura y las investigaciones realizadas al efecto;
5. Autoridades ante las cuales corresponde efectuar las denuncias de torturas en estos casos; y
6. Lugares donde se ejecutan los arraigos. En particular, informar sobre el fundamento para mantener arraigados en cuarteles o instalaciones militares."
Cabe mencionar que durante el pasado Examen Periódico Universal de la ONU, el Estado mexicano fue cuestionado respecto a la figura de arraigo y su implementación en el contexto de la llamada guerra contra el crimen organizado, ante lo cual, contestó:
"[...] las personas bajo arraigo gozan de los derechos del debido proceso, al igual que quienes están sujetos a cualquier otra forma de detención. En la aplicación del arraigo, se prohíbe toda incomunicación, intimidación o tortura; debe informarse de los hechos que se atribuyen y los derechos que asisten; y debe garantizarse pleno acceso a un abogado a fin de asegurar una defensa adecuada, entre otras garantías que establece el artículo 20 constitucional que refleja disposiciones de los artículos 9, 10 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El juicio de amparo procede en contra de la resolución del juez de control, así como para garantizar la protección de estos derechos. Además, las personas bajo arraigo gozan de atención y control médico."
Sin embargo, los casos documentados por la CCDH y la CMDPDH dan cuenta de la ineficacia de los controles judiciales, la inoperancia de los abogados de oficio, la práctica de tortura para arrancar confesiones en falso o para incriminar a terceros, la ausencia de un médico que certifique el estado de salud de las personas arraigadas mediante la aplicación del “Protocolo de Estambul” (examen médico-psicológico especializado de la ONU adoptado por México y por el Estado de Baja California para certificar la tortura), así como la violación al debido proceso y el acceso a la justicia.
Asimismo, es importante remarcar que, hasta la fecha, ninguna autoridad se ha pronunciado con respecto a los casos referidos y ninguno de los responsables ha sido llamado a declarar o ha sido sancionado, a pesar de que las víctimas ya han manifestado ante el Ministerio Público y un Juez haber sido sometidos a torturas y haber dado positivo en el Protocolo de Estambul, aplicado por peritos de la CNDH.
El 1º. de octubre pasado, los agentes municipales JOSE ROBERTO CASTILLO ORTIZ, RENE CHRISTIAN HUANTE MONDRAGON, ROLANDO SALDAÑA CHACÓN, BLANCA BERENICE HUISAR MUNGUÍA, MANUEL ADELMO OLIVAS COSS, GERARDO GARDUÑO ESCOBAR y MIGUEL ANGEL MESINA, presentaron ante la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común en Tijuana, formal denuncia penal en contra de elementos del ejército mexicano adscritos al 28º. Batallón de Infantería, II Zona Militar en Tijuana, así como de sus jefes policíacos Julián Leyzaola y Gustavo Huerta.
Estas 13 personas, que salieron en libertad exonerados en agosto pasado, formaron parte del grupo de 25 policías municipales detenidos en marzo y abril de 2009, arraigados, torturados y procesados en el Cefereso No. 4 de Tepic, Nay.
Meses antes, RICARDO CASTELLANOS HERNANDEZ, del grupo de 11 policías arraigados y torturados en septiembre de 2009, presentó su denuncia formal ante la PGJE por los delitos de detención arbitraria, incomunicación, tortura y otros, contra autoridades militares y sus jefes policíacos Julián Leyzaola y Gustavo Huerta.
Con relación a su estado de salud, hasta el momento, no se les ha brindado atención médica ni psicológica, aún cuando presentan secuelas graves que ponen en riesgo su integridad física.
Los policías municipales liberados han demandado su indemnización de ley o su reincorporación al trabajo, aún a otras áreas, sin que hasta la fecha hayan recibido alternativa alguna por parte de autoridades del XIX y del XX Ayuntamiento de Tijuana.
El pasado mes de octubre, la CCDH documentó el caso de 21 civiles y 4 policías municipales de Tecate, B.C. detenidos en este municipio por la Policía Federal en abril de 2009, sin orden judicial, trasladados, incomunicados y torturados en el cuartel militar El Aguaje de la Tuna de Tijuana, 28º. Batallón de Infantería. Un detenido sufrió dos infartos durante la tortura. A un policía municipal le fracturaron una rodilla y le lesionaron la columna. Posteriormente, a todos los arraigaron durante 80 días en el Hotel Real Inn de Tijuana, Centro de Arraigo de la PGR. Ahora se encuentran en la penitenciaría de El Hongo, B.C., y sus causas penales y recursos de defensa se desahogan en Tepic, Nay., Guadalajara, Jal. y Culiacán, Sin. Presuntamente, una persona se encuentra desaparecida tras la detención.
Los 13 policías municipales de Tijuana liberados del penal de Tepic este año, aseguran que, en las sesiones de tortura en el cuartel militar El Aguaje de la Tuna de Tijuana, donde estuvieron arraigados 40 días, vieron tirados en el piso, esposados, bocabajo y sangrantes, a los 21 civiles y 4 policías municipales de Tecate; los brincaban para trasladarse al baño.
Sobre este caso, algunos familiares han pasado a ser víctimas. Una de ellas, el día de la detención en abril de 2009, a consecuencia de la impresión aborto a un producto de 4 meses de gestación y hoy se encuentra seriamente alterada de los nervios. Otro familiar fue severamente golpeado y enviado al hospital. A un familiar más lo detuvieron tres días e intentaron involucrarlo con la delincuencia organizada. Todos los procesados fueron amenazados para no denunciar ellos o sus familiares la tortura.
GRAVES AMENAZAS A DOS DEFENSORAS DE TIJUANA
Las activistas de los Derechos Humanos SILVIA VAZQUEZ CAMACHO y BLANCA MESINA NEVARES, de Tijuana, B.C., quienes coadyuvan con la CCDH y la CMDPDH en la documentación y seguimiento de los casos de arraigo y las denuncias por tortura interpuestas por civiles y policías municipales de Tijuana, que señalan a elementos del ejército mexicano adscritos a la II Zona Militar con sede en Tijuana y a funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública del XIX Ayuntamiento de Tijuana, han sido amenazadas de muerte.
Blanca Mesina, hija de Miguel Angel Mesina (policía procesado en Tepic, Nay., hoy liberado y exonerado por el Poder Judicial junto con 12 policías más), se dio a la tarea de coordinar a los familiares de los policías municipales presuntamente torturados, ofreciendo el 05 de noviembre de 2009 su testimonio en Audiencia Pública, en Washington, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
El 18 de mayo de 2010, aproximadamente a las 18:00 horas, mientras Blanca Mesina circulaba en su automóvil en Tijuana, una camioneta pick up color negra con vidrios polarizados, sin placas, con la defensa trasera chocada, comenzó a golpear por la parte de atrás el auto de Blanca Mesina mientras éste se encontraba en marcha. Debido a que los vidrios de la pick up eran polarizados, Blanca no pudo reconocer a las personas que se encontraban en el interior.
Ante esto, con el fin de protegerse del hostigamiento automovilístico, Blanca Mesina entró al estacionamiento de un establecimiento comercial ubicado en la calle de atrás de la Central Camionera, siendo seguida por la pick up.
De dicha camioneta bajó un hombre, alto, moreno, de complexión robusta, encapuchado, vestido de negro, se acercó a Blanca y le dijo: “es la última vez que te aviso que dejen de denunciar aquí en Tijuana, hay muchos contactos y creo que no quieres perder a algún familiar. Si no te mato en este momento, es para no provocar un escándalo por las elecciones y porque tu caso ya está a nivel internacional”. Posteriormente, esta persona se acercó más a Blanca, le dio un beso en la mejilla y se fue.
A consecuencia de las graves amenazas recibidas por Silvia Vázquez y Blanca Mesina, el 04 de junio pasado la CIDH emitió RECOMENDACIÓN al Estado Mexicano , otorgando MEDIDAS CAUTELARES a favor de las dos activistas y sus familiares, por “actos de intimidación y hostigamientos que ponen en riesgo sus vidas e integridad personal. Se alega asimismo que esta situación se debería a sus denuncias sobre supuestos abusos de autoridad cometidos por agentes de las fuerzas públicas de Baja California.” Solicitando al Estado mexicano que “adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal (…) y que informe a la CIDH sobre las medidas adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares.”, así como se investigue el origen de las amenazas.
Previamente, el 04 de marzo del presente año, la CNDH solicitó al gobernador de Baja California, José Guadalupe Osuna Millán, la adopción de MEDIDAS DE PRECAUCION en favor de las dos defensoras de los Derechos Humanos . En el mismo mes, la PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y PROTECCION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (PDH) hizo lo propio. El 17 de junio último, la CNDH envió un segundo llamamiento al gobernador Osuna Millán, para que instrumente las Medidas Cautelares para Silvia Vázquez y Blanca Mesina .
El 28 de octubre de 2010, la CCDH, la CMDPDH y representantes del Estado Mexicano, tuvieron una REUNION DE TRABAJO en Washington con la CIDH, para garantizar la protección de las defensoras, acordando que la PGR y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California deben realizar las investigaciones y averiguaciones sobre las amenazas que han recibido y que las obligaron a salir de su lugar de residencia.
Por su parte, la defensora Silvia Camacho sostuvo que "a casi siete meses de otorgadas las medidas de protección a través de la Unidad de Derechos Humanos, dependiente de la Secretaría de Gobernación, es necesario que se notifique al Ejecutivo estatal la decisión de abrir procedimientos disciplinarios ante los órganos de control interno o el que corresponda, por el constante incumplimiento de los acuerdos tomados en las reuniones de trabajo para la implementación y cumplimiento de las medidas cautelares, para los funcionarios en ambos niveles de gobierno."
Resultado de la Reunión de Trabajo MC 131/09 del 28 de octubre pasado, antes citada, Blanca Margarita Mesina Nevares, Silvia Vázquez Camacho y sus familias, la CIDH instó al Estado mexicano para que en 48 horas informe de manera concreta la protección otorgada a las defensoras y se implemente de inmediato para que las defensoras puedan regresar a Tijuana a realizar sus actividades cotidianas.
