martes, 9 de octubre de 2012

Municipales de Tijuana: De fiesta en casa de narcotraficante

TIJUANA (SEMANARIO ZETA EDICION 2010).- Una serie de sucesos irregulares al interior de las corporaciones policíacas de Baja California, da muestra de la podredumbre, ausencia de compromiso y colusión de policías con el crimen organizado. Federales que extorsionan desde 2006; municipales que sirven a intereses ajenos y abusan de los recursos; estatales preventivos que benefician a cárteles y hostigamiento contra elementos para no investigar o para castigarlos por pifias.
“Las policías en Tijuana regresaron al ambiente que tenían cuando la guerra de cárteles”, dijo un informante sobre la deshonestidad institucionalizada en el estado.

Investigaciones ZETA
Para celebrar su nombramiento como jefe policíaco de la delegación San Antonio de los Buenos, Everardo Morales Cruz organizó una fiesta.
No hubiese habido mayor problema de no ser por el horario, los invitados y el lugar.
Patrullas con policías uniformados cargaron alcoholes y cerveza en turno laboral hasta una vivienda del fraccionamiento San Antonio del Mar que había sido cateada hace tiempo por militares, bajo sospechas de narcotráfico.
Apenas el 17 de septiembre, el secretario de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, Alberto Capella, anunció el “cese” del jefe de la delegación San Antonio de los Buenos (SAB), José Alberto Hernández Matías, y tres subjefes; para el lunes 1 de octubre -día de la fiesta de los municipales-, aseguró a miembros del Consejo Estatal de Seguridad que destituiría del cargo a Morales, quien había sido por dos semanas jefe en SAB.
Alrededor del mediodía del primer día de octubre, los residentes de las inmediaciones de Calle Bahía y Calle Estero, por la entrada sur del fraccionamiento San Antonio del Mar, se preocuparon cuando vieron llegar a varios uniformados a bordo de patrullas. Una, dos, tres, y la suma siguió.
La sensación alcanzó nivel de miedo cuando residentes vieron que los policías llegaban cargando, además de sus armas, paquetes con seis y doce cervezas, y se reunían en una residencia que había sido cateada, “parece que es la casa de un malandro”, refirieron. Los municipales fueron reportados.
La Policía Estatal Preventiva (PEP) arribó con el helicóptero. Verificaron la presencia masiva de oficiales y preguntaron a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal si existía un motivo en especial. La respuesta: no había vigilancia ni actividad oficial autorizada en la zona.
Para cuando la PEP llegó por tierra, los envases de alcoholes habían desaparecido, pero todavía estaban siete patrullas municipales con sus respectivas parejas: la 0018, 0036,0058, 0059, 0061, 0063 y 0065.
Destacaba el anfitrión, el hasta ese momento jefe policiaco de SAB, Everardo Morales Cruz. También llegaron los militares que habían sido alertados por vecinos.
Capella aseguró que removería a los policías por andar enfiestados cuando deberían estar cuidando las calles de Tijuana. No era para menos, cuando en San Antonio hay once patrullas por turno y siete estaban en la pachanga.
El titular de Seguridad Pública Municipal se comunicó con el subdirector operativo municipal, Alberto Miranda, para que estuviera presente mientras estatales y militares levantaban el parte e iniciara el procedimiento interno a Morales, pero éste reclamó a Miranda: “Pues de qué se trata, si ustedes sabían, me dieron permiso…”. Mencionó a diversos jefes, al momento que argumentaba: “Aquí estuvieron todos”.
Capella Ibarra informó a ZETA que removió a Everardo Morales Cruz porque, si bien argumentó estaba de descanso, no había alcohol  y la casa no era de un narco, sino de un hombre que se las prestó como agradecimiento porque meses antes detuvieron a unos rateros que lo robaron. “Le dije que era una sandez y un abuso, usara la gasolina y  el tiempo pagado por los ciudadanos para trasladar agentes y patrullas a una fiesta en horas de trabajo, y una persona sin criterio para darse cuenta de esto, no podía seguir siendo jefe”, declaró el funcionario.
Como jefe en San Antonio de los Buenos, nombraron a Omar Hernández Gálvez, ex jefe en Centenario, hermano de uno de los 35 policías retirados de la corporación en 2008, exonerados y reintegrados al servicio por recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. “Es un buen elemento que nos ha dado resultados”.
Esta semana, personal de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) denunció a elementos de la Policía Municipal de Tijuana por “amenazas, abuso de autoridad, detención arbitraria, uso de fuerza inapropiada, más lo que resulte”, ante la Procuraduría General de Justicia Estatal y Sindicatura Municipal.
Los señalados fueron los agentes “Meraz” y “Verdugo”, de la patrulla 4668. Con videos y declaraciones, los de la PDH demostraron que pasadas las 11:00 horas del sábado 29 de septiembre, en la Plaza Constitución,  fue detenido su representante, Jorge Alberto Luna Pérez, por grabar cómo eran removidas arbitrariamente personas de grupos religiosos que predicaban y alimentaban a indigentes y migrantes, también aprehendidos sin razón aparente. Acusaron a varios agentes que portaban armas largas, a los que no pueden identificar por amedrentar a los abogados de la PDH, Rogelio Aros Guzmán y Carlos Villavelásquez Gastélum.
Abogados de la Dirección de Responsabilidades de Sindicatura Municipal externaron a ZETA que personal de la Procuraduría de los Derechos Humanos ya radicaron y ratificaron la denuncia interpuesta contra los municipales, a la espera de que la dependencia lleve el video que registró los supuestos hechos arbitrarios.
Personal de Responsabilidades mencionó que los policías están plenamente identificados, por lo que ya se trabaja en la denuncia y, de igual manera, aguardan a que el Juez Municipal José Alberto Garibaldi Hardy, aclare en qué condiciones se detuvo a Jorge Alberto Luna Pérez.
De última hora, la PDH informó que citará al juez Garibaldi Hardy para que informe de viva voz cuáles fueron los motivos de la detención de Luna Pérez.
En repetidas ocasiones durante septiembre de 2012, el secretario de Seguridad Pública Municipal de Tijuana informó que en lo que va del año, 65 oficiales de su corporación han sido cesados por deslealtad y 25 permanecían bajo investigación, reubicados en puntos donde no podían servir a criminales sin afectar a la ciudadanía.
También reconoció públicamente a más de 90 agentes por no aceptar sobornos y remitir a quienes se los ofrecían, y se informó de por lo menos tres reconocimientos recibidos por  la corporación en búsqueda de una mejor imagen.
Sin embargo, al interior del Consejo Estatal, las autoridades militares y estatales reiteran sus desconfianzas en torno a los jefes policiacos, particularmente los de la Zona Este de la ciudad.
La realidad, parece ser otra.


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