martes, 6 de septiembre de 2016

Expediente Político: Lambiscones y oportunistas que rodean a "Kiko"

Por Alfredo Calva

Qué alguien explique
Lo sucedido ayer entre los magistrados en la sesión del Tribunal de Justicia Electoral del estado, durante la sesión en la que sentenciaron sobre la impugnación presentada por el PRI y el PES, para anular la elección de munícipes en Tijuana, debe de tener una explicación que permita a muchos ciudadanos entender lo que ahí se registro.
Dos de los jueces votaron para dar certidumbre a lo dictaminado por el IEE en torno a la citada impugnación, entre ellos el presidente del tribunal, Martín Ortiz, quien además fue el que elaboró y presentó el proyecto de sentencia que fue avalado por la magistrada, Elva Regina Jiménez, y en sentido contrario, Leonardo Loaiza sufrago con fundamentos por la anulación de la elección de munícipe.
Es decir, en términos prácticos el resultado fue dos votos a favor de la validez de la elección,  por uno en contra.
La duda surge por lo expuesto por el magistrado Loaiza durante su exposición, al señalar a sus correligionarios de haber sido omisos e indolentes en la revisión y valorización de pruebas documentales y videograbadas que fueron presentadas por las partes que solicitaron la anulación de la elección, las cuales, dijo, mostraban y demostraban irregularidades graves y sistemáticas que ameritaban, desde su punto de vista, revocar el punto de acuerdo de validez de la elección, para proceder a su anulación.
Y se torna en sospecha, cuando la juez Ella Regina recrimina a Loaiza sobre su postura con base en pruebas que ella desconocía de su existencia y que por obvia razón, no las valoro, por lo que ella se inclinaba por las documentales que conocía al igual que Martín Ríos, y en las que el presidente del tribunal fundamento su dictamen de sentencia de validez.
Como se explica que en el tribunal sus magistrados no cuenten con los mismos documentos probatorios para su revisión, análisis y valoración. Fue el presidente del tribunal quien negó la entrega de pruebas por parte del PES para sustentar su petición de anulación, contradiciendo la versión del presidente de ese partido, Luis Moreno, quien afirmó que fueron entregadas al ente judicial en tiempo y forma.
Lo que finalmente el magistrado Leonardo Loaiza, confirmo con su exposición al hacer mención de las documentales y las videograbaciones que reviso, analizó y valoro, que se entregaron y llegaron a sus manos, y en las que según su criterio sustentan el criterio de anulación.
Que sucedió al interior del tribunal, que los magistrados no tuvieron los mismos documentos para su estudio, que o quien omitió la entrega de ellos a dos de los juzgadores, o si estos llegaron a los tres escritorios, por que Jiménez y Ortiz quisieron ocultarlos.
Alguien del ente jurídico debe de dar una explicación, la percepción que dejaron entre los ciudadanos que fueron testigos de la sesión plenaria del tribunal, perciben un tufo de corrupción de los magistrados que votaron por la ratificación del dictamen de triunfo del candidato del PAN, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, y en especial, del porque no tuvieron los documentales y videos Ríos y Jiménez, con los que Loaiza si contó.

Y mientras tanto………..
Qué alguien del séquito de lambiscones y oportunistas que rodean (aquí no encaja Jorge Cornejo, su finura es más delicada) al gobernador del estado, Francisco Vega de la Madrid, le haga notar que, no es suficiente con aceptar que la inseguridad ya lo rebasó, para que esta desaparezca, que también es indispensable que actúe, que deje de viaticar y cumpla con sus responsabilidades.

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