viernes, 11 de noviembre de 2016

Carta Abierta al Gobernador Francisco Vega de Lamadrid

Por la libertad de expresión y el derecho a la información


Francisco Vega de Lamadrid
Gobernador de Baja California

Perla Ibarra Leyva             
Procuradora del Estado

Bladimiro Hernández Díaz
Contralor Estatal

25 diputados

Congreso del Estado de Baja California

Carlos Padilla Villavicencio

Auditor Superior en funciones

Órgano de Fiscalización Superior de Baja California

15 diputados federales por Baja California

Congreso de la Unión

A LA OPINIÓN PÚBLICA

En una inserción periodística, el Gobierno del Estado de Baja California se ha deslindado públicamente de los hechos que fueron ventilados en tres medios locales de comunicación, a saber, El Mexicano, Agencia Fronteriza de Noticias (AFN) y El Informador, respecto la intención de atacar la libre expresión en Baja California, a partir del acoso a la moral a dos periodistas.

En dos de esos medios hubo referencias específicas a funcionarios del Gobierno del Estado, entre ellos, el señor Jorge Alberto Cornejo Manzo, adscrito a la Dirección de Imagen y Publicidad.

En la inserción oficial, se indica que el Gobernador Francisco Vega de Lamadrid, “reprueba cualquier acción que atente contra la libertad de expresión y la integridad física o moral de los comunicadores…”, sin embargo, asume una actitud pasiva y complaciente en relación con las publicaciones que han sido replicadas en el ámbito local, nacional e internacional.

El Gobernador no ordena una investigación formal de los actos que se imputan a los funcionarios a su cargo, como sería lógico para deslindar administrativa y legalmente a su gobierno, y en su caso, identificar y sancionar a colaboradores que han pretendido, con recursos públicos, iniciar campañas de desprestigio.

Las conductas de funcionarios del Gobierno del Estado, que han actuado con indicaciones, complacencia o ignorancia del Gobernador del Estado, son inéditas en Baja California, y  al ser contrarias a los principios del humanismo político que postula el Partido Acción Nacional, nunca se indujeron o permitieron, por los cinco mandatarios que previamente gobernaron el Estado desde 1989.

 Por ello, solicitamos al Gobernador Francisco Vega de Lamadrid, ordene una investigación exhaustiva a la Contraloría del Estado, y una auditoría financiera, para observar y analizar el manejo de los recursos públicos asignados a la Dirección de Comunicación, y de manera particular en la Dirección de Imagen y Publicidad.

Las acciones de dicha investigación y auditoria deben ser acompañadas como testigo social por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, para asegurar sus conducción imparcial, la exhaustividad de sus pesquisas y la trasparencia de los resultados.

Solo así será respaldado en los hechos, el compromiso que públicamente ha planteado de forma reciente el Gobernador “a favor de la libertad de expresión”.

En 2015 el Gobierno encabezado por Francisco Vega de Lamadrid utilizó, para referirse a un medio y a una actitud, la siguiente frase: Por este medio, “hacemos Público nuestro rechazo a la política de chantaje ejercido...”.

Esa expresión, describe  el actuar, actitud y comportamiento de uno de sus más cercanos colaboradores, Jorge Alberto Cornejo Manzo, quien ha sido señalado por directivos y periodistas de diversos medios de Baja California, por servirse del manejo discrecional de los recursos públicos y contratos de publicidad, para pretender neutralizar las revelaciones de la  corrupción gubernamental, y pretender manipular la información que recibe la sociedad a través de las empresas de comunicación en el Estado.

Estos hechos, por su reiteración y notoriedad entre la comunidad periodística,  ya son investigados por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

Los actos referidos constituyen un  ultraje a la vida democrática de Baja California, a los derechos fundamentales de libertad, y en consecuencia, atentan  -en palabras del Gobernador- “en contra del derecho de los bajacalifornianos para obtener de sus medios de comunicación información oportuna veraz y objetiva”.

  Solicitamos que el Gobernador Francisco Vega de la Madrid, asuma su obligación de máximo garante de la seguridad y de los derechos humanos en el Estado, exija, vigile y sancione a cada uno de los miembros de su equipo de gobierno que hayan sido instigadores promotores o articuladores de los intentos de violar la libertad de expresión.