AMNISTIA INTERNACIONAL, desde Londres, emitió ACCION URGENTE el 05 de mayo por las mismas razones ; el 21 de mayo, el OBSERVATORIO PARA LA PROTECCION DE LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS de la FEDERACION INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, dirigió comunicados al Presidente Felipe Calderón, al Presidente de la CNDH, Raúl Plasencia, al Gobernador del Estado de Baja California, José Guadalupe Osuna Millán y a otros funcionarios federales y estatales, para que adopten las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad de las defensoras , y por último, el 25 de mayo pasado, HUMAN RIGHTS WATCH dirige misiva al Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, expresando su preocupación por la integridad y la vida de las dos activistas, solicitando para ellas la protección del gobierno mexicano .
A pesar de las Recomendaciones, Acciones Urgentes y exhortos dirigidos a las autoridades federales y estatales de Baja California por diversos organismos nacionales, internacionales e intergubernamentales de protección de los derechos humanos, y a pesar de múltiples reuniones con autoridades de ambos niveles de gobierno, tanto en Tijuana como en las Cd. de México, no han sido otorgadas las Medidas Cautelares a Silvia Vázquez y a Blanca Mesina de manera efectiva, por lo que el riesgo a su integridad y a su vida persiste.
No hemos observado avances significativos respecto a las denuncias penales interpuestas ante el Ministerio Público por las dos activistas, tanto en el Fuero Federal como en el Fuero Común, por las amenazas recibidas, así como tampoco tenemos conocimiento del avance de las investigaciones respecto a las denuncias presentadas por los policías y civiles presuntamente torturados y/o sus familiares, ante las mismas instancias ministeriales.
Por lo anterior, y ante la falta de garantías para preservar la integridad física y la vida de las afectadas, la CCDH y la CMDPDH decidieron conjuntamente con ellas, la necesidad de que salgan de la Cd. de Tijuana hasta que se den las condiciones de seguridad para su retorno.
RECOMENDACIONES DE LA PDH Y LA CNDH
El pasado 19 de agosto de 2010, la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana del Estado de Baja California (PDH), giró la Recomendación 06/2010 dirigida al presidente municipal de Tijuana, Jorge Ramos, al acreditar que se violaron los derechos humanos de cinco personas civiles en la modalidad de tortura y otras, atribuibles al Secretario de Seguridad Pública Municipal, Tte. Cor. Julián Leyzaola Pérez y a otros elementos de su corporación, dando vista de los hechos al Ministerio Público del Fuero Común.
Se recomendó al alcalde el inicio del procedimiento administrativo por la Sindicatura municipal, se indemnice a las víctimas de tortura y se impartan a todo el personal de Seguridad Pública cursos en materia de Derechos Humanos. La Recomendación no fue aceptada por Jorge Ramos.
El Presidente de la CNDH, Dr. Raúl Plascencia, emitió la Recomendación No. 68/2010 el martes 30 de noviembre de 2010, dirigida a la Diputada Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, Presidente de la XX Legislatura Estatal y a los integrantes del Ayuntamiento de Tijuana. CON UNA INVESTIGACION ANEXA para determinar la responsabilidad penal y administrativa del ex Secretario de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, Julián Leyzaola, acusado de privación ilegal de la libertad, golpes y torturas, en agravio de 5 personas civiles, y contra el ahora ex Alcalde de Tijuana Jorge Ramos Hernández, por negarse a atender la recomendación de retirar de dicho cargo al exjefe policiaco.
En la recomendación de la CNDH recibida en el Congreso del Estado el 02 de diciembre, se precisan hechos violatorios de los derechos humanos atribuibles a Leyzaola y agentes policiacos a sus órdenes, que ocurrieron el 22 de agosto del 2009. Se destaca que estas cinco personas fueron detenidas ilegalmente por policías municipales a cargo de Leyzaola, en hechos distintos, golpeados desde el momento en que fueron subidos a las patrullas, para luego llevarlos al edificio de “La Ocho” (Cárcel Pública municipal y oficinas centrales del Secretario de Seguridad Pública), donde los mantuvieron privados de su libertad, los torturaron física y psicológicamente, incluso, colocándoles bolsas de plástico en la cabeza a fin de que confesaran que habían participado en el asesinato de varios policías municipales. Destaca un párrafo en el sentido de que los obligaron a disparar armas para que les resultara positiva la prueba de rodizonato de sodio. Así mismo, los amenazaron de muerte si denunciaban que habían sido torturados.
Los policías municipales presuntamente torturadores, fueron identificados como elementos del grupo de inteligencia denominado “Pumas”.
La Recomendación fue emitida por la CNDH en relación al recurso de impugnación presentado por las víctimas de tortura y avalado por el Lic. Heriberto García, Procurador de los Derechos Humanos de Baja California, ante la negativa del ahora ex alcalde Jorge Ramos de remover de su cargo a Leyzaola, acusado de violaciones a los derechos humanos de estos jefes de familia, algunos de ellos pequeños empresarios.
En la Recomendación 68/2010 de la CNDH, dirigida además del poder legislativo al ayuntamiento de Tijuana, se pide que “se indemnice económicamente y se repare el daño ocasionado a los agraviados, por medio de la atención médica y psicológica periódica, previa autorización de las víctimas por todo el tiempo que lo requieran hasta su restablecimiento”.
Por su parte, a la presidenta de la XX Legislatura de Baja California, Dip. Nancy Sánchez se le indica que existen elementos para solicitar a la Procuraduría General de Justicia del estado de Baja California, que en el ámbito de su competencia, inicie la averiguación previa que en derecho corresponda, en contra de los servidores públicos que intervinieron en los hechos, y de ser el caso que se determine responsabilidad penal, se sancione a los responsables de los delitos cometidos en contra de las víctimas y que esas conductas no queden impunes.
PREMIO A LOS FUNCIONARIOS ACUSADOS DE TORTURA
Contrario al espíritu de un Estado Democrático de Derecho y de la tan levada y traída “Cultura de la Legalidad”, sin considerar las Recomendaciones de los organismos públicos y las acciones emprendidas a nivel local, nacional e internacional por las ONG en favor de las víctimas de la tortura, el 05 de diciembre pasado el Tte. Cor. Julián Leyzaola Pérez fue nombrado Subsecretario del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Baja California (encargado de promover, precisamente, la Cultura de la Legalidad y la Participación Ciudadana); el Cap. Gustavo Huerta Martínez toma protesta el 06 de diciembre como Secretario de Seguridad Pública Municipal de Tijuana nombrado por el alcalde Carlos Bustamante Anchondo y el Gral. Alfonso Duarte Mújica fue ascendido el 22 de noviembre pasado a Comandante de la II Región Militar con sede en Mexicali (para la región Baja California, Baja California Sur y Sonora). Es, a su vez, nombrado por el gobernador José Guadalupe Osuna Millán como jefe del MANDO UNICO POLICIAL en el estado , a pesar de que aún no se aprueban las reformas correspondientes.
RAUL RAMIREZ BAENA
Presidente,
Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, AC (CCDH)
Correo-e: ccdhbc@yahoo.com.mx
Tel. (686) 172 7956
Ponen freno a tomas de tribuna y a la famosa congeladora en San Lázaro
MEXICO.- La eliminación de la famosa “congeladora legislativa” que paraliza los trabajos de la cámara de diputados fue eliminada en un acuerdo trascendental por la mayoría de las fracciones partidistas luego de aprobarse la nueva reforma que rige el reglamento de la Cámara de Diputados Federales, informó el Vice-Coordinador Jurídico de la bancada del PAN, Oscar Arce Paniagua.
Esta nueva reforma aprobada por la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias sustituirá al reglamento de cámara de 1934 y garantiza el dictamen de iniciativas, concentrará la discusión en el pleno de cuestiones trascendentales al no permitir que se lean puntos de acuerdos, estos pasarán directamente a las comisiones que correspondan y solo se permitirán aquellos que sean de obvia y urgente resolución.
El Vice-Coordinador Jurídico del PAN, dijo que muchas de las propuestas fueron impulsadas por la Presidenta de la Junta de Coordinación Política de Cámara, Josefina Vázquez Mota, entre las que destacan sanciones también a las tomas de tribuna que paralizan el trabajo legislativo de forma repetitiva y constante.
En relación a la toma de tribuna con oposición del PT y del PRD se dispone sanciones de abandono de la sesión del diputado infractor asimismo del recinto correspondiente y por ende descuentos y multas salariales.
Oscar Arce, dijo que el nuevo reglamento contempla la despresurización del pleno de la Cámara, es decir reducir todos aquellos elementos que no son importantes ni para su análisis ni discusión y que estos sean asumidos por los diferentes órganos a fin de dotar de eficacia el trabajo parlamentario de la cámara.
Explicó que se limita la lectura de puntos de acuerdo en el Pleno, se reformulan los tiempos para las intervenciones. A propuestas de todos los Grupos Parlamentarios se reordenan los apartados que integran el orden del día.
“El abatimiento del rezago legislativo, es otro de los males en la Cámara de Diputados por lo que ahora se instrumentan mecanismos que permitan la pronta y debida dictaminación de las iniciativas”, detalló el legislador federal panista.
Se estableció a las comisiones un término de dictaminación de las iniciativas de ley de 45 días con derecho a una prórroga de otros 45 y en caso de que no sea así, se pondrán a consideración directa del Pleno, haciendo las veces de dictamen. En el caso de las iniciativas en materia constitucional y las minutas se establece un plazo de 90 días, con derecho a una prórroga de 45 días.
Entre los derechos de los diputados, se privilegia la rendición de cuentas como punto clave de la relación entre gobernantes y gobernador. Se estableció un catálogo exhaustivo de derechos y obligaciones de los diputados, entre los que destacan hacer uso de la tribuna de conformidad a la normatividad aplicable.
Asimismo que los legisladores tengan acceso a los documentos y medios de información disponibles en la Cámara, tener asesoría y personal de apoyo.
Y, sus Obligaciones son de acuerdo al nuevo reglamento: Asistir puntualmente a las convocatorias a sesiones y reuniones. Acatar los acuerdos del Pleno, de los órganos directivos, comisiones y comités.
