viernes, 12 de junio de 2009
Visita Oscar Arce a empleados de la maquiladora SHARP
* Obreros de Sharp que residen en Tijuana y Rosarito respaldan a Oscar Arce
* Guarderías, empleo y seguridad 3 temas de importancia para los trabajadores
PLAYAS DE ROSARITO.- Decenas de trabajadores de la empresa maquiladora SHARP ubicada en Playas de Rosarito se pronunciaron a favor de Oscar Arce, candidato del 08 distrito por el Partido Acción Nacional, durante una reunión celebrada esta mañana.
Los obreros expresaron su apoyo al abanderado del PAN, por considerar que es un candidato que representa buenas propuestas como la creación de guarderías para madres solteras y la generación de nuevos empleos que beneficiaran a la comunidad.
¨Mi compromiso es gestionar ante el congreso de la unión para que las maquiladoras se queden en la ciudad y así evitar el desempleo y los recortes de personal innecesarios, además la creación de guarderías que estén totalmente equipadas para la seguridad de sus hijos¨ expresó Oscar Arce.
Durante la visita que se prolongó por más de una hora, el abanderado del Partido Acción Nacional por el 08 Distrito convivio con los obreros y obreras para escuchar cada una de las peticiones donde la mas solicitada fue la seguridad.
¨Necesitamos seguridad, confianza en nuestra policía municipal, estamos cansados de tanta violencia en el Estado, de tanto ratero que entra y sale de la cárcel como si fuera su casa¨ afirmó Ana Martínez empleada de la maquiladora SHARP
Por su parte Óscar Arce enfatizo que el otorgar la seguridad en las colonias de Tijuana y Rosarito es una de sus prioridades por que también a el como ciudadano le preocupa su familia.
Óscar Arce, agradeció el apoyo que le brindaron cada uno de los trabajadores además del respaldo que recibió del gerente general de la empresa Sharp el ingeniero Marco Esponda quien reconoció su atención por ser el único candidato que se preocupa por la gente humilde y trabajadora.
OLIMPIADAS MEDALLISTAS
El Gobernador del Estado, José Guadalupe Osuna Millán, convivió con deportistas de Baja California, todos ganadores de medallas en sus respectivas disciplinas durante la Olimpiada Nacional.
COORDINA COPLADEM LIMPIEZA DE ARROYOS Y CAÑONES
PLAYAS DE ROSARITO.- El Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Playas de Rosarito (COPLADEM) coordinó las jornadas de limpieza de los arroyos “Huahuatay” y “Chula Vista” que se realizaron los pasados 09 y 10 de junio en el margen de la “Semana del Medio Ambiente” programada por el Ayuntamiento de Playas de Rosarito.Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebró el pasado 05 de junio, el Ayuntamiento de Playas de Rosarito formuló el “Programa de Actividades Conmemorativas al Día Mundial del Medio Ambiente” durante el cual dependencias municipales se involucraron en diversas campañas de limpieza de diferentes zonas de la ciudad, entre otras actividades alusivas a la conservación ambiental. El COPLADEM, paramunicipal encabezada por el Lic. César Villegas Campoy, fue partícipe de este programa invitando y coordinando a diferentes dependencias para realizar las jornadas de limpieza de arroyos y cañones durante los días martes 09 y miércoles 10 de junio. Así, algunos directivos y subordinados de Servicios Médicos, Control Urbano, Secretaría General, Obras y Servicios Públicos, Desarrollo Social, de la Delegación de Plan Libertador, de la Policía Auxiliar y el COPLADEM, contribuyeron al retiro de 6 toneladas de hierba, basura, llantas y deshecho del “Arroyo Huahuatay” y 8 toneladas del “Arroyo Chula Vista”.
Como parte integral de esta actividad, se impartió una plática sobre medio ambiente al final de cada jornada a los respectivos comités de vecinos y usuarios de los parques aledaños a dichos arroyos, por parte de la Oceanóloga María Guadalupe Escamilla. “En el marco de las actividades de la semana del medio ambiente, el objetivo de estas jornadas de limpieza de arroyos y cañones es crear conciencia en la comunidad acerca de toda la basura y deshecho que generamos, especialmente de los plásticos, las bolsas, botellas y redes de “six pack”, y que, a través de los arroyos, van a dar a nuestras playas afectando la fauna y el medio ambiente”, expresó el Lic. César Villegas Campoy.
Tal como lo predije, el regreso de Villalba
Alejandro Vizcarra Estrada.
