sábado, 28 de abril de 2012

Capturan a defraudador prófugo desde el 2007; contaba con 4 órdenes de aprehensión

* Se desempeñaba como gerente de la empresa Barrera y Asociados de la cual huyó con el pago de los trabajadores
MEXICALI.- Tras varios años de evadir a la justicia finalmente fue capturado por elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP), un sujeto que contaba con cuatro órdenes de aprehensión activas por el delito de fraude, cometido en el año 2007 cuando se desempeñaba como gerente de la empresa Barrera y Asociados.
El operativo para capturar al individuo identificado como Jesús Corrales Razo, de 33 años, se realizó la tarde de ayer, cuando los elementos de la PEP desplegaron un dispositivo de seguridad para capturarlo en la colonia Industrial. Los estatales preventivos lograron ubicar el lugar exacto en donde se refugiaba Corrales Razo, y se implementó un cerco policial para evitar las posibles vías de escape en caso de que tratara de evadir a la justicia. Los efectivos de la PEP después de realizar diversos recorridos de vigilancia y tener plenamente identificado al presunto delincuente lo abordaron y cuestionaron sobre las acciones ilícitas por las que era buscado, dicho sujeto negó los cargos en su contra y se identificó con un alias, pero tras varios interrogatorios confesó su verdadera identidad. El historial delictivo de Jesús Corrales Razo indica que en el año 2007 cuando se desempeñaba como gerente de la empresa Barrera y Asociados, una de sus funciones erar contratar personal de nacionalidad mexicana como mano de obra en corporativos de Estados Unidos. Una vez que las personas eran contratadas y trasladadas a realizar sus funciones, al terminar la jornada laboral Corrales Razo debía hacerles entrega de cheques los cuales serían cobrados en la empresa, sin embargo nunca lo realizó y huyó. Por tal motivo fue denunciado por las personas afectadas y se le giraron dos órdenes de aprehensión en 2007 y otras dos en el año 2008. Una vez asegurado, los agentes estatales lo pusieron a disposición de la Procuraduría General de Justicia del Estado, para determinar la situación legal del detenido.

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