sábado, 4 de diciembre de 2010

En Hidalgo, violenta represión de la libertad política

Por Aquiles Córdova Morán
Dirigente Nacional del Movimiento Antorchista
Según la teoría clásica, un Estado democrático debe caracterizarse por tres cosas: su profunda moral pública; su riguroso respeto y acatamiento a las leyes; y sus amplias y efectivas libertades políticas, que norman y protegen el derecho del ciudadano común para intervenir en los asuntos colectivos y en la marcha general de la nación.
Montesquieu, por ejemplo, dice a su manera que el Estado democrático debe estar absolutamente limpio de corrupción, de peculado y de abuso del poder (moral pública); que debe contar con mecanismos seguros que vigilen al gobierno en el cumplimiento de la ley (respeto irrestricto al marco jurídico); y que debe reconocer y tratar al pueblo como la única fuente legítima de soberanía y del poder que el gobernante detenta, mismo que delega temporalmente en sus servidores o mandatarios. Un Estado, dice Montesquieu, que no cumple con estos requisitos (que él resume en la palabra “Virtud”), o no es democrático o es una democracia en decadencia que tiene los días contados. Para desgracia nuestra, todos sabemos que México no reúne ninguno de tales requisitos: la prevaricación, la venalidad y el enriquecimiento ilícito a costa del erario nacional nos ahogan; la ley y el derecho se aplican sólo a quienes no pueden pagarlos; y nuestras libertades políticas son tan escasas y se entienden y respetan tan mal, que nuestros gobernantes consideran una grave ofensa a su “majestad” y al “principio de autoridad” que ellos encarnan, el que alguien, individuo u organización, se las recuerde, se las exija, o pretenda ejercerlas sin su permiso.

Hace meses que los antorchistas de Oaxaca se encuentran acantonados en el centro de la capital del Estado, en demanda de que se cumplan acuerdos públicamente rubricados por el gobierno del licenciado Ulises Ruíz, acuerdos que son, apenas, un modestísimo alivio a las terribles condiciones de pobreza y marginación en que vegetan, desde hace siglos, las colectividades indígenas del Estado, algunas de las cuales se han agrupado en Antorcha Campesina en busca de una pequeña luz de esperanza. A esto se ha sumado, en los últimos meses, la urgencia de una cabal solución al conflicto agrario entre San Juan Mixtepec y Santo Domingo Yosoñama, así como el castigo a la mafia que, amparada en la mencionada disputa agraria y en la indefensión de los indígenas de Mixtepec, ha cometido secuestros y asesinatos que son del dominio público, en contra de los pacíficos labriegos de Yosoñama. Nadie, hasta el día de hoy, se ha dignado tomar en serio la justa protesta antorchista; simplemente han optado por ignorarla y burlarse en privado de los inconformes y sus líderes, acusando públicamente a éstos últimos, sin prueba alguna, de haber recibido 60 millones en numerario, dinero con el cual, dicen, “atacan” ahora al “señor gobernador” (¡¡¿¿).
Pero el día 26 de noviembre, el ingeniero Gabriel Hernández, dirigente del antorchismo oaxaqueño, recibió “un atento telefonazo” de un “señor subsecretario” quien, sin ningún cumplido, le soltó a bocajarro: el señor gobernador necesita el zócalo limpio y despejado para el día 1 de diciembre, pues tiene planeado efectuar allí el cambio de poderes del Estado. Así que quedas avisado para que tomes las medidas pertinentes; de lo contrario, tendrás que atenerte a las consecuencias.


Los indígenas oaxaqueños y su líder, sabedores de cómo se las gasta en estas cosas “el señor gobernador”, optó por llevar su protesta a otro lugar, donde se encuentran hasta la fecha.

Exactamente lo mismo acaba de ocurrir en Hidalgo. También allí, los antorchistas llevan años solicitando se cumpla una minuta de acuerdos firmada por el gobierno de Miguel Ángel Osorio Chong, con modestos y escasos beneficios para colonias y pueblos pobres del Estado, así como justicia para los pobladores de Temango y Pueblo Hidalgo, en la huasteca hidalguense, que han sido víctimas de secuestros, golpizas y hasta un asesinato, por grupitos armados, azuzados y protegidos por el alcalde de Tlanchinol y por el propio gobierno del Estado.

47 días llevan los inconformes plantados frente a palacio de gobierno, en Pachuca, y, también aquí, sólo han recibido promesas vanas y ataques de todo tipo, por conducto de medios y periodistas al servicio de Osorio Chong. Pero el día 27 de noviembre, la líder antorchista, Guadalupe Orona Urías, recibió la “amable invitación” del Secretario General de Gobierno, Gerardo González Espínola, “para dialogar y buscar soluciones”; sin embargo, cuando la tuvo enfrente, sin ningún rubor le espetó: “el señor gobernador necesita la explanada despejada para el día 3 de diciembre, pues va a encender ese día el árbol de navidad”.

Guadalupe Orona recordó al funcionario las causas del plantón, pero éste le contestó con la prepotencia acostumbrada: “si no desalojas, tendremos que hacerlo nosotros”. Y así fue, el lunes 29 de los corrientes, a eso de las 2 de la madrugada, los colonos y campesinos pobres en protesta fueron desalojados por las armas, sin ningún tipo de miramientos”.

Así, pues, nuestras libertades políticas no solamente son escasas y se reducen al derecho de elegir gobernantes mediante el voto popular (con todo lo que tiene de acotado, manipulado y prostituido con regalos y dinero en efectivo), y a “derechos” inexistentes en la práctica, como el de libre opinión, el de petición y el de organización; sino que algunos de ellos, como el de manifestación pública que es del que más echa mano el pueblo pobre, están sometidos al capricho autoritario y a las necesidades de publicidad e “imagen” del “señor” gobernante en turno. Esa es y así funciona nuestra tan cacareada democracia; y los tiranuelos de Oaxaca e Hidalgo nos lo acaban de recordar, para que nadie olvide quién manda y quién obedece en este país. ¿Somos, pues, una dictadura, o una democracia en decadencia? Y de ser esto último, ¿cuánto tiempo de vida nos queda, según la sentencia Montesquieu? El tiempo lo dirá.