Con la aprobación de este dictamen los Diputados Federales serán obligados a informar de los asuntos que tengan intereses o puedan obtener beneficios personales y excusarse de participar en la promoción, recomendación y discusión de los mismos, conocidos estos actos como “cabildeos”
En la regulación de los cabildeos se incorporó un capitulo, que contiene una regulación básica de la actividad del mismo, estableciendo un registro de control interno sobre quienes ejercen esta actividad. Se excluyeron a los organismos públicos de considerase cabilderos de empresas, negocios particulares, entre otros.
Esta nueva reforma aprobada por la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias sustituirá al reglamento de cámara de 1934 y garantiza el dictamen de iniciativas, concentrará la discusión en el pleno de cuestiones trascendentales al no permitir que se lean puntos de acuerdos, estos pasarán directamente a las comisiones que correspondan y solo se permitirán aquellos que sean de obvia y urgente resolución.
El Vice-Coordinador Jurídico del PAN, dijo que muchas de las propuestas fueron impulsadas por la Presidenta de la Junta de Coordinación Política de Cámara, Josefina Vázquez Mota, entre las que destacan sanciones también a las tomas de tribuna que paralizan el trabajo legislativo de forma repetitiva y constante.
En relación a la toma de tribuna con oposición del PT y del PRD se dispone sanciones de abandono de la sesión del diputado infractor asimismo del recinto correspondiente y por ende descuentos y multas salariales.
Oscar Arce, dijo que el nuevo reglamento contempla la despresurización del pleno de la Cámara, es decir reducir todos aquellos elementos que no son importantes ni para su análisis ni discusión y que estos sean asumidos por los diferentes órganos a fin de dotar de eficacia el trabajo parlamentario de la cámara.
Explicó que se limita la lectura de puntos de acuerdo en el Pleno, se reformulan los tiempos para las intervenciones. A propuestas de todos los Grupos Parlamentarios se reordenan los apartados que integran el orden del día.
“El abatimiento del rezago legislativo, es otro de los males en la Cámara de Diputados por lo que ahora se instrumentan mecanismos que permitan la pronta y debida dictaminación de las iniciativas”, detalló el legislador federal panista.
Se estableció a las comisiones un término de dictaminación de las iniciativas de ley de 45 días con derecho a una prórroga de otros 45 y en caso de que no sea así, se pondrán a consideración directa del Pleno, haciendo las veces de dictamen. En el caso de las iniciativas en materia constitucional y las minutas se establece un plazo de 90 días, con derecho a una prórroga de 45 días.
Entre los derechos de los diputados, se privilegia la rendición de cuentas como punto clave de la relación entre gobernantes y gobernador. Se estableció un catálogo exhaustivo de derechos y obligaciones de los diputados, entre los que destacan hacer uso de la tribuna de conformidad a la normatividad aplicable.
Asimismo que los legisladores tengan acceso a los documentos y medios de información disponibles en la Cámara, tener asesoría y personal de apoyo.
Y, sus Obligaciones son de acuerdo al nuevo reglamento: Asistir puntualmente a las convocatorias a sesiones y reuniones. Acatar los acuerdos del Pleno, de los órganos directivos, comisiones y comités.
Con la aprobación de este dictamen los Diputados Federales serán obligados a informar de los asuntos que tengan intereses o puedan obtener beneficios personales y excusarse de participar en la promoción, recomendación y discusión de los mismos, conocidos estos actos como “cabildeos”
En la regulación de los cabildeos se incorporó un capitulo, que contiene una regulación básica de la actividad del mismo, estableciendo un registro de control interno sobre quienes ejercen esta actividad. Se excluyeron a los organismos públicos de considerase cabilderos de empresas, negocios particulares, entre otros.
COLUMNA: Palco de Prensa
* El que nada debe, nada…
Por Gilberto Lavenánt
Después de Tijuana Innovadora, que tuvo el propósito de promover las cosas positivas de esta frontera a nivel internacional, las violaciones a los derechos humanos, por parte de policías municipales y elementos del ejército mexicano, son los temas que más han proyectado a esta ciudad, aunque negativamente, a nivel internacional.
Y en los papeles protagónicos o estelares de tales noticias, aparecen, invariablemente, el controversial Julián Leyzaola y su segundo de abordo, Gustavo Huerta Martٌnez. Ambos autoproclamados como ¨héroes¨, porque supuestamente a ellos les deben los tijuanenses el grado de ¨seguridad pública¨ que se vive actualmente.
Por internet circula ampliamente, lo que se ha denominado como ¨Ficha técnica Casos de tortura en Tijuana 2009-2010¨, donde se relatan varios casos de vejaciones y torturas en agravio de numerosas personas, principalmente policías municipales, en los que se señala como responsables de los mismos, precisamente a Leyzaola y Huerta.
En dicho documento, suscrito por Raúl Ramírez Baena, Presidente de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, A.C., CCDH, se hace referencia a las múltiples instancias nacionales e internacionales a las que han tenido que recurrir los agraviados, sus defensores y familiares, porque en Baja California las autoridades no los escuchan, y por el contrario, temen por su integridad física.
Precisamente, a propósito de este tema, es importante observar que el hecho de que el Alcalde de Tijuana, Carlos Bustamante Anchondo, y el Gobernador José Guadalupe Osuna Millán, hayan premiado tanto a Leyzaola, como a Huerta, al otorgarles cargos de mayor jerarquía en el ámbito de seguridad pública, haciendo caso omiso a la recomendación de la Procuraduria de los Derechos Humanos de Baja California, para que fuesen removidos de los cargos que ostentaban, ante las acusaciones de tortura que pesan en su contra, ha generado preocupación y temores fundados entre organizaciones y defensores de derechos humanos.
Esto se puso de manifiesto en un pronunciamiento de fecha 10 de diciembre, suscrito por 9 organizaciones pro derechos humanos de Baja California, 12 de otras entidades del país y 20 personas a título individual, que también circula por la red.
¨Las organizaciones y personas abajo firmantes –indican- ven con suma preocupación los recientes nombramientos, debido a que los nuevos jefes policíacos, de extracción militar, han sido promovidos a pesar de haber sido denunciados por el delito de tortura, por decenas de policías municipales de Tijuana, durante los últimos dos años, lo que coloca en situación de riesgo la integridad de las víctimas que los denunciaron, así como a dos defensoras de derechos humanos que los han representado y sus familias¨.
¨Es evidente –señalan- que la promoción de ambos funcionarios por el gobernador de Baja California no sólo atenta contra la democracia y pasa por alto las Recomendaciones de los organismos públicos de protección, sino que les otorga más poder para el manejo de la fuerza pública estatal de Baja California y le da carta de validez a la impunidad¨.
Ante tal situación, concluyen exhortando ¨…a la solidaridad nacional e internacional; al gobernador de Baja California, José Guadalupe Osuna Millán y al presidente municipal de Tijuana, Carlos Bustamante, a ser respetuosos y vigilantes del Estado de Garantías y a separar de sus nuevos cargos a Julián Leyzaola y a Gustavo Huerta, en tanto se resuelven las denuncias que actualmente se ventilan en su contra¨.
Por cierto, hay que tener pendiente que en la Recomendación 68/2010, de fecha 30 de noviembre del 2010, el Dr. Raúl Plascencia, solicitó a la Presidente de la XX Legislatura Estatal, Nancy Sánchez Arredondo, que investigara a fin de determinar la responsabilidad de los involucrados en tales hechos de tortura y en el incumplimiento de la recomendación de la PDH para remover a Leyzaola y a Huerta de sus cargos, y en términos similares al Ayuntamiento de Tijuana, ahora presidido por Carlos Bustamante Anchondo, estableciendo un término de 15 días para ello. Plazo que vence el próximo miércoles.
Así es que esta semana habrá que estar a la expectativa para ver qué postura asumirán Osuna y Bustamante, así como la Legislatura Estatal, ante las Recomendaciones de la PDH y la CNDH. Si las desdeñan, al igual que lo hizo Jorge Ramos, o las cumplen, deberán remover a Julián Leyzaola de la Subsecretaría de Seguridad Pública Estatal y a Gustavo Huerta, de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal, a donde acaban de ser designados.
Definitivamente, este asunto no tiene fin, por el momento, y las autoridades locales, tanto estatales, como municipales, están en un dilema. Si acatan las rercomendaciones contra Leyzaola y Huerta, en principio deberán sacarlos de las nóminas públicas, en tanto que la Procuraduría de Justicia ejerce las acciones penales correspondientes.
Si insisten en hacerse de oídos sordos, y los encubren, pasarán a la historia como promotores de la impunidad y por ende como aspiciadores de las violaciones de derechos humanos.
Y si Leyzaola y Huerta, son inocentes, como argumentan, ¿entonces, qué no dicen que el que nada debe, nada teme?
gil_lavenant@hotmail.com
Por Gilberto Lavenánt
Después de Tijuana Innovadora, que tuvo el propósito de promover las cosas positivas de esta frontera a nivel internacional, las violaciones a los derechos humanos, por parte de policías municipales y elementos del ejército mexicano, son los temas que más han proyectado a esta ciudad, aunque negativamente, a nivel internacional.
Y en los papeles protagónicos o estelares de tales noticias, aparecen, invariablemente, el controversial Julián Leyzaola y su segundo de abordo, Gustavo Huerta Martٌnez. Ambos autoproclamados como ¨héroes¨, porque supuestamente a ellos les deben los tijuanenses el grado de ¨seguridad pública¨ que se vive actualmente.
Por internet circula ampliamente, lo que se ha denominado como ¨Ficha técnica Casos de tortura en Tijuana 2009-2010¨, donde se relatan varios casos de vejaciones y torturas en agravio de numerosas personas, principalmente policías municipales, en los que se señala como responsables de los mismos, precisamente a Leyzaola y Huerta.
En dicho documento, suscrito por Raúl Ramírez Baena, Presidente de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, A.C., CCDH, se hace referencia a las múltiples instancias nacionales e internacionales a las que han tenido que recurrir los agraviados, sus defensores y familiares, porque en Baja California las autoridades no los escuchan, y por el contrario, temen por su integridad física.
