jueves, 17 de abril de 2014

Indemnizarán a joven que cayó de patrulla

* Ayuntamiento de Rosarito dará una suma mayor al millón de pesos, informó Arnulfo de León
Por Hilda Pérez (El Sol de Tijuana)
PLAYAS DE ROSARITO.- El Ayuntamiento de Playas de Rosarito deberá pagar poco más de un millón de pesos de indemnización a Mario Alberto Rodríguez Arenas, el joven que en pasados meses quedó prácticamente inmóvil tras caer de la parte trasera de una de las unidades tipo pick up de la Policía Municipal.


"En días próximos se le enviará un escrito (al presidente municipal, Silvano Abarca Macklis) para que ponga más o menos fecha para el primer pago, depende cómo se vaya a hacer", dio a conocer Arnulfo de León Lavenant, Procurador de los Derechos Humanos en Baja California.

Indicó que con el dinero que reciba el joven, quien ya no podrá caminar luego del accidente, podrá emprender su propio negocio o sostenerse económicamente por un buen tiempo.

Al caer de la caja desprotegida de la patrulla de la policía local, Rodríguez Arenas sufrió graves lesiones que le impedirán caminar, por lo que en pasados días Carlos Torres Torres, director del Seguro Popular en Baja California, apoyó en la afiliación del joven para que le sea implantada una escuadra que le permita sentarse y poder desplazarse en silla de ruedas.

Por otro lado, en el caso de Tijuana, los casos de traslados de detenidos en las partes traseras de los pick ups sin ninguna protección, han disminuido de un 15 a un 25 por ciento, refirió el titular de la PDH en la entidad.

"Estaban haciendo unas tretas de llevar a unos detenidos en las cajas. ¡Eso no se vale, ¿no?! Yo creo que debemos hablar seriamente", sentenció.

Refirió que Alejandro Lares Valladares, secretario de Seguridad Pública Municipal en Tijuana, ya confirmó que no trasladarán a los detenidos en cajas abiertas. De no cumplir, advirtió, el tema será tratado con el presidente municipal, Jorge Astiazarán Orcí.

Para evitar que se siga incurriendo en estas faltas, De León Lavenant exhortó a la población a tomar fotos que sirvan como evidencia para que la Procuraduría de los Derechos Humanos en la entidad pueda llevarlas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

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