lunes, 14 de abril de 2014

Traiciona Victoria Bentley a los trabajadores sindicalizados

* La Ley de Servicio Civil la Pactó con el Gobierno del Estado a cambio de favores políticos y de sus propios intereses
* En pie de lucha los trabajadores sindicalizados que no están de acuerdo con que se pisoteen sus derechos

 MEXICALI.- Con serias sospechas  de haberse “amarrado” con el Gobierno del Estado para salvaguardar sus propios intereses, la líder  estatal del Sindicato de Burócratas, Victoria Bentley Duarte, arribará  al  Congreso del Estado este martes  a la mesa  plural y abierta  para discutir la Ley de Servicio Civil, terreno  que quería evitar a toda costa, para no enfrentarse  a los trabajadores que ella misma representa.
Bentley   en menos de dos semanas echó por la borda el   incipiente   capital  político que tenía  tras haberse alzado con  el triunfo que la llevó a tener la dirigencia estatal.
Las negociaciones “En lo oscurito” con el Gobierno del Estado, pactadas con Rubén Armenta, Sub Secretario de Enlace Legislativo  del Gobierno de Francisco Vega de Lamadrid, la pusieron de inmediato en evidencia”.
Intolerante en su interlocución con quienes le cuestionan  que aún no debe dictaminarse la mencionada ley por   el motivo de que la desconocen la inmensa  mayoría de  los trabajadores, responde iracunda  diciendo que  los partidos políticos  han tomado como rehenes  a los trabajadores para ponerlos en su contra.
Cuando la verdad,  el trasfondo es que  esta ley la negoció con el Gobierno de Francisco Vega de Lamadrid,  como pagó a los  150 millones de pesos que se le inyectó a su campaña a cambio de  una ley que no es nada bondadosa con los trabajadores sindicales de base, ella lo sabe perfectamente  y no puede engañar a una base sindical que le podría hacer pagar caro su osadía de  pretender  venderlos ante el Gobierno del Estado.
Los que conocen  a la perfección  el sistema de contratos,  prestaciones  y obligaciones  de los trabajadores sindicales, saben que  la nueva ley que se pretende  aprobar, tiene como principal objetivo  un ahorro de miles de millones de pesos al gobierno estatal y dejar en desventaja  a la clase  trabajadora.
Además  es una  puerta de entrada para reformar la ley de  servicios médicos  del Gobierno del Estado  que será atentatoria para  los trabajadores de base y de confianza, pues  prácticamente  los deja en la indefensión.
Todo indica que Victoria Bentley cobró  miles de pesos por adelantado de ahí su urgencia porque antes de Semana Santa se aprobara esta ley a fin de que no hiciera ruido pues la mayoría de la burocracia se encuentra de vacaciones:

ESTE ES EL PAQUETE QUE NEGOCIO BENTLEY A ESPALDAS DE LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS.
**Se cambia la denominación de la Ley con el fin de excluir a las instituciones descentralizadas, las cuales, a partir de la aprobación de la Ley, se regirán por la Ley Federal del Trabajo.
**La aplicación de la Ley excluye a todos los servidores públicos de las instituciones policiales.

** Se mantiene la clasificación de trabajadores de confianza y de base pero, se “diversifica” las modalidades de acuerdo a: a) La duración de la relación laboral (definitivo, interino profesional, por tiempo determinado, por obra determinada) y por la b) La naturaleza de su función.

** Se crea un Catálogo mínimo de Puestos de trabajadores de confianza y un Tabulador Anual de Remuneraciones. El artículo 6º de la propuesta, equipara los puestos de primer y segundo nivel del Poder Ejecutivo, judicial y de los Ayuntamientos, es decir, Secretarios, Subsecretarios, Directores y Subdirectores de los Poderes del Estado y los municipios, con puestos de jefes de departamentos, coordinadores de área, analistas especializados, cajeros, pagadores, personal técnico de informática, personal de contraloría, así como todo tipo de secretarios de acuerdos, canalizadores, actuarios y notificadores.

** En el caso de los Municipios además de los anteriores se incluye como trabajadores de confianza a secretarias, personal adscrito a los servidores de elección popular y a la sindicatura. Esta clasificación de personal de confianza se base según la iniciativa, en la naturaleza de su función. Poniendo en igualdad de condiciones al Secretario General de Gobierno, al Secretario de salud, de Desarrollo Económico entre otros, con analistas especializados, cajeros y pagadores, cuando de ninguna manera se puede equiparar su puesto, sueldo y responsabilidad, así como tampoco, sus condiciones de trabajo, pues mientras los primeros reciben como prestación un servicio médico gastos mayores de atención de primera en el Hospital al mater, los segundos reciben como prestación, atención en ISSSTECALI. Con ello pretenden tratar de manera igual a los desiguales.

5.- Los Magistrados del Poder Judicial del Estado tiene mejor derecho a la inamovilidad que los trabajadores de base. Se reforma el artículo 8º de la Ley para señalar que los trabajadores de base son aquellos no incluidos en el catálogo de puestos de confianza, los cuales serán “inamovibles” adquiriendo el derecho a la estabilidad laboral “salvo que por disposición legal especial deban sujetarse a un sistema escalafonario diverso.” Entonces la estabilidad laboral estará sujeta al sistema escalafonario que la autoridad determine de manera unilateral y enteramente discrecional. Lo que significa que el derecho a la inamovilidad para los trabajadores de base tiene una condición, mientras que el derecho a la inamovilidad de los Magistrados del Poder Judicial del Estado de Baja California no está sujeto a una condición escalafonaria sino de eficiencia en sus funciones.

6.- Se crea un capítulo de supresión de empleos públicos. Con fundamento en la facultad constitucional del Poder Legislativo de supresión de empleos públicos, establecida en el artículo 27, fracción V, se pretende establecer “supresión de empleos de base, según lo exijan las necesidades de la Administración y teniendo en cuenta las condiciones de La Hacienda Pública”. La referida facultad, fue creada con la finalidad de suprimir empleos públicos de alto rango, es decir de servidores públicos de primer nivel y de ninguna manera para eliminar plazas de trabajadores de base, como hoy pretenden utilizarla. La iniciativa establece incluso que el pago por supresión de empleos públicos consistirá en el pago de tres meses de salario más veinte días de salario por cada año de servicios prestados a proporción. Mientras que los trabajadores de confianza no tendrán derecho a indemnización alguna.

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