Precisamente, a propósito de este tema, es importante observar que el hecho de que el Alcalde de Tijuana, Carlos Bustamante Anchondo, y el Gobernador José Guadalupe Osuna Millán, hayan premiado tanto a Leyzaola, como a Huerta, al otorgarles cargos de mayor jerarquía en el ámbito de seguridad pública, haciendo caso omiso a la recomendación de la Procuraduria de los Derechos Humanos de Baja California, para que fuesen removidos de los cargos que ostentaban, ante las acusaciones de tortura que pesan en su contra, ha generado preocupación y temores fundados entre organizaciones y defensores de derechos humanos.
Esto se puso de manifiesto en un pronunciamiento de fecha 10 de diciembre, suscrito por 9 organizaciones pro derechos humanos de Baja California, 12 de otras entidades del país y 20 personas a título individual, que también circula por la red.
¨Las organizaciones y personas abajo firmantes –indican- ven con suma preocupación los recientes nombramientos, debido a que los nuevos jefes policíacos, de extracción militar, han sido promovidos a pesar de haber sido denunciados por el delito de tortura, por decenas de policías municipales de Tijuana, durante los últimos dos años, lo que coloca en situación de riesgo la integridad de las víctimas que los denunciaron, así como a dos defensoras de derechos humanos que los han representado y sus familias¨.
¨Es evidente –señalan- que la promoción de ambos funcionarios por el gobernador de Baja California no sólo atenta contra la democracia y pasa por alto las Recomendaciones de los organismos públicos de protección, sino que les otorga más poder para el manejo de la fuerza pública estatal de Baja California y le da carta de validez a la impunidad¨.
Ante tal situación, concluyen exhortando ¨…a la solidaridad nacional e internacional; al gobernador de Baja California, José Guadalupe Osuna Millán y al presidente municipal de Tijuana, Carlos Bustamante, a ser respetuosos y vigilantes del Estado de Garantías y a separar de sus nuevos cargos a Julián Leyzaola y a Gustavo Huerta, en tanto se resuelven las denuncias que actualmente se ventilan en su contra¨.
Por cierto, hay que tener pendiente que en la Recomendación 68/2010, de fecha 30 de noviembre del 2010, el Dr. Raúl Plascencia, solicitó a la Presidente de la XX Legislatura Estatal, Nancy Sánchez Arredondo, que investigara a fin de determinar la responsabilidad de los involucrados en tales hechos de tortura y en el incumplimiento de la recomendación de la PDH para remover a Leyzaola y a Huerta de sus cargos, y en términos similares al Ayuntamiento de Tijuana, ahora presidido por Carlos Bustamante Anchondo, estableciendo un término de 15 días para ello. Plazo que vence el próximo miércoles.
Así es que esta semana habrá que estar a la expectativa para ver qué postura asumirán Osuna y Bustamante, así como la Legislatura Estatal, ante las Recomendaciones de la PDH y la CNDH. Si las desdeñan, al igual que lo hizo Jorge Ramos, o las cumplen, deberán remover a Julián Leyzaola de la Subsecretaría de Seguridad Pública Estatal y a Gustavo Huerta, de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal, a donde acaban de ser designados.
Definitivamente, este asunto no tiene fin, por el momento, y las autoridades locales, tanto estatales, como municipales, están en un dilema. Si acatan las rercomendaciones contra Leyzaola y Huerta, en principio deberán sacarlos de las nóminas públicas, en tanto que la Procuraduría de Justicia ejerce las acciones penales correspondientes.
Si insisten en hacerse de oídos sordos, y los encubren, pasarán a la historia como promotores de la impunidad y por ende como aspiciadores de las violaciones de derechos humanos.
Y si Leyzaola y Huerta, son inocentes, como argumentan, ¿entonces, qué no dicen que el que nada debe, nada teme?
gil_lavenant@hotmail.com
COLUMNA: PolitiKronos
* Premio a torturadores arbitrarios
* La personalidad múltiple del ex alcalde
* La crisis y la carnicería del gobierno federal
* Estemos Unidos Mexicanos, una buena opción
Por Hugo Isaac Rea Torres
¡CUIDADO!- El pasado 5 de noviembre, en el marco del 137° período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, se dio testimonio de los presuntos abusos cometidos por elementos del ejército y autoridades municipales de Tijuana (Julián Leyzaola Pérez, Secretario de Seguridad Pública Municipal y Gustavo Huerta, Director de Policía y Tránsito), en la modalidad de detenciones ilegales y arbitrarias, incomunicación, violación al debido proceso y a la debida defensa, así como torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes… Debido a eso fue enviada la Recomendación 06/2010 dirigida al presidente municipal de Tijuana, Jorge Ramos, al acreditar que se violaron los derechos humanos de cinco personas civiles en la modalidad de tortura y otras, atribuibles al Secretario de Seguridad Pública Municipal, Julián Leyzaola Pérez y a otros elementos de su corporación, dando vista de los hechos al Ministerio Público del Fuero Común… Se recomendó al alcalde el inicio del procedimiento administrativo por la Sindicatura municipal, se indemnice a las víctimas de tortura y se impartan a todo el personal de Seguridad Pública cursos en materia de Derechos Humanos. La Recomendación no fue aceptada por Jorge Ramos… El Presidente de la CNDH, Dr. Raúl Plascencia, emitió la Recomendación No. 68/2010 el martes 30 de noviembre de 2010, dirigida a la Diputada Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, Presidente de la XX Legislatura Estatal y a los integrantes del Ayuntamiento de Tijuana. Con una investigación anexa para determinar la responsabilidad penal y administrativa del ex Secretario de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, Julián Leyzaola, acusado de privación ilegal de la libertad, golpes y torturas, en agravio de 5 personas civiles, y contra el ahora ex Alcalde de Tijuana Jorge Ramos Hernández, por negarse a atender la recomendación de retirar de dicho cargo al exjefe policiaco… Los policías municipales presuntamente torturadores, fueron identificados como elementos del grupo de inteligencia denominado “Pumas”… Contrario a lo que pudiese esperarse, los dos jefes policíacos fueron “premiados” con nombramientos superiores a los que desempeñaron… ¿Cuál mafia es más peligrosa: el crimen organizado o la de la política del panismo?… ESQUIZOFRÉNICO.- Con esos antecedentes, Jorge Ramos Hernández parece ser victima del desorden de personalidad múltiple; diagnosticado con el mal caracterizado por la coexistencia en un solo cuerpo de identidades distintas que se pelean entre sí y el pleito produce una persona incapaz de mantener posiciones coherentes, confiables… Un solo hombre con tantas corrientes internas, con tantas subcontrataciones corporales, con tantas vidas variopintas percibiendo e interactuando con la realidad. Pero su mal es congénito, es parte de la herencia panista y afecta a todos sus miembros en mayor o menor medida… Los desórdenes mentales disociativos siempre están acompañados por la amnesia, la pérdida selectiva de la memoria, la incapacidad para recordar lo dicho, lo hecho, lo prometido, lo incumplido… No sorprende entonces que Jorge Ramos parezca esquizofrénico, lo es… CARNICERIA.- El desconocimiento de los actores políticos que han gobernado el país durante los últimos años, nos tiene postrados presenciando una verdadera carnicería como elemento de distracción para frenar el estímulo de la conciencia en torno a la cada vez más grave situación económica que nos ha llevado a alcanzar en los últimos cuatro años un aumento del 115 por ciento en el precio de los productos básicos (según estudio de la UNAM) … Esa matazón, a la que desgraciadamente nos está acostumbrando éste gobierno, pudo ser diferente si el que la inició hubiese leído antes El Arte de la Guerra, de Sun Tzu, quien en su texto, entre otras cosas dice: “La guerra es un asunto de vital importancia para el Estado; la provincia de la vida o de la muerte; el camino de la supervivencia o de la ruina. Se requiere estudiarla profundamente… Cuando se trata a la gente con benevolencia, justicia y rectitud, y se coloca en ella la confianza, el ejército permanece unido de ánimo y sirve con alegría… Si un general es colérico, su autoridad puede alterarse fácilmente. Su carácter no es firme… Lo más importante en la guerra es una velocidad extraordinaria; uno no puede darse el lujo de despreciar las oportunidades… La victoria es el principal objetivo de la guerra. Si la victoria tarda en llegar, las armas pierden su filo y la moral decae. Cuando llegue el momento de atacar las ciudades, su vigor se habrá agotado… Cuando un ejército emprende largas campañas, no bastan los recursos del Estado… Lo esencial en una guerra es la victoria y no inacabables operaciones… Quien está confundido en su propósito, no puede responder al enemigo… Un ejército victorioso alcanza sus victorias antes de buscar combate; un ejército condenado a la derrota pelea con la esperanza de alcanzar el triunfo… En la guerra, los solos números no confieren ventaja. No avances confiado en el puro poder militar”… El proyecto panista se hunde gracias a un presidente que creyó que podía legitimarse con una guerra sin importarle cuán larga y costosa pudiera ser… No es necesario establecer cuál es la condición de Calderón ¿o si?... UNIDOS.- Sin embargo, estamos acostumbrados a quejarnos del gobierno pero no a participar en él para cambiarlo. Y es que las prácticas políticas han sido diseñadas para que el ciudadano no participe y para que siga siendo el ejemplo vivo del desamparo, la indefensión e indolencia en que lo han sumido los gobiernos… Pero ahora, quizá más que nunca, los ciudadanos tenemos que participar en el gobierno de nuestro país. Nuestra abulia política se convierte cada vez más en un problema de seguridad nacional… ¡Qué año más difícil!... Nos ha tocado vivir una era interesante, como reza la antigua maldición china. Pero, a pesar de todo, también nos demuestra que hay esperanza… El verdadero cambio vendrá cuando cada ciudadano se responsabilice por sus propios actos, cuando entienda que tiene que participar para que las cosas mejoren, cuando venza su desgano ante la política y entienda de una vez por todas que los "hombres providenciales" han sido nefastos para nuestro país. Que el recuerdo de 2010 nos sirva para mejorar todo lo malo que hemos vivido… Aunque sé que esta humilde columna es una gota en el océano, plenamente consciente estoy que es un grito de esperanza que en algunos encontraré eco. Gracias y felices fiestas navideñas… NO SE ENREDEN Y PUNTO! hugorea@hotmail.com
