lunes, 16 de octubre de 2017

Expediente Político: ¿Quiénes aprobarán las APPs? (Parte II)

Por Alfredo Calva 
Señalamos en la entrega anterior, que la censura y crítica del colectivo se estaba centrando solo en la bancada panista de la XXII Legislatura del Estado, a la que responsabilizan al igual que al gobernador, Francisco Vega de Lamadrid, de querer endeudar seriamente las finanzas del estado con la aprobación del Decreto 95, en el que se establece un paquete de obras a realizar a través de la inversión privada bajo la denominación de APPs, entre ellas, una planta desaladora en Playas de Rosarito.

Olvidando los residentes de la entidad en estas críticas a los diputados de oposición, quienes se han distinguido en este tema por ser parcos o mudos, según sea el diputado a quien se le cuestione al respecto, mostrando y demostrando con su comportamiento que ya comercializaron su voto en favor de la consigna albiazul, con sus extrañas salvedades, haciendo oídos sordos de los reclamos y exigencias ciudadanas que les piden no aprobar el referido Decreto.
A este selecto grupo de meretrices de la política, hay que sumar a las dirigencias de los partidos que representan en el poder legislativo, quienes en el clímax de la hipocresía política que los caracteriza y es lo que les ha ganado el repudio de la ciudadanía, en las tribunas a las que asisten se manifiestan como auténticos acompañantes de las causas populares, pero que en la praxis, solo son discursos demagógicos.
Ya que al igual que sus diputados han hecho mutis al respecto y han optado por mantenerse al margen del conflicto como si esto solo atañera a los ciudadanos inconformes y a los panistas de los poderes legislativo y ejecutivo, ignorando la relevancia del tema y la trascendencia que guarda para la vida pública y política de la entidad.
Especialmente los líderes del PRD, MC, PRI y Morena, cuyos votos de sus diputados están prácticamente  asegurados.
 Francisco Alcibíades García de MC y Abraham Correa del PRD, no han pronunciado frase alguna de rechazo a las obras que intentan construir el oligofrénico gobernador y sus coreutas a través de las APPs, por dos simples razones, la primera, es su singular impudicia por sacar raja de cualquier acción política que les reditúe beneficios y el Decreto 95 es una enorme oportunidad que les dará sustanciales satisfacciones y, porque no pueden patear el pesebre en el que actualmente comen en compañía del PAN, llamado Frente Ciudadano por México.
Con referencia al PRI y a su dirigente estatal, David Rubalcaba, este se encuentra más apurado en tratar de pulverizar el berrinche cetemista que le protagonizaron el líder estatal de lo que queda de esa central obrera, Eligio Valencia Roque y su Junior Eligio Valencia López (tema que será tratado en otra entrega), que en emitir una opinión desfavorable sobre un asunto que tal vez su exigua capacidad política no alcanza a discernir.
Por lo que respecta al líder de Morena en la entidad, Jaime Bonilla Valdez, este personaje cuando esta en público es de abierta beligerancia hacia las administraciones emanadas del PAN o del PRI, pero de manera soterrada hace acuerdos con ellos para beneficio personal y de sus empresas, y en el asunto del agua, y la venta del vital liquido al distrito del agua de Otay en el vecino país, guarda especial interés, es por ello que hasta el momento no ha emitido opinión en contra del Decreto 95 y si lo hace, solo será una impostura.
En cuanto al PES se refiere, Luís Moreno, su dirigente estatal es en este momento quien también lo representa en la legislatura local, y si en efecto, al inicio de año y como consecuencia de la malograda Ley del Agua, fue uno de los que sensores más críticos de Kiko Vega y la bancada panista, sin embargo, con el transcurso de los meses su encono y beligerancia por este tema y sus derivados como el Decreto 95, se han ido disolviendo hasta llegar a enmudecerlo, la razón, no es difícil de imaginar.
Respecto al PEBC, su pastor estatal, Héctor Riveros, se han ocultado para evitar el tema en cuestión, aunque los allegados al ex regidor de Tijuana aseguran que su postura es en contra de la aprobación del multicitado Decreto, en la práctica el mutis del líder pebecista es lo que prevalece.
En su momento sabremos, si el Decreto se llega a subir al pleno para su discusión, análisis y votación y obtienen los 17 sufragios que requieren o más, quienes confirman con ello su domesticación y puesta de hinojos ante quien les ordenó traicionar a los bajacalifornianos.

Y mientras tanto….
Una de las células del cartel inmobiliario del VII Ayuntamiento, la Dirección de Control Urbano, se empieza a desmoronar a causa de la podredumbre y la corrupción que practican con gran entusiasmo y alegría bajo la protección y mirada de Sindicatura y la Secretaría del ramo.

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