Al igual que en el filme de Luis Estrada, La Ley de Herodes, en la escena en que al personaje central, Juan Vargas, recibe la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y una pistola, para que con ambos apoyos realizará a su libre albedrio la recolección de dinero para el funcionamiento de su gobierno. La SHCP a través del convenio 8 convertirá en un San Pedro de los Saguaros y al gobernador, en su Juan Vargas.
En el 2008 la SHCP signo con el gobierno del estado, en ese entonces liderado por José Guadalupe Osuna Millán, un convenio de Coordinación Fiscal en el que se facultaba al estado para que interviniera en todo lo relacionado con la importación ilegal de mercancías, el pago de impuestos y demás asuntos de orden fiscal que competen al gobierno de la república.
La actuación del gobernador Osuna Millán y del personal del estado en ese sentido fue muy relajado, se puede decir que no existió, las razones, que el porcentual que la federación estableció en el convenio por cada asunto en. el que interviniera no pasaba el doce por ciento del monto a ejecutar, dinero que resultaba mínimo para el trabajo administrativo y de tramitología que se tiene que realizar.
Es decir, era emplear demasiado tiempo para algo que poco redituaba a las arcas estatales, con el consecuente descuido a los temas fiscales del orden estatal, que si aportaban sustanciales recursos a través de los créditos fiscales fincados al erario del estado.
Ahora, con la firma del nuevo convenio de Coordinación Fiscal, signado entre el entonces titular de la SHCP, Luís Videgaray y el gobernador Francisco Vega, el pasado cinco de agosto, el otrora poderoso Secretario de Estado, le realizo un pequeño pero muy sustancial cambio a uno de sus párrafos, el que establece el porcentual a recibir el estado por su participación y colaboración en las tareas de fiscalización, revisión y auditorías que por falta de personal la SHCP no pude realizar a las personas físicas y morales en esta entidad.
El magnánimo Videgaray otorgó al estado el 100 por ciento del monto de los créditos fiscales que finque, así como de todas las mercancías que sean decomisadas por haber sido internadas ilegalmente al país, en palabras llanas, el gobernador tiene, en cuanto se publique el convenio en el Diario Oficial de la Federación, el incentivo del que adolecía Osuna Millán para entrarle al asunto de jugar al SAT, quedarse con el total de los créditos fiscales fincados y todo lo decomisado, incluye autos de super lujo.
Obviamente este espacio no pretende dar una cátedra de asuntos hacendarios, solo se expuso lo anterior con base en la nota publicada en el gran diario regional el mexicano, en su página 2A del pasado martes, firmada por el periodista Adán Mondragón, información que llamo la atención y género en lo personal dos interrogantes, bajo una óptica política.
¿El gobernador con el pretexto de la motivación económica que le otorgaron en la renovación del convenio de Coordinación Fiscal, lanzará sus huestes a someter a sus enemigos políticos, a través de las revisiones y auditorias?.
Y, ¿El gobernador utilizará esa potestad y poder para ayudar a sus amigos y socios fiscalmente?.
Obviamente el tema es mucho más complejo, es necesario e indispensable acudir a los expertos para que nos orienten y podamos tener una visión completa del tema y de sus posibles repercusiones, y porque no, de sus posibles bondades.
Dos diputados rosaritenses…..
Ya dictaminado por el IEE, en el congreso del estado, al igual que la aun XXI legislatura, Rosarito contará con dos diputados emanados de esa demarcación, Ignacio García Dworack, quien resulto electo por el principio de mayoría, y Salvador Sánchez Varela, quien llega al poder legislativo por la vía de representación proporcional.
Se espera que ambos personajes cumplan a cabalidad con los rosaritenses, y no resulten una decepción como a quienes reemplazaran, Felipe Mayoral y Laura Torres.
Y mientras tanto…..
La diputada local Rosalba López Regalado, sigue estando ciega, sorda y muda, ante su estulticia de no pasar por dictamen de comisión las iniciativas de ley de ingresos de los ejercicios 2015 y 2016, asunto que le puede generar denuncia penal.
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