* La personalidad múltiple del ex alcalde
* La crisis y la carnicería del gobierno federal
* Estemos Unidos Mexicanos, una buena opción
Por Hugo Isaac Rea Torres
¡CUIDADO!- El pasado 5 de noviembre, en el marco del 137° período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, se dio testimonio de los presuntos abusos cometidos por elementos del ejército y autoridades municipales de Tijuana (Julián Leyzaola Pérez, Secretario de Seguridad Pública Municipal y Gustavo Huerta, Director de Policía y Tránsito), en la modalidad de detenciones ilegales y arbitrarias, incomunicación, violación al debido proceso y a la debida defensa, así como torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes… Debido a eso fue enviada la Recomendación 06/2010 dirigida al presidente municipal de Tijuana, Jorge Ramos, al acreditar que se violaron los derechos humanos de cinco personas civiles en la modalidad de tortura y otras, atribuibles al Secretario de Seguridad Pública Municipal, Julián Leyzaola Pérez y a otros elementos de su corporación, dando vista de los hechos al Ministerio Público del Fuero Común… Se recomendó al alcalde el inicio del procedimiento administrativo por la Sindicatura municipal, se indemnice a las víctimas de tortura y se impartan a todo el personal de Seguridad Pública cursos en materia de Derechos Humanos. La Recomendación no fue aceptada por Jorge Ramos… El Presidente de la CNDH, Dr. Raúl Plascencia, emitió la Recomendación No. 68/2010 el martes 30 de noviembre de 2010, dirigida a la Diputada Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, Presidente de la XX Legislatura Estatal y a los integrantes del Ayuntamiento de Tijuana. Con una investigación anexa para determinar la responsabilidad penal y administrativa del ex Secretario de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, Julián Leyzaola, acusado de privación ilegal de la libertad, golpes y torturas, en agravio de 5 personas civiles, y contra el ahora ex Alcalde de Tijuana Jorge Ramos Hernández, por negarse a atender la recomendación de retirar de dicho cargo al exjefe policiaco… Los policías municipales presuntamente torturadores, fueron identificados como elementos del grupo de inteligencia denominado “Pumas”… Contrario a lo que pudiese esperarse, los dos jefes policíacos fueron “premiados” con nombramientos superiores a los que desempeñaron… ¿Cuál mafia es más peligrosa: el crimen organizado o la de la política del panismo?… ESQUIZOFRÉNICO.- Con esos antecedentes, Jorge Ramos Hernández parece ser victima del desorden de personalidad múltiple; diagnosticado con el mal caracterizado por la coexistencia en un solo cuerpo de identidades distintas que se pelean entre sí y el pleito produce una persona incapaz de mantener posiciones coherentes, confiables… Un solo hombre con tantas corrientes internas, con tantas subcontrataciones corporales, con tantas vidas variopintas percibiendo e interactuando con la realidad. Pero su mal es congénito, es parte de la herencia panista y afecta a todos sus miembros en mayor o menor medida… Los desórdenes mentales disociativos siempre están acompañados por la amnesia, la pérdida selectiva de la memoria, la incapacidad para recordar lo dicho, lo hecho, lo prometido, lo incumplido… No sorprende entonces que Jorge Ramos parezca esquizofrénico, lo es… CARNICERIA.- El desconocimiento de los actores políticos que han gobernado el país durante los últimos años, nos tiene postrados presenciando una verdadera carnicería como elemento de distracción para frenar el estímulo de la conciencia en torno a la cada vez más grave situación económica que nos ha llevado a alcanzar en los últimos cuatro años un aumento del 115 por ciento en el precio de los productos básicos (según estudio de la UNAM) … Esa matazón, a la que desgraciadamente nos está acostumbrando éste gobierno, pudo ser diferente si el que la inició hubiese leído antes El Arte de la Guerra, de Sun Tzu, quien en su texto, entre otras cosas dice: “La guerra es un asunto de vital importancia para el Estado; la provincia de la vida o de la muerte; el camino de la supervivencia o de la ruina. Se requiere estudiarla profundamente… Cuando se trata a la gente con benevolencia, justicia y rectitud, y se coloca en ella la confianza, el ejército permanece unido de ánimo y sirve con alegría… Si un general es colérico, su autoridad puede alterarse fácilmente. Su carácter no es firme… Lo más importante en la guerra es una velocidad extraordinaria; uno no puede darse el lujo de despreciar las oportunidades… La victoria es el principal objetivo de la guerra. Si la victoria tarda en llegar, las armas pierden su filo y la moral decae. Cuando llegue el momento de atacar las ciudades, su vigor se habrá agotado… Cuando un ejército emprende largas campañas, no bastan los recursos del Estado… Lo esencial en una guerra es la victoria y no inacabables operaciones… Quien está confundido en su propósito, no puede responder al enemigo… Un ejército victorioso alcanza sus victorias antes de buscar combate; un ejército condenado a la derrota pelea con la esperanza de alcanzar el triunfo… En la guerra, los solos números no confieren ventaja. No avances confiado en el puro poder militar”… El proyecto panista se hunde gracias a un presidente que creyó que podía legitimarse con una guerra sin importarle cuán larga y costosa pudiera ser… No es necesario establecer cuál es la condición de Calderón ¿o si?... UNIDOS.- Sin embargo, estamos acostumbrados a quejarnos del gobierno pero no a participar en él para cambiarlo. Y es que las prácticas políticas han sido diseñadas para que el ciudadano no participe y para que siga siendo el ejemplo vivo del desamparo, la indefensión e indolencia en que lo han sumido los gobiernos… Pero ahora, quizá más que nunca, los ciudadanos tenemos que participar en el gobierno de nuestro país. Nuestra abulia política se convierte cada vez más en un problema de seguridad nacional… ¡Qué año más difícil!... Nos ha tocado vivir una era interesante, como reza la antigua maldición china. Pero, a pesar de todo, también nos demuestra que hay esperanza… El verdadero cambio vendrá cuando cada ciudadano se responsabilice por sus propios actos, cuando entienda que tiene que participar para que las cosas mejoren, cuando venza su desgano ante la política y entienda de una vez por todas que los "hombres providenciales" han sido nefastos para nuestro país. Que el recuerdo de 2010 nos sirva para mejorar todo lo malo que hemos vivido… Aunque sé que esta humilde columna es una gota en el océano, plenamente consciente estoy que es un grito de esperanza que en algunos encontraré eco. Gracias y felices fiestas navideñas… NO SE ENREDEN Y PUNTO! hugorea@hotmail.com
Ragalan juguetes a niños de Primo Tapia
PLAYAS DE ROSARITO.- Ante la presencia de cientos de niños rosaritenses, el Presidente Municipal, Javier Robles Aguirre, y su esposa la señora Karla López de Robles, asistieron a repartir juguetes, a niños de escasos recursos de la Delegación Primo Tapia y alrededores.
En coordinación con el delegado, Ignacio Peña Pelayo, el Club “Delfines” de Rosarito y regidores, la cita fue en el Parque Cruz Navarro de dicha delegación, en donde el particular sonido de alrededor de 150 motocicletas se hizo presente en la demarcación Rosaritense, para que se regalaran mil juguetes a niños que con entusiasmo saludaban al Presidente Robles Aguirre, su esposa y al pequeño Luis Javier, hijo de la pareja que ayudaba a repartir juguetes.
Por su parte, Peña Pelayo, declaró contar con la presencia de familias provenientes de Santa Anita, Alisitos, El Descanso, Vista Marina, La Ladrillera, Venustiano Carranza, Puerto Nuevo partes Alta y Baja, así como de la Cuenca Lechera. Que fueron convocadas días anteriores para asistir a dicho evento.
El Presidente Municipal, enunció un emotivo mensaje navideño para todas estas familias que en el ambiente de familiaridad del evento, se mostraron contentas y agradecidas con dichas asociaciones así mismo con el Ayuntamiento de Playas de Rosarito.
Es momento de paz, de tranquilidad, que las familias rosaritenses vivan plenamente estas fechas que son motivo para expresar el calor humano, con este tipo de eventos en donde se muestra una vez más que unidos podemos lograr mucho, expresó Robles Aguirre.
La Primera Dama Karla López de Robles, agradeció a los motociclistas que se dieron la labor de apoyar a este evento, en el cual muy generosamente aportaron juguetes para generar más sonrisas y alegría en los niños rosaritenses.
Como Presidenta del Patronato del Dif, yo sé que cuento con el apoyo de muchas asociaciones y clubes como en este caso el Club de Motociclistas “Delfines” el cual apoya desde el 2009 a las acciones que beneficien a la comunidad rosaritense, expresó López de Robles.
En coordinación con el delegado, Ignacio Peña Pelayo, el Club “Delfines” de Rosarito y regidores, la cita fue en el Parque Cruz Navarro de dicha delegación, en donde el particular sonido de alrededor de 150 motocicletas se hizo presente en la demarcación Rosaritense, para que se regalaran mil juguetes a niños que con entusiasmo saludaban al Presidente Robles Aguirre, su esposa y al pequeño Luis Javier, hijo de la pareja que ayudaba a repartir juguetes.
Por su parte, Peña Pelayo, declaró contar con la presencia de familias provenientes de Santa Anita, Alisitos, El Descanso, Vista Marina, La Ladrillera, Venustiano Carranza, Puerto Nuevo partes Alta y Baja, así como de la Cuenca Lechera. Que fueron convocadas días anteriores para asistir a dicho evento.
El Presidente Municipal, enunció un emotivo mensaje navideño para todas estas familias que en el ambiente de familiaridad del evento, se mostraron contentas y agradecidas con dichas asociaciones así mismo con el Ayuntamiento de Playas de Rosarito.
