Ordenó colgar en la sala de espera de la Comandancia de la Segunda Región Militar, en Mexicali, la siguiente leyenda enmarcada: “Cuida tu vida; tu libertad; tu dinero; tu salud. Cuida el prestigio del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana; cuida lo que la nación te ministra para el servicio. Las metas son: cero casos médico-legales, cero faltistas, cero casos de corrupción, cero accidentes”. Son los postulados que le granjearon prestigio entre la tropa al general de División Sergio Aponte Polito. Y no era palabrería, sino “las reglas básicas de este cuartel”, según dijo al enviado de EL UNIVERSAL cuando despachaba en Mexicali.
Aponte Polito tiene unos ojillos inquietos que analizan en segundos a sus interlocutores. De complexión atlética aunque robusta, su trato parco lo exhibe como uno de esos generales hechos en la faena. En aquel encuentro con el reportero, al hablar de su imagen en los cuarteles explicó que el trabajo de un comandante es velar por la moral de sus subordinados y el mejor desempeño de las encomiendas del alto mando. Es decir, era previsiblemente institucional, cuando menos de palabra.
Nacido en Chilpancingo hace 65 años, se graduó del Colegio Militar en 1963, como subteniente de infantería, y hasta 1970 fue oficial de servicio en el 50 Batallón, con sede en Guerrero. Fueron años complicados, por el auge de movimientos guerrilleros en aquel estado. A finales de los setenta estuvo comisionado en la 35 Zona Militar y casi una década después, en 1987, fue enviado a la Agregaduria Militar de la Embajada de México en Estados Unidos, de donde regresó para comandar el 18 Batallón de Infantería. Dos de los superiores que aprobaron su ascenso al generalato son Ricardo Maldonado Baca, ex comandante militar en Chiapas, en la época posterior al alzamiento zapatista, y Jaime Jiménez Muñoz, ex comandante en Oaxaca, entidades donde Aponte Polito prestó servicios también.
Como general estuvo destacado en Sonora, Chiapas, Quintana Roo y Sinaloa. Siendo comandante de la Novena Zona Militar, con sede en Culiacán, pronunció un discurso de enorme impacto mediático a nivel nacional en diciembre de 2005, donde denunciaba la supuesta corrupción en las policías locales. Lo hizo ante el gobernador priísta Jesús Aguilar Padilla, a quien “reprendió” por haber dicho que los elevados índices delictivos eran “normales”. “Un día normal –reprochó– debe ser aquél en que no se presentaran muertos en hechos violentos. Eso sería lo normal, eso nos llenaría de orgullo y satisfacción. Pero para poder evitar esos males debemos, primero, autoanalizarnos y darnos cuenta si lo que estamos realizando está bien. Que no se tome como normal la comisión de los delitos, sobre todo los violentos: asesinatos, secuestros, robo de vehículos, porque sabemos que las autoridades tienen conocimiento de cuáles son las bandas delictivas”.
No pasó mucho tiempo antes de ser relevado por el entonces secretario de la Defensa Nacional, general Clemente Vega García (durante el sexenio foxista), para enviarlo a Querétaro, a cargo de la Zona Militar, aunque cuando Guillermo Galván asumió la titularidad de la Defensa, el 1 de diciembre de 2006, lo “rehabilitó”, poniéndolo al frente de las “tropas del desierto”, como se denomina en el Ejército a los efectivos de las cinco zonas militares de Sonora y Baja California Norte y Sur, que a su vez conforman la Segunda Región Militar, con sede en Mexicali.
En tal posición, Aponte Polito ordenó implementar la denuncia ciudadana vía telefónica como medio de recopilación de información por cuenta del Ejército. Esto habría permitido a los elementos de inteligencia militar confirmar que los soportes del narcotráfico eran los propios policías municipales. Enseguida, en operativos militares fueron desarmados los miembros de los cuerpos de seguridad locales, para analizar si sus armas habían sido accionadas en actividades criminales.
Sobrevino la reacción de autoridades locales, irritadas por estos operativos y el protagonismo del general, quien aparecía con frecuencia ante los medios informativos para denunciar a los agentes supuestamente coludidos con las bandas de secuestradores, narcotraficantes y asaltantes.
A principios del abril pasado, el procurador de Justicia de Baja California, Rommel Moreno, le exigió pruebas de aquellas denuncias públicas. En respuesta, Aponte Polito emitió la primera carta pública precisando nombres y circunstancias, y formulando diversas interrogantes sobre las acciones de las autoridades contra la delincuencia. La confrontación entre las autoridades civiles y el militar quedó servida.
Meses más tarde, un nuevo incidente puso su nombre en los titulares de diarios y noticieros locales, esta vez a causa de un disparo de arma de fuego en un restaurante de comida argentina en Mexicali, mientras departía con un grupo de allegados, un domingo. El hecho fue atribuido al mayor Justo Buenaventura, el ex director de la Policía Estatal Preventiva, destituido por irregularidades administrativas. Pero se abrió la interrogante sobre si en realidad había sido el divisionario quien disparó, después de que la prensa local difundió declaraciones ministeriales de testigos que aseguraron lo anterior.
El general reaccionó con otra carta pública, fechada el 3 de agosto pasado, donde hacia acusaciones directas contra funcionarios del gobierno estatal que habrían impulsado esa “campaña de desprestigio”. Además, aseguraba que en el caso de cometer un error lo reconocería y, con inusitado desparpajo tratándose de un miembro de la plana mayor del Ejército, que solicitó al secretario de la Defensa Nacional que le permitiera permanecer un año y tres meses más en activo, como lo exigía el reglamento para tener derecho a la medalla de perseverancia “por la Patria”, destinada a aquellos con 50 años de servicios ininterrumpidos.
Aponte Polito fue relevado a los pocos días y designado presidente del Supremo Tribunal Militar, donde en noviembre pasado le llegó la edad reglamentaria de retiro, al cumplir 65 años. Ayer recibió la condecoración por méritos en la campaña contra el narco de manos del general Armando Meza Castro.