Que los funcionarios a su cargo,  sean  congruentes en los hechos, y no solo en el discurso, con el compromiso que el Ejecutivo ha manifestado de ser “…respetuoso de la política editorial basada en ls ética y los principios de la actividad periodística”.

Gobernador, Usted no debe dejar lugar a dudas de la licitud de sus actos, su rectitud moral y su honorabilidad política: Instruya el inicio de las investigaciones respectivas y la realización de auditorías, por los delitos que resulten, abuso de autoridad, violencia y vejación a persona sin causa legitima; aplicación publica distinta a aquella a que estuvieren destinados los caudales de erario; uso de violencia moral y económica para inhibir o intimidar a cualquier persona que denuncie la presunta comisión de una conducta sancionada por las legislaciones

Asimismo pedimos acciones contundentes, ordenando  investigar, y tomar medidas respecto al terrorismo digital presuntamente auspiciado por colaboradores de su gobierno, traducido en espionaje online, ataques de malware, ciberacoso y campañas de difamación online, todas consideradas “amenazas digitales” contra el periodismo por la  Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultual (UNESCO), en el informe presentado en agosto de 2016 por  la división de libertad de Expresión.

Más allá de una inserción, y ante la gravedad de las imputaciones que se hacen a su gobierno, que ya están haciendo eco en organismos nacionales e internacionales, es imperante su actuación: investigar y sancionar.

No hacerlo, implica complicidad política y una responsabilidad legal inexcusable.

* El entrecomillado se replicó intencionalmente del documento titulado  “En Baja California a favor de la libertad de expresión no de  la extorsión” publicado por el gobierno del estado el 13 de marzo del año 2015

FIRMAN

Dora Elena Cortés Juárez
Agencia Fronteriza de Noticias

Adela Navarro Bello
ZETA

César René Blanco Villalón
ZETA

Eligio Valencia Roque
El Mexicano

Mireya Cuéllar
La Jornada

Jaime Bonilla Valdez
PSN

Rosario Mosso Castro
ZETA

Isaí Lara Bermúdez
ZETA

Marco Tulio Castro
Newsweek Baja California

Martín Borchardt
Telemundo

Vicente Calderón
Tijuana Press

Roberto Valero
Monitor Económico

Fernando del Monte
Periodista y Conductor

Jaime Flores
Periodista radiofónico y columnista

Claudia Orozco Vega
Periodista y conductora

Bibiana Gutiérrez Olivar
Periodista y Presidente de la Asociación de Periodistas de Tijuana

Juan Ojeda Reyes
Periodista y Delegado de la Asociación Nacional de Periodistas

Jorge Armando Nieto Sánchez
Imagen TV y Estrella TV

Enrique Méndez Álvarez
Periódico Baja California y Radio Frontera

Ricardo Meza Godoy
Plex

José Enrique García Sánchez
AFN

Jaime Delgado
Periodismo Negro

Antonio Heras
Reportero de Lindero Norte
Mexicali

Jorge Heras
Director de Lindero Norte
Mexicali

Gerardo Fragoso
El Mexicano

Jorge Esparaza Carlo
PSN

Javier Malacara Sánchez
Rosarito Informa

Antonio Azuara Álvarez
Contexto

Alfredo Calva Sánchez
Tribuna Pública

Jaime Miranda y Soto
AFN

Jaime Cháidez
Periodista Cultural

Mariano Gallegos
Radio Enciso

Ana Patricia Valay
Periodista Radiofónica

Enrique Tellaeche Ocaño
Monitor BC

Manuel Ocaño
Periodista Independiente

Pedro Castillo Chavolla
Séptimo Día

Pedro Damián Gómez
Panorama Político

Emilio Domínguez Lome
CincoM

Flor Castillo
Horizonte Informativo

José Ángel Insunza
Libertad

Feliciano Castro
Periodista

Julieta Martínez
La Jornada

Bartolomé Rubio Hernández
BC Reproteros

Fidel Elias
Rosarito en la Noticia

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