Es momento de paz, de tranquilidad, que las familias rosaritenses vivan plenamente estas fechas que son motivo para expresar el calor humano, con este tipo de eventos en donde se muestra una vez más que unidos podemos lograr mucho, expresó Robles Aguirre.
La Primera Dama Karla López de Robles, agradeció a los motociclistas que se dieron la labor de apoyar a este evento, en el cual muy generosamente aportaron juguetes para generar más sonrisas y alegría en los niños rosaritenses.
Como Presidenta del Patronato del Dif, yo sé que cuento con el apoyo de muchas asociaciones y clubes como en este caso el Club de Motociclistas “Delfines” el cual apoya desde el 2009 a las acciones que beneficien a la comunidad rosaritense, expresó López de Robles.
Encabeza jornada de entrega de cobijas el diputado Max García
TIJUANA.- Como parte de su compromiso con la comunidad, el Dip. Max García, acompañado por su esposa Carolina González y su equipo de trabajo, se trasladaron a entregar cobijas en apoyo a personas de escasos recursos económicos.
Dicha entrega tuvo lugar este fin de semana en las canchas deportivas de la Col. Lázaro Cárdenas, donde más de un centenar de personas se dieron cita para verse beneficiados hasta por 2 cobijas, esto con el fin de ayudarlos en esta temporada invernal .
“Hace un ano estuvimos justo aquí en esta comunidad haciendo entrega de cobijas, por ello venimos de nueva cuenta apoyarlos, porque sabemos las necesidades que tienen y que es importante que los ayudemos para que no sufran las inclemencias del tiempo y por tanto no se enfermen”
Max García dijo que está convencido de la obligación que tiene el legislador de mantener un contacto con la comunidad, estar vigilante de sus necesidad y por tanto gestor para sus soluciones.
“Creo firmemente en el trabajo social, en la necesidad que debe tener el funcionario de ir a la comunidad, por ello desde mi trinchera como diputado a la par de mi trabajo legislativo y de fiscalización de los recursos públicos, las acciones sociales ocuparan un porcentaje especial de mi esfuerzo”
En este sentido Max García dijo que en las próximas semanas pondrá en marcha su oficina de atención ciudadana donde pretender atender y canalizar las necesidades de la población, además de otros eventos como lo son la colecta recién iniciada de juguetes y que culminara en una entrega el próximo 19 del mes en curso en comunidades de escasos recursos económicos, así como el inicio de la donación de su sueldo en especie a Organismos que brindan apoyo a niños.
“Seguiremos con este ritmo de trabajo durante mi periodo como legislador, es un compromiso que hice y que llevaremos a cabo hasta cuando culmine mi encargo”
Dicha entrega tuvo lugar este fin de semana en las canchas deportivas de la Col. Lázaro Cárdenas, donde más de un centenar de personas se dieron cita para verse beneficiados hasta por 2 cobijas, esto con el fin de ayudarlos en esta temporada invernal .
“Hace un ano estuvimos justo aquí en esta comunidad haciendo entrega de cobijas, por ello venimos de nueva cuenta apoyarlos, porque sabemos las necesidades que tienen y que es importante que los ayudemos para que no sufran las inclemencias del tiempo y por tanto no se enfermen”
Max García dijo que está convencido de la obligación que tiene el legislador de mantener un contacto con la comunidad, estar vigilante de sus necesidad y por tanto gestor para sus soluciones.
“Creo firmemente en el trabajo social, en la necesidad que debe tener el funcionario de ir a la comunidad, por ello desde mi trinchera como diputado a la par de mi trabajo legislativo y de fiscalización de los recursos públicos, las acciones sociales ocuparan un porcentaje especial de mi esfuerzo”
En este sentido Max García dijo que en las próximas semanas pondrá en marcha su oficina de atención ciudadana donde pretender atender y canalizar las necesidades de la población, además de otros eventos como lo son la colecta recién iniciada de juguetes y que culminara en una entrega el próximo 19 del mes en curso en comunidades de escasos recursos económicos, así como el inicio de la donación de su sueldo en especie a Organismos que brindan apoyo a niños.
“Seguiremos con este ritmo de trabajo durante mi periodo como legislador, es un compromiso que hice y que llevaremos a cabo hasta cuando culmine mi encargo”
Sube la tortilla hasta en 15 pesos en la frontera
MEXICO.- Lorenzo Mejía, líder de la Unión Nacional de Industriales de Molinos y Tortillerías informó que a partir de hoy se incrementa el precio del kilogramo de tortilla de 8 a 12 pesos y en algunas entidades donde el costo oficial es de 9 pesos, los consumidores pagarán 13 o hasta 15 pesos, ante el incremento de insumos.
Advirtió que si no se abre una mesa de diálogo con el Gobierno federal, el aumento al costo será mensual, como ocurre con la gasolina.
A cinco días de que El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Antonio Morales de la Peña, dijo que no hay justificación alguna para aumentar los precios de productos de consumo básico, entre ellos la tortilla, como ya ocurre en ciertas zonas del Distrito Federal y del interior del país, Mejía y lamentó que mientras el Gobierno federal apapacha a los especuladores y empresas como Cargill y Gruma, se atenta contra los pequeños productores.
En conferencia de prensa subrayó: "Los costos de producción "nos han orillado a tomar la determinación de incrementar el precio de la tortilla, que podría llegar a un mínimo de 12 pesos el kilogramo en promedio, pues en algunos estados del norte se vende hasta en 14 y 15 pesos. La masa de nixtamal se incrementaría 4.50 pesos el kilo en promedio para las tortillerías. Es esto o la quiebra".
Aseguró que los "coyotes" subsidiados y "protegidos" por el Gobierno federal tienen a los molineros y productores de tortilla del país con una "bota en el cuello" y están orillando a la quiebra a miles de pequeños industriales y con ello a la pérdida de miles de empleos y patrimonios.
En ese sentido, dijo que están de acuerdo con el secretario de Economía, Bruno Ferrari en las declaraciones que hizo recientemente "cuando se asoleaba" en Cancún de que no se justifica el precio del maíz y la tortilla, pero que quede claro que es el propio Gobierno el que lo provoca al "no meter en cintura" a los especuladores, al seguirlos subsidiando y no limitar su voracidad y desmedida ambición.
Resaltó que la situación para los productores de masa y tortilla es urgente por lo que proponen que la masa de nixtamal y tortilla tradicional de nixtamal cuenten con un precio oficial reglamentado y controlado por el Ejecutivo en todos sus niveles, por un periodo de al menos 10 años.
Lorenzo Mejía expuso que los integrantes de el sector que encabeza, piden que se condonen a los pequeños productores de masa y de tortilla los adeudos con la Comisión Nacional del Agua, con la Comisión Federal de Electricidad, con el IMSS y con la Secretaría de Hacienda para agilizar la incorporación de todos los industriales a los programas de apoyo.
A parte de la especulación sufren el aumento mensual de gas, gasolina y electricidad, y justo con otros costos como el pago de renta, empleados, seguro social, prestaciones, mantenimiento de maquinaria y equipo, han hecho que las escasas utilidades que tenían queden pulverizadas.
Se han encarecido 115% Canasta básica
La Confederación Nacional Campesina aseguró que durante el gobierno de Felipe Calderón el precio de la canasta básica de alimentos se ha encarecido hasta en un 115 por ciento, y subrayó que con el último aumento en este año al precio de la gasolina y diesel agropecuario la pobreza se extenderá más en el país.
Ante esto, Cruz López Aguilar, presidente de la CNC demandó a la administración federal frenar el alza mensual de precios a los energéticos, ya que ha provocado que el litro de gasolina supere los 10 pesos y la desaparición del subsidio al diesel agropecuario, lo que se traduce en mayores costos de producción en el agro y una carestía mayor para los consumidores en el país.
Expuso que de acuerdo con investigaciones de la UNAM, las familias de los trabajadores mexicanos, tanto de la ciudad como del campo, adquieren en la actualidad hasta 40 por ciento menos alimentos que al principio de este sexenio, a causa de la pérdida del poder adquisitivo que padece la mayoría poblacional.
Cruz López quien es presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, sostuvo en una reunión de trabajo, realizada en el salón "Emiliano Zapata" de la sede cenecista, que las investigaciones de la Facultad de Economía advierten que en cuatro años de gobierno actual se ha registrado la peor caída histórica del salario mínimo, la cual está por rebasar el 60por ciento, hecho que no se ve desde los años 40 del siglo pasado.
Por su parte, Gerardo Sánchez García, diputado y presidente electo de la CNC, quien tomará protesta el próximo 5 de enero, destacó que situación es mucho más grave en el sector rural donde el 37 por ciento de los 33.8 millones que lo habitan no recibe ningún ingreso, lo que comprende a 12.5 millones de personas, en tanto que 25 por ciento recibe sólo un salario mínimo y representa a casi 8 millones 450 mil habitantes.
Sánchez García, secretario de la Comisión de Desarrollo Social en San Lázaro, mencionó que el reporte universitario ofrece datos inquietantes, ya que el 26.9 por ciento de la población rural, que son más de nueve millones de personas, recibe ingresos de entre uno y dos salarios mínimos, y sólo ocho por ciento, esto es, dos millones 704 mil gana de dos a cinco minisalarios.
"Esos bajos ingresos, aunados al incremento de los productos de la canasta básica durante la administración de Felipe Calderón, han hecho que las familias que viven en el campo tengan una pérdida de 44.3 pior ciento en su ya deteriorado nivel de vida, e incluso casi 30 millones de personas no puedan adquirir la canasta básica completa.
Por si fuera poco, resaltó, a esta política federal hay que agregar actitudes como la Juan Manuel Oliva Ramírez en Guanajuato, entidad que es el ejemplo vivo del desamparo, la indefensión e indolencia en que lo han sumido los gobiernos panistas.
Siendo una entidad con vocación rural y un fuerte expulsor de mano de obra, sólo se le destina el 1 por ciento de Presupuesto local al campo. "Como guanajuatense y como cenecista esto es simplemente inaceptable y lo peor es que esto mismo es una constante en Jalisco, Morelos, Sonora y Baja California, donde el desinterés y apatía con que estos gobiernos tratan al campo es semejante al del presidente Calderón, porque no está dentro de sus prioridades".(tomada deEl Universal)
Advirtió que si no se abre una mesa de diálogo con el Gobierno federal, el aumento al costo será mensual, como ocurre con la gasolina.
