LLAMA PDH A POTENCIALIZAR LOS DERECHOS Y LIBERTADES

* Evitar simulaciones y uso discrecional de las leyes
* Es hora de un balance de las políticas en materia de seguridad

Tijuana, Baja California.- Un llamado a evitar simulaciones y el uso de medidas discrecionales a las facultades y a los principios de legalidad que fomenten una reducción a las garantías de los ciudadanos, realizó este día el Procurador de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana, Francisco Javier Sánchez Corona.
Fue durante la presentación de la ponencia, “Derechos Humanos y Fuerzas Armadas”, expuesto en el Foro: “Constitución y Seguridad Pública”, organizado por la Universidad Autónoma de Baja California.
Se contó con la participación como ponentes del Procurador de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana, Francisco Javier Sánchez Corona; Miguel Garate, coordinador del área de maestrías de la Facultad de Derecho y Mario Herrera Zàrate, Constitucionalista del Estado.
Consideró que el crecimiento de la criminalidad es un grave problema social que debe ser analizado desde la vertiente plural de las causas generadoras, en caso de querer ver resultados eficaces en la prevención, persecución y castigo de los delitos.
El éxito no se conseguirá unilateralmente con reformas legislativas, sino con la asignación de recursos suficientes a la seguridad pública y la profesionalización de los policías preventivos, ministeriales y agentes del ministerio público.
El Ejército es la fuerza encargada por ley de defender la Soberanía Nacional y preservar a la población, aún con el uso de la fuerza, pero su formación profesional no es la indicada para la prevención y el combate de los delitos, puntualizó.
El poder militar debe subordinarse al poder civil, mientras que el poder político corresponde a los gobernantes, no a los jefes del Ejército, así lo establece el Estado de derecho y, a éste, dijo, nos debemos autoridades y gobernados.
El Presidente de México es el jefe nato del Ejército, tiene esas dos personalidades, pero siempre tendrá sus funciones delimitadas por la competencia propia de cada esfera, y en primer término deberá prevalecer el aspecto político, sobre el aspecto militar.
La prevención del delito representa un tema pendiente que demanda un mayor análisis, recursos y compromiso, pues hasta la fecha se improvisa en las políticas públicas que buscan la inmediatez y que han encontrado en la desesperación social, su principal aliada.
Aseguró es de capital importancia realizar un balance de los saldos que dejan, las recurrentes políticas publicas de seguridad que basan sus aparentes éxitos en medidas exclusivamente punitivas y como es evidente onerosas y poco eficientes.
Frente a lo anterior Sánchez Corona formuló las siguientes propuestas:
I.- Resulta urgente potencializar y exaltar, y al menos no disminuir, los derechos y las libertades de la comunidad, que responde al amplio sector de la población mexicana, atacando de manera científica y profesional a los grupos delincuenciales que hasta ahora, representan una mínima expresión de la población.
II.- Acorde a los niveles de cumplimiento de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, el estado mexicano debe estructurar una política de atención a la población víctima, vulnerable y ciudadanos en estado de desprotección, quienes, como resultado del crimen organizado han sido afectados de manera conjunta con sus familias y por ello requieren de una especial atención.
III.- Los índices delincuenciales demandan, una óptica de Estado distinta frente a los cuerpos policíacos, debiendo garantizarse su alto grado de profesionalismo, técnicas, capacitación, solvencia moral, vigilancia, control, supervisión, independencia, imparcialidad, racionalidad, transparencia, rendición de cuentas así como la debida cobertura de medidas laborales y de seguridad en el empleo, rebasando la presente visión parcial de la Seguridad Pública.
IV.- Es claro que la participación ciudadana es de vital importancia y una asignatura básica en cualquier plan moderno de prevención del delito; sin embargo, no es suficiente el esfuerzo comunitario si no se cuenta con una política institucional que atienda causas y efectos de la delincuencia, dicho de otra manera, es básico contar con una ¨ político de estado ¨ en materia de participación ciudadana y cuerpos policíacos.
Afirmó que el ciudadano es un factor fundamental de nuestra sociedad, pero sin instrumentos que solo proporcionan las políticas públicas, puede desarrollar políticas voluntaristas o espontaneístas, que, en el corto plazo provocan desesperanza y apatía ante la carencia de resultados concretos, poniendo en riesgo con ello, la propia existencia del Estado.