El regreso de Guillermo Villalba al aeropuerto de Tijuana estaba en el guión. Muchas veces señalé que, una vez que nos sacaran del aeropuerto, los españoles seguirían con sus planes. Guillermo Villalba Morales tuvo que dejar la administración del aeropuerto de Tijuana en 2001, luego de que fuera acusado penalmente por comerciantes –la denuncia fue registrada con el número de averiguación número 104/01/204- por los delitos de amenazas, despojo y abuso de autoridad. Cómo consecuencia, el juez VII de distrito dictó una orden de aprehensión en su contra (09/2009). Para calmar los ánimos y evadir responsabilidades, por órdenes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Grupo Aeroportuario del Pacífico tuvo que remover de su puesto a Villalba, enviándolo La Paz, y llegar a un acuerdo secreto por un millón 600 mil dólares con Rodolfo Figueroa, comerciante del aeropuerto que obtuvo una sentencia a su favor.
La salida de Guillermo Villalba de la administración del aeropuerto de Tijuana marcó un hito en nuestra lucha por mejorar y equilibrar las relaciones de los comerciantes con la empresa española. Ellos contaron siempre con la complicidad de las autoridades federales. Incluso, la permanencia de Villalba como empleado del Grupo Aeroportuario del Pacífico violenta el artículo 22 de la Ley de Aeropuertos, que señala que no podrán ser socios o directivos de aeropuertos aquellos individuos que “hayan sido condenados por delito doloso que amerite pena privativa de libertad de más de un año de prisión o por delitos patrimoniales, contra la propiedad o la salud cualquiera que haya sido la pena”.
La reinstalación de Villalba tiene que ver con los proyectos a largo plazo que tiene el GAP en todos los aeropuertos que le fueron concesionados hasta por cien años: eliminar a comerciantes y empresarios mexicanos; monopolizar actividades como estacionamientos, comercio, limpieza, seguridad, carga, hoteles y, en algún momento, líneas aéreas. Entre los comerciantes desplazados, además de un servidor, se encuentran: Guadalupe Rocha, Joel Pérez Carrillo, Raúl Miramontes, Elena Soto, Evangelina Agundez, Delia Álvarez, Miriam Sánchez, Gilberto López, Enrique Fábregas y Yuridia Navarro.
Trataron de imponernos contratos leoninos, con condiciones imposibles de cumplir. Además de rentas elevadas, pedían comisiones sobre las utilidades brutas. Nos hostigaron, nos bloquearon, nos llenaron de demandas, querían sacarnos. Hasta lo ponían en los informes a sus inversores. Incluso el español Manuel Porrón –gerente de comercialización del GAP- alardeó frente a algunos de nosotros de tener compradas a las autoridades a todos los niveles.
En el 2001 logramos que se realizara una reunión entre diputados federales, la Dirección General de Aeronáutica Civil y Guillermo Villalba en la ciudad de México para discutir todas las irregularidades que se presentaban en el aeropuerto. Se acordó que se realizará otra reunión en el aeropuerto de Tijuana para resolver los problemas entre el GAP y los comerciantes, así como la seguridad y el mantenimiento. Se llevó a cabo semanas después, con la presencia del entonces subsecretario de Comunicaciones y Transportes, Aarón Dychter Poltolarek, y el GAP. Nosotros no fuimos avisados, nos excluyeron. A fin de cuentas, no se llegó a ninguna solución.
Nosotros, en la época de Villalba, nos opusimos al GAP, los denunciamos y los enfrentamos con la ley en la mano, lo dimos a conocer a la opinión pública, a medios de comunicación, gobiernos estatales y federales, a los legisladores. Logramos que legisladores cómo Jaime Martínez Veloz, Javier Castañeda Pomposo, Manuel González Reyes, Jesús González Schmall, Marisol Urrea y Cuauhtémoc Velasco emitieran puntos de acuerdo para revisar las concesiones otorgadas a los españoles y las irregularidades en todos los aeropuertos. Hicimos evidente el favoritismo que ha habido de parte del gobierno federal con esta empresa. También aportamos información para que tres administraciones municipales distintas de Tijuana hicieran lo conducente para hacer efectivo el cobro del impuesto predial, que asciende a más de 180 millones de pesos. Al final nos hicieron a un lado, es una empresa extranjera con muchos recursos económicos, con relaciones políticas al más alto nivel, tienen mucho poder. Incluso, con información proporcionada por legisladores federales, encontramos que diferentes funcionarios federales son socios o empleados de esta empresa.
Pra concluir, auguro tiempos difíciles para aquellos que estén relacionados con el aeropuerto de Tijuana. Guillermo Villalba representa la peor cara del Grupo Aeroportuario del Pacífico, sus estrategias más sucias y golpeadoras. También, alerto sobre los posibles intentos de que Villalba intente negociar una condonación o cancelación del adeudo del impuesto predial, 180 millones de pesos, con el ayuntamiento de Tijuana. Ahí veremos qué tanta firmeza pueden tener el presidente municipal Jorge Ramos y el licenciado Raúl Corona Sesma, director jurídico del ayuntamiento.