A cinco días de que El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Antonio Morales de la Peña, dijo que no hay justificación alguna para aumentar los precios de productos de consumo básico, entre ellos la tortilla, como ya ocurre en ciertas zonas del Distrito Federal y del interior del país, Mejía y lamentó que mientras el Gobierno federal apapacha a los especuladores y empresas como Cargill y Gruma, se atenta contra los pequeños productores.
En conferencia de prensa subrayó: "Los costos de producción "nos han orillado a tomar la determinación de incrementar el precio de la tortilla, que podría llegar a un mínimo de 12 pesos el kilogramo en promedio, pues en algunos estados del norte se vende hasta en 14 y 15 pesos. La masa de nixtamal se incrementaría 4.50 pesos el kilo en promedio para las tortillerías. Es esto o la quiebra".
Aseguró que los "coyotes" subsidiados y "protegidos" por el Gobierno federal tienen a los molineros y productores de tortilla del país con una "bota en el cuello" y están orillando a la quiebra a miles de pequeños industriales y con ello a la pérdida de miles de empleos y patrimonios.
En ese sentido, dijo que están de acuerdo con el secretario de Economía, Bruno Ferrari en las declaraciones que hizo recientemente "cuando se asoleaba" en Cancún de que no se justifica el precio del maíz y la tortilla, pero que quede claro que es el propio Gobierno el que lo provoca al "no meter en cintura" a los especuladores, al seguirlos subsidiando y no limitar su voracidad y desmedida ambición.
Resaltó que la situación para los productores de masa y tortilla es urgente por lo que proponen que la masa de nixtamal y tortilla tradicional de nixtamal cuenten con un precio oficial reglamentado y controlado por el Ejecutivo en todos sus niveles, por un periodo de al menos 10 años.
Lorenzo Mejía expuso que los integrantes de el sector que encabeza, piden que se condonen a los pequeños productores de masa y de tortilla los adeudos con la Comisión Nacional del Agua, con la Comisión Federal de Electricidad, con el IMSS y con la Secretaría de Hacienda para agilizar la incorporación de todos los industriales a los programas de apoyo.
A parte de la especulación sufren el aumento mensual de gas, gasolina y electricidad, y justo con otros costos como el pago de renta, empleados, seguro social, prestaciones, mantenimiento de maquinaria y equipo, han hecho que las escasas utilidades que tenían queden pulverizadas.
Se han encarecido 115% Canasta básica
La Confederación Nacional Campesina aseguró que durante el gobierno de Felipe Calderón el precio de la canasta básica de alimentos se ha encarecido hasta en un 115 por ciento, y subrayó que con el último aumento en este año al precio de la gasolina y diesel agropecuario la pobreza se extenderá más en el país.
Ante esto, Cruz López Aguilar, presidente de la CNC demandó a la administración federal frenar el alza mensual de precios a los energéticos, ya que ha provocado que el litro de gasolina supere los 10 pesos y la desaparición del subsidio al diesel agropecuario, lo que se traduce en mayores costos de producción en el agro y una carestía mayor para los consumidores en el país.
Expuso que de acuerdo con investigaciones de la UNAM, las familias de los trabajadores mexicanos, tanto de la ciudad como del campo, adquieren en la actualidad hasta 40 por ciento menos alimentos que al principio de este sexenio, a causa de la pérdida del poder adquisitivo que padece la mayoría poblacional.
Cruz López quien es presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, sostuvo en una reunión de trabajo, realizada en el salón "Emiliano Zapata" de la sede cenecista, que las investigaciones de la Facultad de Economía advierten que en cuatro años de gobierno actual se ha registrado la peor caída histórica del salario mínimo, la cual está por rebasar el 60por ciento, hecho que no se ve desde los años 40 del siglo pasado.
Por su parte, Gerardo Sánchez García, diputado y presidente electo de la CNC, quien tomará protesta el próximo 5 de enero, destacó que situación es mucho más grave en el sector rural donde el 37 por ciento de los 33.8 millones que lo habitan no recibe ningún ingreso, lo que comprende a 12.5 millones de personas, en tanto que 25 por ciento recibe sólo un salario mínimo y representa a casi 8 millones 450 mil habitantes.
Sánchez García, secretario de la Comisión de Desarrollo Social en San Lázaro, mencionó que el reporte universitario ofrece datos inquietantes, ya que el 26.9 por ciento de la población rural, que son más de nueve millones de personas, recibe ingresos de entre uno y dos salarios mínimos, y sólo ocho por ciento, esto es, dos millones 704 mil gana de dos a cinco minisalarios.
"Esos bajos ingresos, aunados al incremento de los productos de la canasta básica durante la administración de Felipe Calderón, han hecho que las familias que viven en el campo tengan una pérdida de 44.3 pior ciento en su ya deteriorado nivel de vida, e incluso casi 30 millones de personas no puedan adquirir la canasta básica completa.
Por si fuera poco, resaltó, a esta política federal hay que agregar actitudes como la Juan Manuel Oliva Ramírez en Guanajuato, entidad que es el ejemplo vivo del desamparo, la indefensión e indolencia en que lo han sumido los gobiernos panistas.
Siendo una entidad con vocación rural y un fuerte expulsor de mano de obra, sólo se le destina el 1 por ciento de Presupuesto local al campo. "Como guanajuatense y como cenecista esto es simplemente inaceptable y lo peor es que esto mismo es una constante en Jalisco, Morelos, Sonora y Baja California, donde el desinterés y apatía con que estos gobiernos tratan al campo es semejante al del presidente Calderón, porque no está dentro de sus prioridades".(tomada deEl Universal)
Narcomenuditas son apresados por la PEP
TIJUANA.- La Policía Estatal Preventiva (PEP), arrestó a 11 presuntos distribuidores de droga, en distintos puntos de la ciudad.
Con 71 dosis de “ice” y una bolsita con mariguana, fue detenido Álvaro Enrique Hernández Atilano, de 37 años de edad, en la calle Agustín Iturbide a la colonia Presidentes.
Mientras que en el Buenos Aires Sur fue arrestado Carlos Armando Nevares Segura, de 33 años, en posesión de 27 envoltorios con “ice”.
Al continuar con recorridos de vigilancia, en la colonia Obrera fueron asegurados Raúl Rodríguez Villalbazo de 27 años, Leonardo Alberto Valenzuela, de 18 años, y Jesús Álvarez Ramírez, de 42 años, en poder de 7, 13, y 11, “globos” con “ice”.
También en la Obrera, fue asegurado Jorge López Sánchez, de 33 años de edad, con 4 envoltorios con mariguana.
Laura Herrera Falcón, de 28 años, fue interceptada y arrestada en Lomas del Valle, cuando deambulaba sobre la calle Lomas del campo, la mujer llevaba 7 envoltorios con mariguana, y 4 dosis de “ice”.
Antonio García Medina, de 49 años, fue aprehendido con 9 envoltorios con mariguana, esto en el Mariano Matamoros.
En tanto en la Zona Norte agentes de la PEP detuvieron a Jonathan Abel Rodríguez Batancourt, de 18 años, en poder de 7 “globos” con “ice”.
Miguel Ángel González Juárez, de 19 años, fue detenido en la el poblado Ejido Matamoros, pues llevaba consigo 6 bolsa pequeñas con mariguana, y una más de mayor tamaño, conteniendo el mismo enervante.
Por último fue arrestado Edwin Lionel Calderón Herrera, de 49 años, en posesión de 7 envoltorios con cocaína.
El combate al narcomenudeo y prevención de delitos son compromisos indeclinables por parte de la Policía Estatal Preventiva (PEP), por la seguridad, el bienestar, y tranquilidad de los bajacalifornianos.
Con 71 dosis de “ice” y una bolsita con mariguana, fue detenido Álvaro Enrique Hernández Atilano, de 37 años de edad, en la calle Agustín Iturbide a la colonia Presidentes.
Mientras que en el Buenos Aires Sur fue arrestado Carlos Armando Nevares Segura, de 33 años, en posesión de 27 envoltorios con “ice”.
Al continuar con recorridos de vigilancia, en la colonia Obrera fueron asegurados Raúl Rodríguez Villalbazo de 27 años, Leonardo Alberto Valenzuela, de 18 años, y Jesús Álvarez Ramírez, de 42 años, en poder de 7, 13, y 11, “globos” con “ice”.
También en la Obrera, fue asegurado Jorge López Sánchez, de 33 años de edad, con 4 envoltorios con mariguana.
Laura Herrera Falcón, de 28 años, fue interceptada y arrestada en Lomas del Valle, cuando deambulaba sobre la calle Lomas del campo, la mujer llevaba 7 envoltorios con mariguana, y 4 dosis de “ice”.
Antonio García Medina, de 49 años, fue aprehendido con 9 envoltorios con mariguana, esto en el Mariano Matamoros.
En tanto en la Zona Norte agentes de la PEP detuvieron a Jonathan Abel Rodríguez Batancourt, de 18 años, en poder de 7 “globos” con “ice”.
Miguel Ángel González Juárez, de 19 años, fue detenido en la el poblado Ejido Matamoros, pues llevaba consigo 6 bolsa pequeñas con mariguana, y una más de mayor tamaño, conteniendo el mismo enervante.
Por último fue arrestado Edwin Lionel Calderón Herrera, de 49 años, en posesión de 7 envoltorios con cocaína.
El combate al narcomenudeo y prevención de delitos son compromisos indeclinables por parte de la Policía Estatal Preventiva (PEP), por la seguridad, el bienestar, y tranquilidad de los bajacalifornianos.
COLUMNA: Palco de Prensa
* La "tarjeta roja"
Por Gilberto Lavenánt
En tanto que muchos están en espera de que en los días que restan del presente mes de diciembre, la Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma de Baja California designe a quien deba ocupar el cargo de Rector durante el período 2010-2014, el Lic. José Luis Huape Rodríguez, Presidente del Colegio de Abogados de Mexicali, A.C., ha advertido, a protagonistas y espectadores, que el proceso ya concluyó y por lo tanto carece de validez cualquier cosa que se pretenda hacer fuera del término legal previsto para ello.
Dicho en palabras futbolísticas, Huape Rodríguez les sacó ¨tarjeta roja¨, a todos. Que conste, a todos.
El hecho de que no hayan designado Rector, antes de que concluyera su gestión el anterior, Gabriel Estrella Valenzuela, y haya entrado en funciones de encargado de la Rectoría el Secretario General, no significa que la Junta de Gobierno puede continuar el procedimiento durante 30 días o más, hasta que logre su cometido.
La normatividad universitaria marca pautas básicas, elementales, para un proceso normal de designación de nuevo Rector. Normal debe entenderse como fluída, sin contratiempos, con acuerdos, sino unánimes si por mayoría de los integrantes del órgano a cargo de la designación del nuevo Rector. En este caso quedaron divididos 6 a 5 y se requieren de mínimo 7 votos para resolver la designación. Se les acabó el tiempo, sin alcanzar ese némero de votos a favor de algún candidato en particular. Ya no pueden seguir intentándolo. Además las posturas de sus integrantes, son radicales.
La normatividad universitaria, no contempla casos de excepción, como fórmulas o candados para frenar la supremacía, la codícia y controles de grupos de poder dentro de la Máxima Casa de Estudios, que pretendan seguirla sometiendo a sus intereses o caprichos.
Hoy, el proceso ya concluyó, como lo advierte el Presidente del Colegio de Abogados de Mexicali y por lo tanto la Junta de Gobierno ya no puede, ni debe, reanudar o continuar el proceso. Incluso, los aspirantes, son excandidatos, ya no candidatos.
Necesariamente, debe convocarse a un nuevo proceso y en este se debe evitar caer en los mismos vicios en los que incurrieron en el que acaba de concluir.
Así mismo, lamentablemente, los protagonistas de este proceso, aprovecharon ambigüedades, imprecisiones o interpretaciones parciales, de la normativodad, para manipularlo al gusto, conforme a sus intereses.
Como el hecho de que quienes sean integrantes de la Junta de Gobierno, no deben ocupar cargos administrativos. El exRector Alejandro Mungaray, es Secretario de Desarrollo Económico, en base a lo cual se considera que está impedido para formar parte de dicho órgano universitario y por ello, por conducto de la Legislatura Estatal, le pidieron al Gobernador Osuna Millán, que lo retirara del proceso. Pero, ni uno, ni otro, atendieron la petición. Sabido es que ambos padecen de sordera crónica. Eso puede ser la razón. Quizás.
O bien, el caso del llamado ¨candidato oficial¨, Felipe Cuamea, quien ocupando el cargo de Secretario General de la UABC, participó como candidato, sin rubor alguno, y luego, al no darse la designación del Rector, conforme a la normatividad –cuando conviene, se apegan a las normas- se desempeña como encargado de la Rectoría, lo que prácticamente lo pone en el doble papel de juez y parte, además de que le impide el ser candidato en la designación del nuevo Rector.
Si Cuamea hubiese renunciado a la Secretaria General, antes de ser candidato a Rector, no estaría metido en este embrollo, ni estaría descalificado, legal y moralmente, en sus aspiraciones por la Rectoría, ni lo habría viciado, al grado de afectar de nulidad el proceso. Pero es obvio que no obstante su capacidad, conocimientos y grados académicos, sus valores morales y su respeto a la ley, son muy pobres.
Además, deben reconocer que estos vicios, anularían el proceso de designación del nuevo Rector, por la vía de un juicio de garantías, de insistir en continuar el desarrollado y que concluyó infructuosamente. Sin duda alguna. Para vergüenza de todos los universitarios.
¿Qué es lo que hay que hacer ahora ?
Pues como este asunto quedó entrampado y siendo la UABC una institución pública, y sus leyes no contemplan nuevas opciones, es urgente que los universitarios se reunan con los legisladores, para hacer reformas a la legislación universitarias, que permitan iniciar un nuevo proceso, estableciendo los plazos para ello, fijando reglas claras, precisas, como impedimentos para los aspirantes a Rector, la designación de un nuevo encargado de la Rectoría a partir del día 1 de Enero del 2010, que permita reordenar, jurídicamente, la existencia y funcionamiento de la Máxima Casa de Estudios.
Esto, en tanto se inicia un proceso de más fondo, para modernizar o actualizar la obsoleta legislación universitaria, al grado tal que se eviten otros vicios, tales como la presencia de grupos de poder, los compadrazgos, los amiguismos y el nepotismo. Que se privilegie la excelencia académica, no los privilegios económicos.
Así es que, señores universitarios, manos a la obra, porque el tiempo acaba, los señores diputados se van de vacaciones. Atiendan las observaciones del licenciado Huape Rodríguez. El colmo de un universitario, es actuar como un ignorante.
gil_lavenant@hotmail.com
Por Gilberto Lavenánt
En tanto que muchos están en espera de que en los días que restan del presente mes de diciembre, la Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma de Baja California designe a quien deba ocupar el cargo de Rector durante el período 2010-2014, el Lic. José Luis Huape Rodríguez, Presidente del Colegio de Abogados de Mexicali, A.C., ha advertido, a protagonistas y espectadores, que el proceso ya concluyó y por lo tanto carece de validez cualquier cosa que se pretenda hacer fuera del término legal previsto para ello.
Dicho en palabras futbolísticas, Huape Rodríguez les sacó ¨tarjeta roja¨, a todos. Que conste, a todos.
El hecho de que no hayan designado Rector, antes de que concluyera su gestión el anterior, Gabriel Estrella Valenzuela, y haya entrado en funciones de encargado de la Rectoría el Secretario General, no significa que la Junta de Gobierno puede continuar el procedimiento durante 30 días o más, hasta que logre su cometido.
La normatividad universitaria marca pautas básicas, elementales, para un proceso normal de designación de nuevo Rector. Normal debe entenderse como fluída, sin contratiempos, con acuerdos, sino unánimes si por mayoría de los integrantes del órgano a cargo de la designación del nuevo Rector. En este caso quedaron divididos 6 a 5 y se requieren de mínimo 7 votos para resolver la designación. Se les acabó el tiempo, sin alcanzar ese némero de votos a favor de algún candidato en particular. Ya no pueden seguir intentándolo. Además las posturas de sus integrantes, son radicales.
La normatividad universitaria, no contempla casos de excepción, como fórmulas o candados para frenar la supremacía, la codícia y controles de grupos de poder dentro de la Máxima Casa de Estudios, que pretendan seguirla sometiendo a sus intereses o caprichos.
Hoy, el proceso ya concluyó, como lo advierte el Presidente del Colegio de Abogados de Mexicali y por lo tanto la Junta de Gobierno ya no puede, ni debe, reanudar o continuar el proceso. Incluso, los aspirantes, son excandidatos, ya no candidatos.
Necesariamente, debe convocarse a un nuevo proceso y en este se debe evitar caer en los mismos vicios en los que incurrieron en el que acaba de concluir.
Así mismo, lamentablemente, los protagonistas de este proceso, aprovecharon ambigüedades, imprecisiones o interpretaciones parciales, de la normativodad, para manipularlo al gusto, conforme a sus intereses.
Como el hecho de que quienes sean integrantes de la Junta de Gobierno, no deben ocupar cargos administrativos. El exRector Alejandro Mungaray, es Secretario de Desarrollo Económico, en base a lo cual se considera que está impedido para formar parte de dicho órgano universitario y por ello, por conducto de la Legislatura Estatal, le pidieron al Gobernador Osuna Millán, que lo retirara del proceso. Pero, ni uno, ni otro, atendieron la petición. Sabido es que ambos padecen de sordera crónica. Eso puede ser la razón. Quizás.
O bien, el caso del llamado ¨candidato oficial¨, Felipe Cuamea, quien ocupando el cargo de Secretario General de la UABC, participó como candidato, sin rubor alguno, y luego, al no darse la designación del Rector, conforme a la normatividad –cuando conviene, se apegan a las normas- se desempeña como encargado de la Rectoría, lo que prácticamente lo pone en el doble papel de juez y parte, además de que le impide el ser candidato en la designación del nuevo Rector.
Si Cuamea hubiese renunciado a la Secretaria General, antes de ser candidato a Rector, no estaría metido en este embrollo, ni estaría descalificado, legal y moralmente, en sus aspiraciones por la Rectoría, ni lo habría viciado, al grado de afectar de nulidad el proceso. Pero es obvio que no obstante su capacidad, conocimientos y grados académicos, sus valores morales y su respeto a la ley, son muy pobres.
Además, deben reconocer que estos vicios, anularían el proceso de designación del nuevo Rector, por la vía de un juicio de garantías, de insistir en continuar el desarrollado y que concluyó infructuosamente. Sin duda alguna. Para vergüenza de todos los universitarios.
¿Qué es lo que hay que hacer ahora ?
Pues como este asunto quedó entrampado y siendo la UABC una institución pública, y sus leyes no contemplan nuevas opciones, es urgente que los universitarios se reunan con los legisladores, para hacer reformas a la legislación universitarias, que permitan iniciar un nuevo proceso, estableciendo los plazos para ello, fijando reglas claras, precisas, como impedimentos para los aspirantes a Rector, la designación de un nuevo encargado de la Rectoría a partir del día 1 de Enero del 2010, que permita reordenar, jurídicamente, la existencia y funcionamiento de la Máxima Casa de Estudios.
Esto, en tanto se inicia un proceso de más fondo, para modernizar o actualizar la obsoleta legislación universitaria, al grado tal que se eviten otros vicios, tales como la presencia de grupos de poder, los compadrazgos, los amiguismos y el nepotismo. Que se privilegie la excelencia académica, no los privilegios económicos.
Así es que, señores universitarios, manos a la obra, porque el tiempo acaba, los señores diputados se van de vacaciones. Atiendan las observaciones del licenciado Huape Rodríguez. El colmo de un universitario, es actuar como un ignorante.
gil_lavenant@hotmail.com