El regreso de Guillermo Villalba al aeropuerto de Tijuana estaba en el guión. Muchas veces señalé que, una vez que nos sacaran del aeropuerto, los españoles seguirían con sus planes. Guillermo Villalba Morales tuvo que dejar la administración del aeropuerto de Tijuana en 2001, luego de que fuera acusado penalmente por comerciantes –la denuncia fue registrada con el número de averiguación número 104/01/204- por los delitos de amenazas, despojo y abuso de autoridad. Cómo consecuencia, el juez VII de distrito dictó una orden de aprehensión en su contra (09/2009). Para calmar los ánimos y evadir responsabilidades, por órdenes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Grupo Aeroportuario del Pacífico tuvo que remover de su puesto a Villalba, enviándolo La Paz, y llegar a un acuerdo secreto por un millón 600 mil dólares con Rodolfo Figueroa, comerciante del aeropuerto que obtuvo una sentencia a su favor.
La salida de Guillermo Villalba de la administración del aeropuerto de Tijuana marcó un hito en nuestra lucha por mejorar y equilibrar las relaciones de los comerciantes con la empresa española. Ellos contaron siempre con la complicidad de las autoridades federales. Incluso, la permanencia de Villalba como empleado del Grupo Aeroportuario del Pacífico violenta el artículo 22 de la Ley de Aeropuertos, que señala que no podrán ser socios o directivos de aeropuertos aquellos individuos que “hayan sido condenados por delito doloso que amerite pena privativa de libertad de más de un año de prisión o por delitos patrimoniales, contra la propiedad o la salud cualquiera que haya sido la pena”.
La reinstalación de Villalba tiene que ver con los proyectos a largo plazo que tiene el GAP en todos los aeropuertos que le fueron concesionados hasta por cien años: eliminar a comerciantes y empresarios mexicanos; monopolizar actividades como estacionamientos, comercio, limpieza, seguridad, carga, hoteles y, en algún momento, líneas aéreas. Entre los comerciantes desplazados, además de un servidor, se encuentran: Guadalupe Rocha, Joel Pérez Carrillo, Raúl Miramontes, Elena Soto, Evangelina Agundez, Delia Álvarez, Miriam Sánchez, Gilberto López, Enrique Fábregas y Yuridia Navarro.
Trataron de imponernos contratos leoninos, con condiciones imposibles de cumplir. Además de rentas elevadas, pedían comisiones sobre las utilidades brutas. Nos hostigaron, nos bloquearon, nos llenaron de demandas, querían sacarnos. Hasta lo ponían en los informes a sus inversores. Incluso el español Manuel Porrón –gerente de comercialización del GAP- alardeó frente a algunos de nosotros de tener compradas a las autoridades a todos los niveles.
En el 2001 logramos que se realizara una reunión entre diputados federales, la Dirección General de Aeronáutica Civil y Guillermo Villalba en la ciudad de México para discutir todas las irregularidades que se presentaban en el aeropuerto. Se acordó que se realizará otra reunión en el aeropuerto de Tijuana para resolver los problemas entre el GAP y los comerciantes, así como la seguridad y el mantenimiento. Se llevó a cabo semanas después, con la presencia del entonces subsecretario de Comunicaciones y Transportes, Aarón Dychter Poltolarek, y el GAP. Nosotros no fuimos avisados, nos excluyeron. A fin de cuentas, no se llegó a ninguna solución.
Nosotros, en la época de Villalba, nos opusimos al GAP, los denunciamos y los enfrentamos con la ley en la mano, lo dimos a conocer a la opinión pública, a medios de comunicación, gobiernos estatales y federales, a los legisladores. Logramos que legisladores cómo Jaime Martínez Veloz, Javier Castañeda Pomposo, Manuel González Reyes, Jesús González Schmall, Marisol Urrea y Cuauhtémoc Velasco emitieran puntos de acuerdo para revisar las concesiones otorgadas a los españoles y las irregularidades en todos los aeropuertos. Hicimos evidente el favoritismo que ha habido de parte del gobierno federal con esta empresa. También aportamos información para que tres administraciones municipales distintas de Tijuana hicieran lo conducente para hacer efectivo el cobro del impuesto predial, que asciende a más de 180 millones de pesos. Al final nos hicieron a un lado, es una empresa extranjera con muchos recursos económicos, con relaciones políticas al más alto nivel, tienen mucho poder. Incluso, con información proporcionada por legisladores federales, encontramos que diferentes funcionarios federales son socios o empleados de esta empresa.
Pra concluir, auguro tiempos difíciles para aquellos que estén relacionados con el aeropuerto de Tijuana. Guillermo Villalba representa la peor cara del Grupo Aeroportuario del Pacífico, sus estrategias más sucias y golpeadoras. También, alerto sobre los posibles intentos de que Villalba intente negociar una condonación o cancelación del adeudo del impuesto predial, 180 millones de pesos, con el ayuntamiento de Tijuana. Ahí veremos qué tanta firmeza pueden tener el presidente municipal Jorge Ramos y el licenciado Raúl Corona Sesma, director jurídico del ayuntamiento.